A Cristian Enrique Pérez lo mató la policía. Específicamente, cuatro efectivos que prestaban servicios en la Comisaría Décima de calle 2 entre 12 y 13 de City Bell. Así lo dice la requisitoria de elevación a juicio firmada por el fiscal Marcelo Martini. Y así lo sostuvo el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) desde 2007 cuando comenzó a representar a la familia de Cristian en su pedido de justicia. Si bien el joven fue arrollado por el tren, la autopsia determinó que antes de ello recibió una golpiza que le generó gravísimas lesiones que lo dejaron en estado de inconciencia, tras lo cual fue colocado en las vías a fin de ocultar el delito anterior.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Criminal N° 2 de La Plata, integrado por los jueces Silvia Hoerr, Liliana Torrisi y Claudio Bernard, con la acusación de la fiscal Victoria Huergo y de las abogadas del CIAJ, Sofía Caravelos, Analía Carrillo y Ariel Rodríguez, como querellantes en representación de la familia del joven asesinado.

La apertura del juicio será el próximo lunes 29 de octubre a las 10 de la mañana, se extenderá hasta el 29 de noviembre y tendrá en el banquillo a siete policías. Cuatro de ellos por el homicidio doblemente agravado: David Alejandro Koenig –llega al juicio en libertad-, Juan Alejandro Pavela, Rubén Eduardo Lago (ambos detenidos) y Juan Marcos Condoleo (con beneficio de prisión domiciliaria), todos acusados de homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometido por el concurso premeditado de dos o más personas. Y otros tres efectivos serán juzgados por el encubrimiento agravado: Pedro Oscar Djurasek –exonerado de la fuerza por torturas en una comisaría de Lomas de Zamora-, Jorge Alberto Luna y Miguel Ángel Álvarez.

Los acusados de homicidio estarán defendidos por Julio Ricardo Beley (Koening), Pablo Eduardo Bonatti (Pavela), Martín Alejandro Castro (Lago) y el defensor oficial Claudio Ritter (Condoleo).

[A Cristian Pérez le decían "El Rusito y tenía 18 años]

[LOS HECHOS]

La mañana del 14 de octubre de 2002 la formación del Roca que se dirigía a Buenos Aires tuvo que detenerse intempestivamente ya que su maquinista observó que había una persona tendida boca arriba en las vías, inmóvil. Tocó la bocina ensordecedora de la locomotora dos veces. La persona nunca miró hacia el tren. Según el maquinista y su ayudante, en los casos de arrollamiento que les tocó vivir “siempre las víctimas miraron hacia la máquina, se movieron o trataron de salir de las vías”. Cristian estaba totalmente quieto. El conductor accionó los frenos de emergencia pero no pudo evitar embestirlo. Eran las 8 y 10 de la mañana.

Rápidamente arribó al lugar, en la calle 459 y kilómetro 41 de la localidad de City Bell, personal de la Comisaría Décima. Antes de la llegada de la policía científica, sin la presencia de los peritos necesarios ni la debida identificación del cuerpo, los oficiales ya le habían comunicado a la familia de Cristian que se trataba de un suicidio. El cuerpo del joven aún permanecía debajo del convoy.

[EL DERROTERO JUDICIAL]

El personal policial desde el principio calificó los hechos como “suicidio”, y el fiscal interviniente en ese entonces, Leandro Heredia, (fue destituido hace pocos días en un Jury por cometer irregularidades en al menos cincuenta causas judiciales) convalidó la esa versión, delegando en los uniformados de esa dependencia las primeras medidas de prueba que fueron practicadas en la causa. Recién cuatro días después dio traslado de la investigación a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata.

Tras poco más de un año sin avances, el expediente pasó a la fiscalía N° 2 de Tomás Morán. En un principio, sostuvo la hipótesis del suicidio. Durante cinco años la causa no tuvo movimientos, hasta que el CIAJ asumió el patrocinio de los familiares de Cristian en septiembre de 2007 y a partir de allí fueron solicitando distintas medidas de prueba con la hipótesis del homicidio y además exponer las irregularidades cometidas tanto por personal policial, como por funcionarios del Ministerio Público.

Enntre las medidas solicitadas se incluyó que se realizaran nuevos informes médicos con peritos judiciales en relación a la autopsia. Pidieron que se incluya la declaración del médico legista que estuvo presente en la operación que se lle practicó en el Cuerpo Policial. Esta revisión permitió comprobar que el joven estaba vivo antes de ser alcanzado por el tren, y que la gravedad de las lesiones que poseía, lo dejaron inconsciente.

También pidieron los registros satelitales de los móviles policiales, que pusieron en evidencia los recorridos de los autos utilizados esa madrugada. El libro de Guardia de la Comisaría fue reconstruido y posteriormente fue hallado, “traspapelado”, en la Caja Fuerte de la Fiscalía. En el mismo sentido se requirió que se tomen los testimonios de varios vecinos que minutos antes de escuchar el paso del tren que arrollara a Cristian, habían visto un móvil policial acercarse a las vías del ferrocarril.

Noviembre de 2009 seis policías fueron detenidos acusados por el encubrimiento agravado del crimen, a pedido del fiscal Moran y con aval del entonces juez César Melazo. Pero finalmente fueron liberados. Lo llamativo es que la investigación no se orientaba a determinar los autores del asesinato.

En 2010, la fiscalía decidió concluir la pesquisa y elevar a juicio oral solo a los imputados de encubrimiento y de esta manera clausurar la investigación por el homicidio. Entonces, en ese momento los abogados querellantes pidieron que se desdoblara la causa y se continuara la búsqueda de los responsables de la muerte, mientras se juzgaba el encubrimiento.

Al cumplirse 11 años del crimen, en 2013 el CIAJ realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de obligaciones asumidas por el Estado argentino a través de tratados internacionales a los que ha suscripto. Allí planteó que “el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires a través de su inacción viola distintos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a las garantías judiciales y la protección judicial”. Esas violaciones “se originan en la desidia y la inacción demostradas a lo largo de la investigación judicial, en los intentos de clausura de la causa”, explicaba el organismo.

En 2014 el fiscal Morán fue apartado de sus funciones por irregularidades y denuncias en su contra y se hizo cargo de la UFI 2 Betina Lacki. Al no encontrar pruebas en el caso, decidió archivar la causa por el homicidio. Se solicitó el desarchivo del expediente que luego pasó a la Fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Martini, y a partir de presentaciones efectuadas por el CIAJ y del testimonio de una persona con identidad reservada, se dispuso en octubre de ese año la detención de cuatro policías por el delito de homicidio agravado por alevosía: ellos son Condolero, Pavella, Lagos y Koenig.

[Comisaría Décima de City Bell]

[VERSION OFICIAL]

Cristian tenía 18 años y era muy rubio, por lo que le decían “El Rusito”. Esa madrugada hubo un accidente de tránsito en City Bell. Un Ford Falcon embistió a dos ciclistas, Lucas Pavela y Andrés Vera Castro, y aparentemente se dio a la fuga. Los vecinos identificaron al Rusito como el conductor, lo trataron de linchar y lo llevaron a la Comisaría Décima donde trabajaba el hermano de uno de los jóvenes atropellados. El oficial Juan Alejandro Pavela.

A las 4 de la madrugada ingresó Cristian a la seccional. Alrededor de las 5:50 fue trasladado al asiento del Cuerpo Médico en 38 entre 7 y 8 y examinado. Allí se labró un acta y se dejó constancia de que poseía lesiones “leves”. Luego de ese examen, Cristian fue conducido nuevamente a la dependencia policial y a las 6:20 de la mañana se habría retirado de la Comisaría, y firmado antes de irse, un acta. Finalmente a las 8:10 fue encontrado muerto en las vías del ferrocarril, tras ser embestido por la formación que no pudo detener su marcha a tiempo. La policía dijo que fue un suicidio.

[LO MATO LA POLICÍA]

Cinco testigos declararon que vieron a una o dos camionetas policiales detenidas un rato en la zona donde apareció su cuerpo sin vida. Un testigo de identidad reservada, identificó a los cuatro efectivos que bajaron un bulto de la camioneta. Una pericia caligráfica determinó que las firmas de Cristian en las actas eran falsas. Las ropas y pertenencias del joven desaparecieron, como así también se “extraviaron” las muestras de ADN de pelos hallados entre sus dedos. Durante siete años, el libro de Guardias de la comisaría fue ocultado deliberadamente.

Así quedó acreditado en la elevación a juicio: “Se encuentra debidamente acreditado que entre las 6 y las 8 horas del día 14 de octubre del año 2002, en circunstancias en que Cristian Enrique Pérez se encontraba en el interior de la Seccional Décima de La Plata por lo menos cuatro sujetos de sexo masculino resultando ser personal policial, coactuando al efecto entre si, y con ánimo de darle muerte, previos golpes en su cuerpo los que le ocasionan gravísimas lesiones hasta dejarlo inconsciente, tras lo cual tres de ellos lo trasladan a bordo de un móvil policial a la calle 459 y kilómetro 41 de la localidad de City Bell, dónde, con la misma intención de darle muerte así como de ocultar las lesiones causadas, lo colocan en ese estado de inconsciencia y consecuente indefensión, en la posición de decúbito dorsal sobre las vías del ferrocarril instantes antes que pasara la formación ferroviaria, siendo golpeado en su cráneo por dicha formación causándole herida contuso cortante desgarrada de once centímetros de extensión con estallido de cráneo subyacente, lo que aparejó su deceso”. [El Teclado]