El fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unifad Fiscal N° 11 de La Plata, le solicitó a la jueza de garantías Marcela Garmendia la elevación a juicio oral de la causa principal en la que Daniel Scioli está procesado, y también de cuatro desdoblamientos que involucran a funcionarios de su gestión y empresarios. Ahora se deberá esperar la resolución de la magistrada si hace lugar al pedido o lo rechaza.

Entre los ex funcionarios se encuentran Alejandro Collia, Guillermo Scarcella, Antonio La Scaleia, Alberto Perez, Walter Edgardo Carbone, Eduardo Aparicio y los empresarios Ricardo Estanislao Miller, Pablo Damián Elias, Gustavo Fernando Baldachis y Ricardo Adrian Bianchimano, Juan Carlos Mancinelli, Marcelo Cristian Beneyte y Pablo Adrián Fontanari.

La investigación comenzó luego de una mega denuncia efectuada por María Elisa Carrió en 2016 contra el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, por los supuestos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos, a partir de presuntos desmanejos de los recursos en el Estado provincial.

La causa principal es en la que se investiga la adjudicación irregular de las obras para la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA) dentro de la órbita del Ministerio de Salud. En esa causa está procesado Daniel Scioli, además de Alejandro Collia, Ministro de Salud Bonaerense, Ricardo Miller, titular de Miller Building Internacional SA, Gerardo Daniel Pérez, Subsecretario Administrativo del Ministerio de Salud Bonaerense, Ana Beatriz Priolo, Directora General de Administración y Matías Alcalde, Director de Contabilidad.

[Daniel Scioli y Alejandro Collia, en la inauguración de la UPA de Avellaneda]

Según la acusación, el fiscal sostiene que entre los años 2011 y 2015, Alejandro Collia, influido por Daniel Scioli, adjudicó de manera irregular la realización de nueve obras públicas por más de 117 millones de pesos, para la construcción y ampliación de nueve UPA. Además sostiene que tanto Scioli como Collia influyeron en Gerardo Daniel Pérez para que adjudicara de manera irregular la construcción de cuatro UPA por más de 71millones de pesos. Y que de igual manera tanto Ana Beatriz Priolo como Matías Alcalde fueron influídos por ambos funcionarios para la adjudicación de dos obras mas ambas por más de 1 millón 200 mil de pesos, consistentes en la ampliación de dos UPA.

Todas las obras, por un total de 189 millones 200 mil pesos, a favor de la empresa Miller Building International SA, con motivo de la relación personal que el Gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario, y además, por las dádivas que el primer mandatario percibía de éste por su rol. Garganta valoró que Scioli utilizaba dos helicópteros propiedad del empresario y que mantenía con él negocios a nivel particular a través de la construcción de las instalaciones del club de Futsal La Ñata, la mejora de un complejo hotelero, y la venta de un complejo por interpósitas personas.

Los delitos que se les imputan son negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo, todos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Se hace notar que el delito de tráfico de influencias presenta la estructura de la instigación en cadena, situación que se verifica “cuando el funcionario público ejerce influencia sobre otro para que sea éste el que, en definitiva, influya en el funcionario competente”. En ese caso, “todos los intervinientes responden en calidad de autores”, expresa en su pedido el fiscal Garganta.

Al respecto, los abogados defensores del ex gobernador, Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, a través de un comunicado de prensa expresaron que “con respecto a la solicitud del Fiscal, afirmamos que resulta, a nuestro juicio, básicamente arbitraria y con manifiesta falta de objetividad, ya que no se ajusta a la prueba producida en la investigación”. Al mismo tiempo, adelantaron que pedirán el sobreseimiento de Scioli debido a que consideran de extrema gravedad que se lo pretenda enjuiciar por sospechas o suposiciones infundadas.

“Nuestro defendido no ha cometido delito alguno, tal como lo demuestran las pruebas producidas en la causa; en especial aquellas que acreditan claramente que en ningún momento existió conducta ilícita alguna. Es decir, no hubo negociaciones incompatibles, ni influencia indebida ni ningún otro hecho con relevancia penal”, remarcaron los letrados y agregaron que “las Unidades de Pronta Atención (UPAs) fueron completamente instaladas y contratadas conforme a los procedimientos legales, avaladas por todos los organismos de contralor previstos en la Constitución bonaerense e incluso internacionales”.

En la audiencia del 30 de mayo pasado ante la jueza Garmendia, un integrante de la Fiscalía de Estado, en representación del particular damnificado, ratificó que desde ese organismo no pidió ninguna medida de coerción ni acompañó el pedido de la UFI 11, argumentando que “no se ha planteado que con la contratación de las obras que el agente fiscal entiende irregularmente adjudicadas, se hubiera causado un perjuicio patrimonial al fisco provincial”.

Además, se solicitó la elevación a juicio de cuatro desdoblamientos, estos son por la supuesta comisión de delitos en los organismos provinciales ABSA, IOMA, Jefatura de Gabinete y Ministerio de Infraestructura.

[CAUSA ABSA]

Garganta Sostiene que desde el mes de Agosto de 2009, y hasta Diciembre de 2015 el entonces presidente de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima, Guillermo Scarcella, direccionó el alquiler de camiones desobstructores y de camiones cisterna, efectuando 22 contrataciones irregulares por un valor de 62 millones 716 mil pesos, en beneficio de Desobstructora Argentina S.A. (D.A.S.A) con motivo de la relación personal y comercial que mantenía con su presidente, Pablo Damián Elias.

A ellos les imputa los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que ABSA es una forma de descentralización de la Administración Pública Provincial.

[Guillermo Scarcella, ex titular de ABSA]

[CAUSA IOMA]

A criterio de la fiscalía se encuentra acreditado que entre mediados del año 2013 y fines del año 2015, 18 personas que trabajaban en el Instituto Obra Médico Asistencial, entre ellos Antonio Atilio La Scaleia, en su calidad de Presidente del I.O.M.A, con la colaboración de Gustavo Fernando Baldachis y Ricardo Adrian Bianchimano, titulares de un grupo de cinco empresas compuesto por Domisalud SA, Intergemed SRL, Juntos en Casa SRL, Sistemas Operativos Salud SA y Cerca Salud SA, direccionaron, autorizaron y abonaron el servicio de internación domiciliaria en favor de las empresas por un valor aproximado de 650 millones de pesos.

A todos ellos se les endilga los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, peculado de caudales en concurso ideal con fraude en perjuicio de una administración pública, uso de documento público falso y asociación ilícita.

[JEFATURA DE GABINETE]

En este desdoblamiento el fiscal investigó el desvío de dinero mediante la

entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez y el titular de la Subsecretaría Administrativa, Walter Edgardo Carbone, sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones más de 10 millones de pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización de pago en efectivo, que luego rendían con facturas apócrifas, maniobras que contaron con la participación necesaria otros funcionarios de esa administración.

Además, que durante el transcurso de los años 2009/2010, el entonces responsable del programa “Soluciones Ya”, perteneciente a Jefatura de Gabinete de Ministros, direccionó irregularmente el otorgamiento de subsidios para la compra de herramientas y materiales, por más de 8 millones de pesos en favor de 10 Cooperativas de trabajo, que el propio funcionario manejaba. Aquí están imputados Eduardo Aparicio y Daniel Roberts.

[Alberto Pérez, ex Jefe de Gabinete, y Daniel Scioli, ex gobernador de Buenos Aires.]

Y por último, el fiscal sostiene que entre Julio y Noviembre del año 2015, Alberto Pérez junto a Julio Nestor Balbi, Walter Edgardo Carbone y Rodrigo Alfredo Dossetti, en 15 expedientes administrativos ingresó declaraciones falsas, para de ese modo, sustraer 19 millones de pesos del erario público que iban destinados a la impresión de folletería y merchandising sobre los efectos del cambio climático, y que finalmente utilizó, en todo o en parte, para la impresión de boletas partidarias del Frente para la Victoria.

A ellos se les endilga los delitos de peculado, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de un instrumento público

[MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA]

En este tramo de la causa, Garganta sostiene que entre los años 2010 y 2011, la Directora de Proyectos Especiales, Gladys Perez Ferrando, y los integrantes del Consejo de Obra Pública, todos pertenecientes al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, beneficiaron a Juan Carlos Mancinelli, Marcelo Cristian Beneyte y Pablo Adrián Fontanari; y a PF Compañía Constructora SA, mediante la organización de aparentes concursos de precios a través de los que le adjudicaron diecinueve obras públicas en paradores turísticos y centros de información turística.

Los delitos por los cuales se pide el juciio son negociación incompatible con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. [El Teclado]

Requerimiento Elevacion a Juicio Daniel Scioli causa UPA y otras by El Teclado [www.elteclado.com.ar] on Scribd