El juez Juan Carlos Bruni, integrante del Tribunal en lo Criminal No 4 de La Plata, tras realizar visitas a la Unidad No 35 de Magdalena (ubicada en Ruta 11 Km. 111), solicitar pericias y constatar que no está en funcionamiento desde 2015 el Sistema contra Incendios, resolvió clausurar de manera preventiva el penal, estableciendo un plazo de 72 hs para el desalojo de la población y hasta tanto se ponga en funcionamiento la medida de seguridad por posibles focos igneos.

No obstante, fuentes del Servicio Penitenciario bonaerense confirmaron que la resolución fue apelada y que se encuentran en funcionamiento todos los matafuegos ante cualquier eventualidad, por lo cual el penal sigue en funcionamiento.

Como sucede con la orden de la jueza María Ventura Martínez, del juzgado contencioso administrativo n° 2 de La Plata, quien ordenó desalojar a los presos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, el argumento desde el Servicio penitenciario es que es “facticamente imposible” debido a que hay un 40% más de detenidos en relación a las plazas existentes, es decir casi 12 mil presos más.

Según la Acordada No 3415 de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, se establece la visita mensual de magistrados, fiscales y defensores a las unidades penitenciarias a fin de atender consultas de los detenidos y tomar conocimiento directo de la situación en los establecimientos. Entre otras cosas se debe verificar el estado edilicio, la higiene, el servicio de salud y alimentación y eventualmente denunciar y requerir el cese inmediato de toda circunstancia que implique una desnaturalización o violación de las garantías constitucionales de les detenides.

En función de esa manda, el pasado 5 de junio se hizo presente el Juez Bruni y funcionarios de su juzgado en la Unidad No 35 de Magdalena. De la visita además participaron el Subdirector del Área de Asistencia y Tratamiento de la Unidad, Julio Cáceres, y el Director de la Unidad Penitenciaria, Damián Barragán.

El primer dato significativo que advirtieron es la situación de sobrepoblación. La capacidad de alojamiento de la Unidad es de 824 internos y al momento de la visita estaban alojados allí 1.294 personas privadas de libertad, de los cuales solo 574 están en calidad de penados.

La limpieza de la unidad la realizan los internos de cada pabellón. En relación a este punto el Jefe del Penal expresó que escasean los elementos y productos limpieza y refiere que desde octubre de 2017 no reciben caja chica, por que muchas veces la compra la efectúa el personal del SPB. En relación a los medicamentos, insumos e instrumentos necesarios los médicos y enfermeros e la Unidad manifiestan faltantes de todo tipo, como oxigeno -hace aproximadamente diez meses que no reciben-, alcohol, gasas, guantes, jeringas y que ante cualquier situación de urgencia la única solución que tienen es trasladar a los internos al Hospital de Magdalena.

Las ventanas de las celdas no tienen vidrios. [Foto: CPM]

En la recorrida por los pabellones el Juez constató que se encuentran con humedad y agua en los pasillos. No hay calefacción, solo algunos internos tienen caloventores (proveídos por sus familias) o utilizan las hornallas del horno para templar el lugar y la mayoría de los vidrios de las ventanas que dan a los patios están rotos.

En cuanto al Sistema de Incendio, el Jefe del penal manifiestó que se encuentra fuera de fuera de servicio, por lo cual inició el reclamo administrativo correspondiente ante Jefatura en el año 2015. Ante la falta de esta medida de seguridad, se reforzó al doble la cantidad de matafuegos aptos para ser utilizados.

Ante el inminente peligro que implica la ausencia de un sistema de incendios (y con el antecedente de lo ocurrido en la unidad n° 28 del complejo de Magdalena, el 15 de octubre de 2005, ocasión en la que murieron 33 internos al quedar encerrados en el pabellón 16 mientras se desató un incendio), se solicitó una pericia específica sobre este punto.

El Perito Oficial de la Asesoría Pericial La Plata, arquitecto Felipe Rumbo, se hizo presente en la Unidad el día 02 de julio con el fin de establecer si con los equipos de matafuegos existentes se encontrarían cubiertos de eventuales peligros de incendio. Fruto de la constatación informó que si bien en la unidad 35 cuenta con una red hidrante con una estación al ingreso de cada pabellón, la misma no cuenta con la fuente de suministro de agua a presión necesaria para su correcto funcionamiento por cuestiones de falta de reparación y/o mantenimiento. Y además indicó que los matafuegos no constituyen un dispositivo de combate que pueda reemplazar a la misma. Por lo tanto, la unidad no se encuentra suficientemente protegida ante la eventualidad de un siniestro de incendio.

El 06 de julio, el juez Bruni  recorrió nuevamente el penal para verificar lo informado por el Arquitecto Rumbo. Constató que de las bocas de incendio ubicadas en los sectores de Sanidad, Control del área de Mediana Seguridad y en el sector cuerpo A, una vez accionadas la llaves de paso efectivamente no sale agua. Además un Alcaide presente en la recorrida dió cuenta que en agosto del año 2016, por orden del Jefe del Dto de Lucha contra incendios, Prefecto Raúl Rojas, fue dado de baja al sistema.

En función de todo esto el Juez Bruni ordenó la clausura preventiva de la unidad 35, estableciendo un plazo de 72 hs para el desalojo de la población de la Unidad hasta tanto se recomponga el sistema de incendio aludido. [El Teclado]

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