Se realizó la quinta audiencia en el Juzgado en lo contencioso Administrativo N° 2, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, en relación a una acción impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) por la cual se prohíbe que haya detenidxs en comisarías bonaerenses. Si bien los ministros de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari estaban citados, una vez más no concurrieron a la audiencia a dar explicaciones.

Sin embargo, los representantes de segunda línea que asistieron brindaron datos que demuestran el agravamiento de la situación: según datos oficiales se confirmó que 1.835 de los 4.052 detenidos están en calabozos clausurados administrativa y judicialmente. Tal era el caso de la seccional de Esteban Echeverría donde murieron ocho personas hace pocos días, en la mayor tragedia en cárceles provinciales de la historia. Las plazas disponibles en dependencias policiales ascienden a 1000 en todo el territorio provincial, lo que demuestra que la superpoblación es del 300%.
 

Las plazas disponibles en dependencias policiales ascienden a 1000 en todo el territorio provincial, lo que demuestra que la superpoblación es del 300%.

El alojamiento de presos en comisarías se prohibió en 2005 tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como “fallo Verbitsky”. Sin embargo en 2014 el ex ministro de seguridad Alejandro Granados sacó una la resolución ministerial 642/14 que habilitaba nuevamente el alojamiento de detenidos en calabozos de las comisarías provinciales, amparándose en la Emergencia en Seguridad dictada por el ex Gobernador Daniel Scioli.  

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) iniciaron una acción judicial para que la resolución fuera derogada. Esa presentación motivó que en noviembre de 2017 la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata suspendiera la resolución ministerial y determinara que las comisarías no reunían las condiciones necesarias para alojar a detenidos. Además, le ordenó al Poder Ejecutivo desalojar a las personas que se encontraban privadas de su libertad en esas dependencias y prohibió que se alojen allí nuevos detenidos.

Pasado un año, el gobierno de María Eugenia Vidal no sólo incumple la medida sino que desde mayo hasta ahora, los detenidos en dependencias policiales aumentaron de 3.732 a 4.052. Las plazas disponibles llegan a poco más de 1000, lo que redunda en una superpoblación del 300%. De esta manera, se evidencia que en lugar de disminuir los detenidxs en dependencias que no están preparadas para alojar personas privadas de su libertad por más de 48 horas, el número no deja de crecer.

[Abogades del CELS y el CIAJ. Foto: El Teclado]

Durante su intervención, Paula Litvachky, abogada del Cels, lamentó que no hubiera funcionarios de mayor jerarquía. “Si bien se generó información importante para trazar la radiografía de la situación acuciante en los calabozos bonaerenses, no hay ningún acto administrativo ni acción política estratégica que permita entrever un plan del gobierno para cumplir con la medida cautelar de la justicia”, expresó, y agregó que “las alcaidías que se habían comprometido a construir para noviembre, que significarán 900 nuevas plazas, estarían terminadas recién en enero, aunque queda claro que con el nivel de hacinamiento actual no serán un gran alivio de las condiciones de detención”.

Desde los entes gubernamentales adujeron que había subido el uso de pulseras electrónicas (un sistema que podría aliviar los calabozos), pero el impacto es nulo o mínimo: el crecimiento sostenido de la población presa en comisarías lo demuestra. Incluso, el 18 de octubre pasado presentaron una nota en otro expediente judicial donde el responsable de estos dispositivos a nivel provincial informa que no tienen más cupos.

Sobre el final de la cita, los abogadxs querellantes del CIAJ y del Cels pidieron cuatro cosas:

1) Que se establezca una línea de información clara, actualizada por ambos Ministerios cada dos meses, para monitorear el flujo de detenidos en comisarías y no esperar a cada audiencia para saber si aumentan o disminuyen.

2) Que el Ministerio de Justicia prepare una proyección de acá a seis meses de cómo se va a ir reduciendo la tasa de encarcelamiento en comisarías. La jueza le dio un mes para entregarla lista.

3) Que se adopte alguna medida especial para la situación específica de las 1835 personas detenidas en dependencias clausuradas. La jueza iba a evaluar algunas medidas.

4) Convocar a los ministros o funcionarios de segunda línea, con capacidad de tomar decisiones, para la próxima reunión, no ya bajo apercibimiento sino bajo sanciones económicas.

La próxima audiencia será el 20 de diciembre a las 11 de la mañana. [El Teclado]