Las amenazas de bomba en los establecimientos educativos de la región no cesan y siguen causando dolores de cabeza tanto a la comunidad educativa, como a los padres de los estudiantes, la policía y la justicia. Durante la semana del 25 al 29 de junio, mientras estuvo en turno la fiscalía n° 15 a cargo de Cecilia Corfield, se produjeron 56 amenazas de bomba en tres días (19 en una sola jornada), ya que el lunes y martes no hubo actividad escolar, solo en La Plata y Berisso. Esta situación se repite en todas las fiscalías en turno.

Lo que a priori puede parecer una travesura adolescente supone un importante despliegue de la policía y de la justicia que deben destinar tiempo y recursos para garantizar la seguridad de la comunidad. Sólo en el día de hoy hubo 7 llamados.

El protocolo exige que ante una amenaza se debe evacuar el edificio para que la unidad de explosivos revise las instalaciones y determinar la presencia o no de algún elemento que pueda poner en riesgo a los asistentes. Esto deriva en la pérdida de días de clases, el peligro de sacar a los niñes a la vía pública y el frío al que quedan expuestos, el aviso a los padres que deben suspender sus obligaciones, y la puesta en marcha del engranaje judicial.

A las fiscalías en turno llega una Carta de Denuncia desde la central del sistema 911 por donde ingresan las amenazas. Allí están consignado el número telefónico desde donde provino la llamada y la grabación. En todos los casos, tanto sean líneas fijas como de celulares, se puede determinar a quien pertenece. Se estableció un acuerdo con las empresas de telefonía celular para que en pocas horas aporten el dato a la justicia. Con aquellos números que no son de abonados, sino de chips comprados otros comercios, la identificación demora un poco más pero igualmente es detectable. Es decir, más tarde o más temprano la justicia sabrá quien efectuó la amenaza.

Pero esta “travesura” que llevan adelante les estudiantes, muchas veces para evadir exámenes o simplemente para hacer una broma, es un delito que esta tipificado en el código penal. Se trata de Intimidación pública (art. 211 CP) y tiene una pena en expectativa de entre 2 y 6 años de prisión. Si los autores tienen entre 16 y 17 años, la causa pasa al fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En caso de mayores de 18 continuará su trámite en la justicia ordinaria.

[En la imagen: Escuela Media Técnica N° 8, de 7 y 526 de La Plata - Foto: Rocío López]

En la presentación del Informe anual de estadísticas de delitos confeccionado por la Procuración General de la provincia, el procurador Julio Conte Grand mencionó el importante aumento de investigaciones penales por el delito de intimidación pública e intimidación pública agravada durante 2017. El incremento se dio fundamentalmente por situaciones dadas en el transcurso de los procesos electorales del año pasado y por las amenazas de bomba realizadas por alumnos de establecimientos educativos. Es de suponer que para el año próximo se evidencie una cifra similar en relación a este delito.

En la tarde de ayer se realizó una reunión en el Club Almafuerte de Berisso con padres y madres de alumnes de distintas escuelas que se han visto afectadas en los últimos tiempos y los directivos de las mismas. Al encuentro concurrió personal de la División de Explosivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires para explicar a los adultos cómo es el protocolo de actuación en estos casos. También estuvieron presentes el juez de garantías Juan Pablo Massi y la fiscal Corfield.

Allí los adultos responsables exigieron respuestas y soluciones de parte del Estado para frenar esta situación que desorganiza a las familias, genera miedo en los niños y los expone al peligro de esperar el procedimiento en la vía pública. No quedaron conformes ya que si bien decepcionaron todos sus reclamos lo que les pudieron aportar es cómo se actúa una vez producido el hecho.

El desafío es prevenir o evitar que las amenazas se produzcan, y en este aspecto se evidenció falta de autocrítica de parte de los padres en cuanto a mantener diálogo con los adolescentes dentro del seno familiar sobre la gravedad de realizar acciones de esta naturaleza y las consecuencias que acarrea en perjuicio de toda la sociedad.

Según trascendió, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia se estarían pensando algunas sanciones escolares para quienes cometan las amenazas, tales como la suspensión, con obligatoriedad de concurrir a clases y rendir todas las materias a fin de año, o directamente la expulsión de la escuela y su reubicación en otra institución, a modo de aleccionamiento ante la falta de sanción penal, y así desalentar las amenazas. [El Teclado]