El diputado nacional por el Frrente para la Victoria-PJ, Horacio Pietragalla, denunció penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal, al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y al de Justicia, Gustavo Ferrari, por abandono de personas, seguido de muerte y estrago tras la muerte de diez personas en el incendio de la comisaria de Transradio, Esteban Echeverría.
Ocurrió el 15 de noviembre, en la Comisaría Tercera de Transradio, donde comenzó un incendio en la zona de los calabozos, en los que se encontraban detenidas irregularmente 27 personas. La seccional se encontraba en funcionamiento pese a que la Justicia había dictado una orden de clausura que inhabilitaba los calabozos -y ordenaba el traslado de los detenidos- y que no fue llevada a cabo por el Poder Ejecutivo Provincial. Finalmente murieron 10 presos.
En sus fundamentos, el legislador señaló que el incumplimiento de la medida generó que el titular del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Maffucci Moore, interviniera en un habeas corpus, en el marco del cual, el 30 de enero de 2018 dispuso el "inmediato traslado de la totalidad de los detenidos alojados en la referida dependencia policial y la prohibición de ingreso en orden a la clausura oportunamente dictada". Y que la resolución fue debidamente notificada al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia, a la Corte provincial y a la propia gobernadora.
"Estamos frente a la masacre en comisaría más grave de la historia, que puede repetirse en cualquier momento ya que la situación estructural es gravísima", manifestó el legislador.
Según la Comisión Provincial por la Memoria, la masacre de Echeverría "no fue un motín ni un accidente, fue un hecho previsible. Desde el año 2011 la comisaría 3ª estaba inhabilitada para alojar personas detenidas. Al momento de la masacre, tenía siete clausuras, seis por orden judicial y una por resolución Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el propio Ministerio desobedeció cada una de estas clausuras".
"Esta masacre también fue producto del hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta elementos de seguridad: la comisaría no contaba con colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes se encontraban vencidos y tenían colchones de gomaespuma, prohibidos por ser altamente inflamables y tóxicos.", sostuvieron desde el organismo que preside Pérez Esquivel. [El Teclado]
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