La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata resolvió hacer lugar (parcialmente) al recurso de apelación planteado por los abogados defensores de los policías investigados por el manejo de las horas Polad (tareas extras) en la Comisaría 1era de La Plata y conceder la eximición de prisión para los imputados.

Se trata de los policías María Verónica Conte, Cristian Alejandro Maciel, Diego Ismael Martínez, Sebastián Correa, Hugo Javier Díaz y Pablo Fernando Orgoñez, que no serán detenidos mientras dure la investigación o hasta tanto se modifique la imputación específica para cada uno.

El planteo ante instancia superior que efectuaron los abogados defensores Marcelo Peña, César Albarracín, Jorge Fernández, Raúl Mansilla, Germán Oviedo y Ariel Door tiene relación con la negativa de eximición de prisión resuelta el 5 de marzo de este año por el juez de garantías Guillermo Atencio, a solicitud del fiscal Marcelo Martini, quien lleva a delante la investigación. Los delitos por los que están siendo procesados los policías son malversación de caudales públicos, peculado, administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública y falsificación de documento público.

En el fallo los jueces Alejandro Villordo, Laura Lasaga y Sergio Almeida entendieron que para la acusación se utilizó una calificación genérica para todos los imputados sin especificar cada situación en particular, atribuyéndoles hechos inespecíficos de acuerdo a figuras penales que se excluyen entre si o que resulta arbitrario sostener si se puede establecer que exista un concurso delictual.

“El delito de malversación de caudales públicos en principio no puede concursar con el de peculado. O se desviaron fondos para otros fines dentro de la administración pública o se sustrajeron”, sostiene el juez Villordo en el escrito, en una dura crítica técnica hacia la instrucción de la causa.

Y continúa señalando que “la ausencia de motivación y fundamentación en relación a la calificación legal adoptada, sumado a las contradicciones que se verifican al escoger las figuras penales que califican los hechos investigados, me llevan a la conclusión de que debe declararse la nulidad del fallo en análisis”, expresó el juez.

Es por ello que el expediente se remite nuevamente al juzgado de Garantías para que luego el fiscal Martini decida si toma nuevas medidas de prueba y especifica la acusación.

La causa se inició el pasado 1 de septiembre de 2017 tras un sumario iniciado por Asuntos Internos de la Policía que derivó en la denuncia penal sobre el hallazgo de unos 800 mil pesos en la caja fuerte de la dependencia, que debía ser destinado al pago de horas adicionales efectuadas en la custodia de distintas oficinas públicas o empresas privadas de la jurisdicción centro. Por las presuntas irregularidades en el manejo de esos fondos el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dispuso intervenir la Comisaría y pasar a disponibilidad a los siete involucrados. [El Teclado]