El fiscal Marcelo Romero procesó a los dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Francisco Banegas, Secretario General de la Seccional Ensenada y a Oscar De Isasi, Secretario General de ATE Provincia, de los delitos de “coacción agravada por la calidad de miembro de los poderes públicos del sujeto pasivo en grado de tentativa, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad, todos ellos en concurso real” por la toma del Ministerio de Economía provincial por parte de los trabajadores de Astilleros Río Santiago el pasado 18 de agosto.

En el procesamiento el fiscal sostiene que los dirigentes gremiales “abusando de los atributos que la representación conferida por las bases le otorgaron, intentaron coaccionar al Señor Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Hernán Lacunza en el contexto de un conflicto laboral entre los Trabajadores del Astillero Río Santiago y el Gobierno Provincial, para la concreción de una reunión que había sido previamente concertada y programada”.

[Francisco Banegas en la toma del Ministerio de Economía. Foto: El Teclado]

Sostiene además que De Isasi y Banegas incitaron a sus representados que se encontraban en una acuciante situación por el temor a la pérdida de sus puestos de trabajo “a que ocupen violentamente las instalaciones de la Cartera de Hacienda, en cuyas instalaciones provocaron daños de distinto tipo contra el Patrimonio Público, impidiendo a los funcionarios y personal jerárquico que se encontraban en su lugar de trabajo, ejercer los actos propios de sus cargos, interrumpiendo por completo la actividad ministerial, con el consiguiente perjuicio para el Erario Público y la Comunidad que represento”.

En su escrito, el fiscal se adelanta a las posibles críticas que recibirá por tomar tal decisión. En este sentido expresa que su experiencia le permite “que vislumbre, sin sorpresa y con pesar, los repetidos y trillados contra-argumentos y los intentos por capitalizar políticamente esta imputación”. Y allí enumera: Que la primera reacción será denunciar la "criminalización de la protesta", como también erigir en "mártires perseguidos" a los imputados. Además, intuye que querrán horadar la independencia del Ministerio Público Fiscal reduciéndola a la jerarquía de "mandaderos al servicio del Gobierno de turno”, y por último, supone que será acusado de especular con alguna posible futura candidatura política o ansias de figurar en los medios masivos de comunicación.

[Fiscal Marcelo Romero. Foto: El Teclado]

Es por ello que remarca: “No se trata de desconocer el derecho de reunión, petición y protesta, asegurado por la normativa supraconstitucional y constitucional en vigencia. Simplemente, es hora de impedir que bajo su manto sagrado se continúen legitimando acciones criminales de distinta gravedad, que bastardearon el concepto, la finalidad y las prerrogativas de esos derechos, aprovechando la necesidad y las pasiones de los más vulnerables en cuya coyuntura el decisorio es limitado, y donde más cautela y detenimiento debe tener el Representante Político de la Organización, en tanto líder de masas”.

Además, hace un distingo entre “un estado etéreo de "lucha" y un demencial "estado de guerra permanente", donde todo está permitido y nada puede prohibirse, restringirse o reglamentarse”. Él encuadra los hechos ocurridos en el Ministerio de Economía lejos de lo que entiende como una manifestación y protesta pacífica.

Para reforzar su argumento, se refiere a lo ocurrido el 14 diciembre de 2017 en ocasión del tratamiento de la reforma de la ley de la caja previsional del Banco Provincia, en la cámara de diputados bonaerense. Cuando los trabajadores que se manifestaron en la calle ya estaban desconcentrando se desató una represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma en Plaza San Martín. Esa tarde, el intendente Mario Secco, acompañado por algunos diputados, ingresó al recinto a fin de denunciar la represión  y mostrar los cartuchos de las postas de goma utilizadas por la Policía, con su particular manera de expresarse y moverse. Esa circunstancia motivó una denuncia contra su persona que recayó en la fiscalía de Romero pero que luego las actuaciones pasaron a manos de la fiscal Ana Medina.

[Mario Secco, Intendente de Ensenada. Foto: El Teclado]

Sobre este hecho, que Romero califica como un “leading case” de la comisión de delitos que no son penados, reprocha que el intendente de Ensenada “como única respuesta de las Instituciones del Estado haya recibido un "chaschas en la cola y a la cama sin comer el postre”, no implica que se soslaye -en este caso- la gravedad institucional inusitada y que los Poderes públicos miren absortos y en primera fila sus alternancias”.

De este modo, dice el fiscal, si alguien criminalizó la protesta, no fue ni el personal policial que se mantuvo expectante, ni el Ministerio Público, ni el Titular de la Cartera de Economia, “que a pesar de ser llamado a negociar-metafóricamente hablando con una pistola en la sien, mantuvo una postura dialoguista”. “Quienes criminalizaron la protesta y desde el vamos, fueron los imputados, que en tanto responsables de ATE en la región y en todos sus actos, urdiendo y promoviendo una acción delictiva, escondiéndose en la máxima en la que han caído al olvido hechos similares: "Si fueron todos, no fue ninguno..” No es posible equiparar la acción y responsabilidad de los líderes sindicales con los trabajadores que representan.”

En el mismo escrito, Romero ya designó la fecha para las audiencias de declaración indagatoria (art. 308 CPP) para el 30 de Octubre, a las 09.30  para Banegas y a las 10.30 hs. para De Isasi. [El Teclado]