El proyecto de ley que contempla un régimen penal para combatir a los barrabravas, volverá finalmente a comisiones después de que surgieran desacuerdos en el tratamiento de cada uno de los artículos. La iniciativa se había aprobado en general, casi por unanimidad: fueron 201 votos afirmativos y 3 abstenciones. Pero más tarde, al ser debatido en particular, surgieron desacuerdos que desembocaron en la decisión de reenviarlo al ámbito de las comisiones. De esta manera, el proyecto deberá volver al recinto para un nuevo tratamiento.

En la búsqueda de los consensos necesarios para su aprobación, el texto del Ejecutivo había sido modificado antes de la sesión. A la hora de la discusión en particular surgieron nuevas diferencias y los bloques no llegaron a un acuerdo sobre las penas en materia de reventa de entradas y tenenencia de localidades falsas. Esto motivó el pedido del diputado Martin Lousteau, de Evolución Radical, para que el proyecto vuelva a Comisión y sea nuevamente debatido su articulado. La moción fue aprobada por 115 votos afirmativos, contra 84 negativos y dos abstenciones. 

El proyecto de ley prevé penas para quienes porten armas en espectáculos futbolísticos, alteren el desarrollo de un partido, provean entradas a barras, vendan entradas sin autorización y ofrezcan cuidado de vehículos en inmediaciones del estadio, entre otras medidas (ver subtítulo). Fue incluido en las sesiones extraordinarias del Congreso a pedido del Poder Ejecutivo.

DATO: La ley prevé penas para quienes porten armas en espectáculos futbolísticos, alteren el desarrollo de un partido, provean entradas a barras, vendan entradas sin autorización y ofrezcan cuidado de vehículos en inmediaciones del estadio, entre otras medidas. 

La iniciativa fue incluida en las sesiones extraordinarias del Congreso a pedido del Poder Ejecutivo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que “es importante generar una ley penal alrededor del fútbol; nos falta poder combatir los delitos que ocurren y encuadrarlos como delitos penales y no sólo como contravenciones”.

En la apertura del debate, la miembro informante, Gabriela Burgos, explicó que luego del dictamen de mayoría se introdujeron modificaciones consensuadas. Destacó “la participación de la mayoría de los bloques, que realizaron aportes que enriquecieron el proyecto original”.
 

Las leyes por si solas no van a terminar con la violencia en el fútbol, si no tomamos la decisión firme de acabar con la connivencia histórica entre la dirigencia política, sindical y deportiva #LeyAntiBarras pic.twitter.com/HPH382SzFq

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) 19 de diciembre de 2018

La diputada aludió a la imposibilidad de haber jugado en el país la final de la Copa Libertadores entre Boca y River: “La violencia y algunas organizaciones fueron cercenando espacios ocupados por la sociedad, por las familias que disfrutaban de los clubes de futbol”, afirmó. “Este proyecto ha sido modificado sustancialmente porque hemos recibido aportes relacionados con medidas preventivas”, afirmó Burgos. Se trata de “medidas que establecen un registro de base unificada de datos y antecedentes relativos a espectáculos de fútbol”, explicó.

También indicó que “introducimos nuevos tipos penales, como por ejemplo la falsificación de entradas”. Asimismo, en el sentido de “mantener un equilibrio coherente dentro de nuestro sistema penal”, se establece un aumento de penas.
 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL FÚTBOL Es injusto castigar a todo el país por lo que sucedió en CABA. No hacía falta cruzar el Atlántico para jugar el River-Boca. Hacía falta cruzar la General Paz. La final podría haberse jugado en Salta, Mendoza, Córdoba o Tucumán pic.twitter.com/NQjT6G4Pgc

— Pablo Kosiner (@Pablokosiner) 18 de diciembre de 2018

En el mismo sentido, detalló que “se introduce la figura del arrepentido porque consideramos que dentro de los espectáculos deportivos existen bandas delictivas y queremos desarticularlas, así como también la figura del juicio abreviado porque no queremos más puertas giratorias”.

Por su parte, el diputado Daniel Scioli anticipó que el Frente para la Victoria “va acompañar en general esta iniciativa” aunque reconoció que “hemos firmado un dictamen en minoría porque tenemos diferencias sobre cómo erradicar la violencia”.

“El dictamen de mayoría apunta a aumentar las penas en los eslabones más débiles de la cadena, sin atacar lo que está detrás, es decir sin ahondar en la problemática. Nuestra propuesta, en cambio, se basa en la prevención”, afirmó Scioli.

Como presidente de la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Scioli propuso que en el debate en particular se incorpore la “creación de una base de datos de antecedentes penales, y la ratificación y delimitación del consejo de seguridad de los espectáculos deportivos”, además de “delimitar el derecho de admisión”.
 

DATO: Tras ser aprobada en general, la ley volvió a comisión por los desacuerdos en particular de los diputados.

El diputado cordobés Héctor Baldassi, a su turno, consideró que “es una gran oportunidad para erradicar los violentos del fútbol y recuperar ese espacio para la familia argentina”.

El legislador Fabio Quetglas, por su parte, admitió que “va acompañar esta iniciativa” que lucha contra las barras a las que definió como “un modo organizacional complejo que condiciona el fútbol y constituye una verdadera epidemia”. Instó a asumir “compromisos compartidos” y afirmó que “la lucha contra la violencia debe ser un punto de encuentro”.

A la hora del cierre del debate, el diputado Luis Petri, de la Unión Cívica Radical, consideró que “esta ley es el instrumento que le tenemos que dar a jueces y fiscales para que sancionen y castiguen a los violentos, y al Poder Ejecutivo para generar las políticas de prevención”.

Petri detalló los pormenores del proyecto de ley, con especial hincapié en “cortar el circuito del dinero de las barras”. “Es una buena señal agravar las penas a los empresarios y dirigentes que los protegen”, añadió, antes de calificar a las barras como “mafias enquistadas en el fútbol, verdaderas asociaciones ilícitas”. 

[LAS PENAS]

La ley, de exclusiva aplicación en eventos futbolísticos, prevé penas para quienes entre otras acciones introduzcan o porten armas o elementos usados para intimidar, violentar o agredir (dos a seis años de prisión), alteren el desarrollo de un partido (uno a cuatro años), provean entradas a barras (uno a tres años), vendan entradas sin autorización (uno a tres años), ofrezcan cuidado de vehículos en inmediaciones del estadio (un mes a cuatro años), entorpezcan los medios de transporte afectados al espectáculo (seis meses a tres años) y provoquen una avalancha (uno a tres años).

El proyecto prevé la prohibición de acceso a estadios para quienes cometan delitos en el marco del espectáculo futbolístico y la clausura del estadio cuando se incumpla con la restricción.
 

Las penas se agravan cuando los delitos previstos sean cometidos en grupo. En caso de que el condenado sea funcionario público, se lo inhabilitará para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. Además, incrementa un tercio las penas para delitos como homicidio, robo, lesiones, daños, incitación a la violencia y resistencia a la autoridad en partidos de fútbol.

El proyecto también establece penas para los miembros de comisiones directivas o subcomisiones de clubes y asociaciones que se hayan enriquecido ilícitamente desde la toma de su cargo y hasta dos años después de cesar su mandato, por sí mismos o a través de testaferros. De demostrarse el delito serán penados con dos a seis años de prisión, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos.

En el ámbito de las comisiones, el denominado "Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos" obtuvo dictamen de mayoría en Legislación Penal y Deportes.

En paralelo al texto del Ejecutivo, también se analizaron iniciativas de los diputados Daniel Scioli (FpV-PJ), Ivana Bianchi (Unidad Justicialista), Hugo Marcucci (UCR), Cornelia Schmidt Liermann (PRO), Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal), y Julio Solanas (FpV-PJ). 

Según los fundamentos, en el espíritu del proyecto de ley “subyace la férrea voluntad de terminar específicamente con lo que se conoce comúnmente como ´barrabravas´”. El objetivo del proyecto apunta a la persecución penal y al desfinanciamiento de dichos grupos a fin de imposibilitar su accionar. [El Teclado]