El Tribunal Oral Criminal N° 1 de La Plata condenó esta mañana a siete años y seis meses de prisión a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci por los delitos de robo simple, robo agravado por el empleo de un arma de utilería, privación ilegal de la libertad agravada reiterada en cuatro casos y por la evasión del penal de máxima seguridad de General Alvear el 27 de diciembre de 2015. La fiscal de juicio Silvina Langone había pedido la pena de 14 años de prisión para cada uno.

El juez Juan José Ruiz leyó durante una hora y media una versión abreviada de los fundamentos del fallo. Ya de arranque advirtió que “adelanto que la versión que dieran los imputados, pese a que al común de la gente le resulte fantástica y tenga ribetes cinematográficos, me resultaron creíbles casi en su totalidad”, para después agregar que “la fuga jamás se hubiese producido sin la colaboración de las más altas jerarquías del Servicio Penitenciario Bonaerense y del poder político”.

[El Juez Juan José Ruiz leyendo los fundamentos del veredicto. Foto: El Teclado]

Retomó la versión que dieran los imputados respecto a que todo se produjo “como consecuencia inevitable de una nota periodística” que Martín Lanatta diera al programa Periodismo Para Todos, en la que acusó a Aníbal Fernández de ser el autor intelectual del triple crimen de Gral. Rodríguez para así quedarse con el negocio de la efedrina. Lo que motivó que los imputados le solicitaran una medida de resguardo y seguridad a la jueza de ejecución penal de Mercedes, Marcela Otermín.

El juez resaltó que se desconoció la orden específica dada por la jueza Otermín respecto del lugar de alojamiento de los imputados y las condiciones de seguridad en torno a ellos. “Tal desobediencia me permite inferir que debió responder a una disposición política, que tres supuestos peligrosos delincuentes quedaron alojados e incomunicados en el área menos segura de la Unidad 30”

Además, el juez dio por cierta la cámara oculta que los imputados realizaran el 22 de agosto de 2015 cuando fueron visitados en su celda por Antonio Solivaret y Mirta González. El juez dio por acreditado entonces que ambos visitantes fueron enviados por el ex Jefe de Gabinete a fin de ofrecerles mejorar su situación procesal en la causa del triple crimen si Martín se retractaba de los dichos vertidos en la entrevista periodística y de esa manera Aníbal Fernández ganaba la gobernación bonaerense. Asimismo, consideró veraz la versión de los imputados de que a partir de que se hiciera pública la filmación a través de la prensa “es donde comienza a gestarse un plan para matarlos”.

También dio por probadas: las visitas reiteradas de distintos jefes del servicio penitenciario a los imputados en sus celdas a fin de amenazarlos con para que cambiaran sus declaraciones; el retiro del DVR que grababa las imágenes por parte del por entonces Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia a cargo de Ricardo Casal, César Albarracín, en una visita en un horario poco habitual a la cárcel; el poner a agentes de poca experiencia en la custodia de los detenidos; la entrega de los elementos necesarios para la fuga, como la ropa del SPB, precintos y pintura para el arma de juguete; la facilitación del trayecto hacia la salida al dejar las rejas abiertas pero apoyadas.

[La fiscal Silvina Langone había pedido 14 años de prisón. Los condenaron a la mitad. Foto: El Teclado]

Además exculpó de responsabilidad a los agentes que fueron reducidos en la carrera hacia la salida, una mujer y tres agentes con mínima experiencia, nominándolos como “sacrificables”, es decir, víctimas del plan para la fuga. “Fueron colocados estratégicamente en esos lugares como peones en un tablero de ajedrez”, leyó el juez.

Sin embargo, cuestionó el planteo de la defensa de que sus asistidos se encontraban bajo un “estado de necesidad justificante”, es decir que se encontraban bajo amenazas o que fueron coaccionados institucionalmente por el SPB. El abogado defensor Pedro Martino alegó que los imputados se encontraban ante la diyuntiva de fugarse como querían los jefes del SPB o morir en el penal. Si bien el juez Ruiz creyó esta situación planteada por los imputados, entendió que la fuga no era el único camino posible que tenían para salvaguardar su integridad.

Por un lado, y tal como ellos mismos expresaron, la fuga se planeó durante meses, tiempo que podrían haber utilizado para buscar alternativas de resguardo como dar aviso a sus familiares o presentar un habeas corpus. Si embargo eligieron el camino que los llevó a cometer otros delitos en el tránsito hacia la salida, de los cuales resultan responsables como autores. Confundieron, dijo el juez, un peligro potencial con un peligro inminente. Tuvieron tiempo y oportunidad para buscar otras soluciones. “Son responsables de sus actos, y como único consuelo, deben saberse condenados por algo que si cometieron, y no purgar una condena por algo que, tal vez no hicieron , como ellos vienen pregonando, respecto de otra causa”, concluyó el juez.

[Elvira Susana Martínez, ex suegra de Cristian Lanatta, llegó acusada de encubrimiento agravado y facilitación de la fuga, pero la fiscal desistió de los cargos y absuelta en la audiencia anterior. Hoy presenció el veredicto como público. Foto: El Teclado]

Al momento de mensurar la pena, consideró como atenuantes las circunstancias que motivaron la fuga y la confesión de los imputados que a modo de colaboración sirvió para esclarecer los hechos y “dejar al descubierto todo el entramado y connivencia de las autoridades del SPB y del poder político”.

Es por ello que el juez ordenó se inicien investigaciones a fin de establecer si se cometieron delitos de acción pública por parte de funcionarios del alto rango del SPB, del defensor general de la casación, Mario Coriolano, y también de Aníbal Fernández, mientras era Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Daniel Scioli, como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Meiszner, cuando fue Director del RENAR, Ricardo Casal, mientras se desempaño como Ministro de Justicia de la provincia, su secretario de Política Criminal, César Albarracín, la ex Jefa del Servicio penitenciario, Florencia Piermarini, entre otros.

[Cristian Lanatta junto a su abogado defensor, Pedro Martino. Foto: El Teclado]

El juez Ruiz destacó que durante las audiencias de debate notó el "sincero arrepentimiento" de Martín Lanatta, que no estuvo presente hoy en la lectura del veredicto. El imputado había dicho en su declaración indagatoria en el inicio del juicio: "No teníamos otra opción. Nos escapábamos o nos mataban". Los condenados deberán afrontar más adelante el juicio en La Plata por el tiroteo en cercanías de la localidad de Ranchos, en el que resultaron gravemente heridos dos policías. Pero además, tienen tres procesos abiertos en la provincia de Santa Fe en su huída durante el mes de enero de 2016: por dispar contra dos gendarmes, y por haber secuestrado a un productor agropecuario en las afueras de la capital santafesina y haberle robado una camioneta que usaron en la fuga. [El Teclado]