El exjuez Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, denunció penalmente al juez Federal Sergio Gabriel Torres, por haber falseado información relativa al cumplimiento del artículo 181 de la Constitución Provincial, lo cual podría determinar la anulación de su flamante designación como ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

El mencionado artículo dispone que “para ingresar al Poder Judicial debe justificarse dos años de residencia inmediata en la Provincia. Para justificar dicho recaudo, Torres habría presentado una “información sumaria” ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 16 de San Isidro, el 18 de marzo de 2019, oportunidad en la que compareció manifestando que tiene “residencia habitual desde hace más de dos años en forma inmediata en el domicilio sito en la calle coronel Morales 1470, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires", algo que 'corroboraron' dos testigos, aunque a esa fecha, el edificio en cuestión, donde Torres habría afincado su domicilio estaba en construcción.

De acuerdo a la denuncia de Arias, dicha información es falsa ya que “su domicilio real es en la calle P. Morán 3628, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, de acuerdo a lo que consta “en el Registro Electoral (ficha completa del elector), en donde se indica que este domicilio rige al menos desde el 25-9-2008, esto es, desde hace más de diez años”.

“Del Registro de infractores de la Justicia Nacional Electoral, se obtiene que el ciudadano Torres Sergio Gabriel ha votado en las elecciones generales del 22 de octubre de 2017 y en las primarias del 13 de agosto de 2017, en la Capital Federal. Igualmente lo ha hecho en las elecciones del 25 de octubre de 2015 y en el ballotage del 22 de noviembre de 2015, siempre en Capital Federal. Además, según la publicación del diario Ámbito Financiero, en su edición impresa del 25-02-2019, el Dr. Torres también habría sido propuesto para el cargo de juez en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, el artículo 112 de la Constitución de la CABA establece que para ser miembro de dicho tribunal se requiere una residencia inmediata en la Ciudad no inferior a cinco años”, fundamenta Arias su presentación.

El ex juez, también precandidato a intendente de La Plata, agrega que “verificando en Google el domicilio indicado en la información sumaria (Coronel Morales 1470, de Tigre), puede advertirse que se trata de un edificio en propiedad horizontal que consta de doce pisos. Curiosamente en la información sumaria, presentada por el Dr. Torres, no se indica piso ni departamento alguno” y, al respecto, señala que “siempre a través de Google, se aprecia numerosa publicidad en relación al edificio de la calle Morales 1470. En particular, lucen fotografías de la obra en construcción, con la mención de que la captura de imágenes data del mes de julio de 2017, o sea que resulta imposible que fuera residencia del Dr. Torres desde dos años antes a marzo de 2019”.

Por todo ello, Arias expone que, para el caso de Torres, le caben los delitos de “falsedad ideológica” –cuya pena es la reclusión o prisión de uno a seis años– e “instigación al falso testimonio” –que, además de la pena, impone la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo del de la condena– y, para quien formuló la propuesta, es decir el Poder Ejecutivo y más precisamente la gobernadora María Eugenia Vidal, una multa de entre $ 750 y 12.500, e inhabilitación especial de seis meses a dos años, pena que también alcanza a quien aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales; es decir, el propio Torres.