La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata hizo lugar – por mayoría- a los recursos de apelación presentados por los abogados defensores de Daniel Scioli, Alejandro Collia y Ricardo Miller para revocar el embargo que dictó el 23 de mayo la jueza de garantías Marcela Garmendia por un monto millonario, en la causa en la que se investiga la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión del ex gobernador.

Los jueces Fernando Mateos y Raúl Dalto, con la disidencia de Silvia Oyhamburu, revocaron la inhibición general de bienes por $189.200.000 que debían asumir solidariamente los imputados. Tuvieron en cuenta especialmente las manifestaciones del fiscal de Estado, Hernán Gómez, que manifestó que desde ese organismo “no se ha planteado que con la contratación de las obras que el agente fiscal entiende irregularmente adjudicadas, se hubiera causado un perjuicio patrimonial al fisco provincial”. Desde la Fiscalía de Estado, como particular damnificado, no se pidió ninguna medida de coerción ni acompañó el pedido del titular de la UFI 11, Álvaro Garganta.

En su voto el juez Mateos expresó que “la ausencia manifiesta de argumentaciones y explicitaciones mínimamente plausibles tanto sobre el eventual menoscabo patrimonial al erario público (si es que existiera) como sobre su aproximación cuantitativa hace que el pronunciamiento recurrido deba ser descalificado por arbitrario, pues los argumentos empleados sólo satisfacen de manera aparente la exigencia constitucional de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa.”.

En el mismo sentido se expresó Dalto al entender que “no se puede soslayar que el auto puesto en crisis omite fundar para el resto de los presupuestos que deben sopesar en la procedencia de la medida cautelar impuesta, las razones concretas que llevan a que la titular de la función jurisdiccional haya adoptado la decisión que expone en la parte dispositiva de la misma. Mucho menos se encuentra debidamente explicado el monto opuesto, consistente hasta cubrir la suma de 189.200.000 pesos de la medida cautelar a imponer”.

En tanto respecto a la solicitud de Garganta sobre la obligación de dar aviso previo al Ministerio Público al momento de realizar algún viaje al exterior, el tribunal hizo lugar a su recurso de apelación y reenvió las actuaciones para que la jueza se expida.

El juez Mateos entendió que la pretención del fiscal “aparece como un mecanismo razonable de conocimiento previo en pos de la eficacia de la pesquisa especialmente teniendo en vista eventuales diligencias en las cuales resultare necesario contar con la presencia de los imputados o, cuanto menos, su notificación personal”.

[LA CAUSA]

Según la acusación fiscal, existen "indicios vehementes" de que entre los años 2011 y 2015, el ex Ministro de Salud, Alejandro Collia -a instancias del ex mandatario bonaerense- adjudicó de manera irregular la realización de ocho UPA y la ampliación de otra, todas en favor de la empresa Miller Building International SA.

La investigación comenzó luego de una mega denuncia efectuada por María Elisa Carrió contra el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, por los supuestos delitos de lavado de dinero y defraudación en la administración pública, a partir de presuntos desmanejos de los recursos en el Estado provincial.

EL FALLO COMPLETO:

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