El caso de Eliana Cecilia Romero, la mujer que increpó y pegó una cachetada a la docente Vanesa Segovia, es el primero en el que la Justicia aplicó la pena incorporada el año pasado al Código de Faltas bonaerense. Es que según el artículo 72 bis quien "hostigue, maltrate, tire objetos y realice cualquier otro acto que perturbe a un docente" podrá ser sancionado con una multa de entre 6 mil y 15 mil pesos. Y de haber cometido el hecho frente a los alumnos, podrá recibir hasta 30 días de arresto.

Después de la agresión ocurrida el viernes, la comunidad educativa se solidarizó con la docente en un abrazo a la Escuela Nº 46 y advirtieron que este tipo de hechos no deben naturalizarse. Las clases se suspendieron para "impulsar una reflexión colectiva en contra de las agresiones a los docentes".

Sin embargo, desde la Multicolor de Tigre (oposición al oficialista Roberto Baradel) apuntaron contra el intendente Julio Zamora y el massismo en general, "que pide encarcelar a la mamá y resolver todo dando botones antipánico a las maestras. Los funcionarios no dan respuesta. Y las que intentan, como la demonización de la madre o la insistencia en enfrentar a las familias con las docentes, no son el camino", advirtieron. 

"Denunciamos también la falta de reacción del gobierno bonaerense, sobre todo cuando el presidente Mauricio Macri, su ministro Esteban Bullrich, la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro Alejandro Finocchiaro promueven un discurso agresivo hacia las y los docentes, culpabilizándonos de la crisis que afecta a la escuela pública. En lugar de resolver el drama social del país que el gobierno ha PRO-fundizado", expresaron en un comunicado. 

Por eso, desde el Suteba local propusieron diez medidas contra la violencia social que se "cuela" en las escuelas. En primer lugar plantean "organizar el reclamo ante cada hecho, ya que no se lo debe considerar un problema individual sino social", hablando tanto con autoridades como con la dirigencia gremial. En segundo lugar, exigir a las autoridades que preserven, resguarden y acompañen a la docente afectada por violencia tanto física, como psicológica o simbólica".

En tercer lugar piden "garantizar que se debata en la escuela, con la comunidad y otros establecimientos del distrito" para construir acuerdos de convivencia y reflexión; a la vez que también consideran necesario "preservar a la familia o el alumna/o afectado por situaciones dramáticas como esta, rechazando la idea de que culpabilizando a la madre, el padre o familiar, se resuelven esta problemática".

En quinto lugar, pedir el pleno nombramiento de todos los cargos necesarios "para poder atender la diferentes problemáticas de las escuelas, como los EOE (Equipos de Orientación Escolar) de Secundaria, bibliotecarios y horas de estímulos para la doble jornada, entre otros". Por otra parte, piden "ponerle fin" a las descalificaciones oficiales y mediáticas sobre el trabajo docente y rechazar las medidas punitivas o de "premio y castigo". 

El punto número ocho prevé avanzar con la creación de un protocolo ante la creciente violencia que se "cuela" en las escuelas, con la participación democrática de los y las trabajadoras de la educación, los alumnos y la comunidad educativa. Asimismo, piden "debatir en serio" las causas de la violencia y tomar medidas sobre las partidas presupuestarias, los subsidios a la educación privada, los sueldos docentes y las mejoras edilicias.

Por último, desde el Suteba llaman a "exigir al gobierno que se aborde realmente la inclusión, distribución de la riqueza, las políticas públicas sociales y las redes institucionales que deberían acompañar al docente. No habrá pena o prisión que la frenen si no se avanza sobre la violencia social y el sistema económico-social capitalista que la genera". [ET]