“Yo no sé con qué vamos a despertar mañana, eso es lo tremendo”. Pocas veces se la había escuchado tan indignada a Estela de Carlotto. En medio de una entrevista radial, la habían anoticiado del fallo a través del cual la Corte Suprema habilitaba el “2x1”  para acortar la condena de Luis Muiña, uno de los condenados por la desaparición de trabajadores del Hospital Posadas de Haedo.

La reacción de la titular de Abuelas fue exacerbada por una convocatoria inmediatamente anterior e igual de polémica que la acordada de la Corte: el llamamiento a la “reconciliación” que había propugnado la cúpula eclesiástica. Estos dos hechos paralelos fijaron la mirada sobre el Gobierno, en particular sobre Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, ya que sus reacciones constituirían claros posicionamientos ideológicos. La contradicción fue evidente y la Plaza de Mayo terminó repleta.

Minutos después de las declaraciones de Carlotto, en AM 750 se pronunció Claudio Avruj. Dijo estar de acuerdo con el fallo de la Corte, fue repreguntado por el 2x1 a detenidos por crímenes de la Dictadura, lo apoyó y adhirió a los votos de los jueces Rosatti y Rosenkrantz, que junto a Highton de Nolasco posibilitaron la mayoría que aprobó el dictamen. 

Sin embargo, días después y tras la masiva movilización que colmó la Plaza de Mayo, la opinión del funcionario fluctuó: “A medida que fueron pasando las horas y fuimos hablando con el ministro (de Justicia, Germán Garavano) y con el jefe de Gabinete (Marcos Peña), entendimos que había que salir a criticar fuertemente (el fallo de la Corte)”,  le dijo el viernes a Ernesto Tenembaum. Y reveló que, ante los pedidos masivos de liberación de represores, “yo como Secretario de Derechos Humanos salí a decir que el 2x1 no correspondía”.

La presión sobre Avruj fue notoria. Incluso, algunos organismos de Derechos Humanos clamaron su renuncia. “Tiene que renunciar porque se ha puesto de gestor de Cecilia Pando y toda esa banda”, le dijo al autor de este artículo el titular de HIJOS provincia de Buenos Aires, Cristian Tauil. Y se refería a la presentación que realizó el funcionario ante las autoridades de la CIDH para que recibieran a los familiares de los militares presos, una medida que se gestó en vastas reuniones con organizaciones “de víctimas de la subversión”, tal como se autoproclaman.

Lo cierto es que muchos refirieron al fallo del Máximo Tribunal como el resultado de un “clima de época” y lo enmarcaron en declaraciones y accionares – como el de Avruj en la Corte Interamericana – a través de los cuales el Gobierno de Mauricio Macri sentó su postura frente al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y los acontecimientos sucedidos durante la dictadura cívico – militar.

Corresponde, entonces, mencionar qué hechos antecedieron al precedente que fijó hace algunos días la Corte Suprema, por medio del fallo Muiña.

En principio cabe recordar que la tirantez en la relación entre Macri y los organismos de Derechos Humanos fue marcada a fuego por las declaraciones que el Presidente realizó en la víspera electoral de 2015. En un reportaje al diario La Nación, el entonces candidato de Cambiemos había prometido “acabar” con “los curros que han inventado los organismos de Derechos Humanos”. Producto de esa afirmación, el empresario ensanchó la grieta que lo separa de esos organismos. Cierto es que nunca en la carrera política de Macri hubo una relación cercana con esos sectores.

Esas mismas palabras utilizadas por Mauricio Macri aparecieron escritas varios meses después en las paredes del excentro clandestino de detención conocido como Mansión Seré, en Castelar. “El 22 se termina el curro”, decía la inscripción que vieron los vecinos días antes de la segunda vuelta electoral que consagró al exalcalde porteño como presidente de la Nación. Las palabras de Macri habían envalentonado a defensores de la dictadura.

Horas después de que Daniel Scioli felicitara a Macri por su victoria electoral, el diario La Nación publicó un editorial contundente. “La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70”. Sin vueltas, el periódico expresó el sentimiento de un sector de la sociedad enemistado con el juicio a genocidas, pidió “resolver el vergonzoso padecimiento de condenados por la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva” y encomió al nuevo gobierno a “construir a partir de la verdad completa”. El argumento de la “ancianidad” de los genocidas que recogió el diario fue esta semana utilizado por la diputada Elisa Carrió y fue trasladado a la CIDH bajo el auspicio de Claudio Avruj, tal como se mencionó en el inicio de esta nota.

Precisamente, el editorial de La Nación acrecentó las advertencias de los organismos ante un retroceso en las políticas de Derechos Humanos y fue sindicado como una “hoja de ruta” planteada para el gobierno en este sentido. Y el gobierno recogió el guante, puesto que fueron varias las reuniones oficiales que mantuvieron no sólo Avruj, sino también el ministro de Justicia Germán Garavano, con organizaciones afines a la teoría de los dos demonios, como la ONG CELTYV, que aglomera a “víctimas del terrorismo”. Incluso, hacia abril del año pasado, Cecilia Pando llegó a reunirse con Avruj en el predio de la exEsma. El pedido de indulgencia a los represores, a través del concepto de “cuestiones humanitarias”, acapararon las agendas de esos encuentros.

En tanto, las declaraciones negacionistas de algunos funcionarios del gobierno también configuraron el clima de época que enmarca el fallo de la Corte. La primera piedra la tiró Darío Lopérfido: durante una charla veraniega, el exministro de cultura porteño afirmó que “en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos" y aseveró que “esa cifra se arregló en una mesa cerrada” para “conseguir subsidios”. Tras el masivo repudio de organismos de Derechos Humanos, renunció a sus cargos –también era director del Teatro Colón– y fue enviado como agregado cultural a Berlín. O según Horacio Verbitsky, como espía de la AFI a tierras germanas.

El otro que generó revuelo fue Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana.  El excarapintada no sólo coincidió con el marido de Esmeralda Mitre sino que fue mucho más allá: relativizó el genocidio, negó que haya existido un plan sistemático de secuestros y desapariciones y dijo que la dictadura cometió “excesos” en el marco de un “caos generalizado”. Pese al repudio masivo, Gómez Centurión continúa en su cargo, aunque licenciado por una enfermedad que lo llevó a estar en coma.

Las declaraciones de ambos funcionarios, sin embargo, encontraron asidero en la postura del mismísimo Mauricio Macri, quien en diálogo con el portal BuzzFeed afirmó que “no sabe” si los desaparecidos “fueron 9000 o 30000”, y calificó a la dictadura como “guerra sucia”, un término propio de los sectores que adhieren a la teoría de los dos demonios, precisamente. “Con eso Macri quiso decir que los desaparecidos le chupan un huevo”, opinó  en LA TECNO FM el abogado Rodolfo Yanzón.

En este marco, la Iglesia volvió a la carga con la idea de “reconciliar” a víctimas y victimarios de la Dictadura. Idea que fue rechazada de cuajo por los activistas de Derechos Humanos, quienes alegan que no hay posibilidad de diálogo hasta que los represores no revelen el paradero de los desaparecidos. Al mismo tiempo, y en referencia a la Iglesia, reclaman que reconozcan su connivencia activa con la cúpula militar. Dicho sea de paso, el excapellán Christian Von Wernich, condenado por complicidad, puede seguir oficiando misa pues la condena que pesa sobre él es sólo judicial, y no eclesiástica.

Éstos son sólo algunos de los hechos que constituyen el camino que precedió al fallo de la Corte y permiten hablar de “clima de época”. Se espera, igualmente, que en algunas semanas sea la misma Corte quien intente ¿remendar? su propia decisión a través de una aclaratoria. En el medio, la oposición buscará enjuiciar y destituir a los tres magistrados que votaron esa sentencia.

Ya hay presentaciones, además, en la CIDH para obtener un rechazo internacional a este precedente. A este respecto, el exjuez Carlos Rozanski advierte que, a través del fallo Fontevecchia, la CSJN ya se anticipó a este embate y le quitó vinculación a las opiniones de la Corte Interamericana, algo que da de bruces con la pirámide jurídica planteada en la Constitución Nacional.

“Aquel que apoyó a la dictadura no tuvo otra alternativa que votar a Macri y estaban esperanzados con obtener alguna reivindicación”, explicó la semana pasada el periodista Jorge Asís, que describió a la “familia militar” como “el núcleo duro” del PRO y aseveró que el Presidente “realizó promesas” a los simpatizantes de la dictadura. Si se tiene en cuenta que el fin de semana un editorialista atribuyó el fallo de la Corte a una maniobra de “dos operadores judiciales del Gobierno”, la pregunta consecuente es si el clima de época se forjó para contextualizar, además, la concreción de una promesa de campaña. [ET]