La diputada provincial Lucía Portos presentó el proyecto para que Buenos Aires adhiera a la ley que busca la “formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública”.

Portos, de Unidad Ciudadana, sostiene que “En el marco del crecimiento del movimiento de mujeres en Argentina gracias al cual las manifestaciones más brutales de violencia patriarcal tomaron mayor resonancia política, se logró visibilizar la ausencia de medidas y programas del Estado en razón de cumplir con sus compromisos internacionales sobre este tema”.
 

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Esa presión social de las mujeres organizadas consiguió llevar al Congreso de La Nación el proyecto que tiene por objeto principal: “capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones”. 

Para Portos La capacitación no puede ser entendida “como una mera elección de preferencia personal, sino a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió el Estado argentino al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
 

DATO: La ley 27.499 fue sancionada a fines del año 2018 y lleva el nombre de Micaela García, joven de 21 años que militaba en la agrupación Movimiento Evita de Gualeguay, Entre Ríos. Salió una noche a bailar y ya no volvieron a verla. Tras siete días de intensa búsqueda, la encontraron muerta. Micaela fue víctima de uno de los 295 femicidios registrados en 2017.

“Resulta necesario que en los tres poderes que integran el Estado de la Provincia de Buenos Aires se lleve adelante la sensibilización y capacitación con perspectiva de género, entendiendo que implica un paso previo indispensable para que se aborde de forma adecuada la gestión de políticas de prevención y asistencia para erradicar la violencia de género en todos sus aspectos”, sostiene la diputada.

Los gastos que demande la presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate.