Por pedido del titular de la UFI N° 16, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, se realizaron ayer seis allanamientos y siete detenciones – dos hombres y cinco mujeres-vinculadas a una causa por fraude hacia el Estado provincial en la Dirección General de Cultura y Educación.

El expediente se inició en septiembre de este año tras una denuncia de representantes de la Dirección Provincial de Legal y Técnica y de la Dirección de Coordinación de Actuaciones judiciales de la D. G. C. y E. de la Provincia de Buenos Aires, en relación a un empleado del Área de Contralor Docente que ingresaba periódicamente a través del sistema informático con su clave personal, servicios de personal educativo al menos de seis personas que, cobraron mensualmente, en forma retroactiva y continua por servicios laborales no prestados, durante los años 2017 y 2018, defraudando en una suma aproximada a los $ 3.467.350 al erario provincial.

[Uno de los allanamientos efectuados ayer. Foto: Min. de Seguridad BA]

La operatoria se efectuaba a través del sistema de Ticketera del Banco Provincia, ya que ese mecanismo no exige la apertura de cuentas de caja de ahorro, solo basta con la presentación del beneficiario con su identificación personal para la extracción del dinero. De esta manera, el organizador de la banda habilitaba el cobro de la nómina que mensualmente se envía al Banco Provincia y dónde estaban incluidos personas que oficiaban de cómplices..

Luego, las personas a cuyo nombre se cargaban servicios laborales, concurrían a distintas sucursales del Banco de la Provincia, y presentando su DNI, cobraban las liquidaciones de sueldo, adicionales y bonificaciones, en su beneficio personal y de la Organización de la que formaban parte. Todas estas personas tienen un conocimiento personal y familiar entre si. Aparentemente, del total cobrado, una parte era para ellos y otra para quien los incluía en la lista.

[Uno de los domicilios 1ue fueron allanados, en 143 entre 44 y 45. Foto: Gentileza de @Belisario_M]

Los allanamientos, autorizados por la jueza de garantías Marcela Garmendia, fueron en domicilios particulares, en Arturo Seguí y en La Plata. En el procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares, tablet, PC, notebook, pendrive, documentación de cobro de haberes, constancias de operaciones bancarias, tarjetas de crédito y debido, registro de operaciones bancarias, llaves de cajas de seguridad y dinero en efectivo, entre pesos y dólares, por un monto de 400 mil, entre otros elementos de interés probatorio

El fiscal caratuló la causa con los delitos de “Asociación Ilícita en concurso real con fraude calificado por haberse cometido en perjuicio de la Administración Publica” en al menos 106 hechos. Sin embargo la jueza Garmendia bajó la imputación a “fraude en perjuicio de la Administración Publica”. [El Teclado]