Los Centros de Ex combatientes de Berisso y La Plata (CEVECIM Y CECIM), denunciaron el otorgamiento de pensiones apócrifas a personal militar que participó en Malvinas y advirtieron que, buena parte de esos beneficiarios, fueron procesados o condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

En este marco, las instituciones que nuclean a ex soldados conscriptos de la región Berisso, Ensenada y La Plata, solicitaron a la legislatura provincial que, de manera urgente, envíe al Poder Ejecutivo Provincial un pedido de informes para que se determine cuál es el número de beneficios que otorga la Ley 12006 y sus modificatorias.

Vale recordar que, originalmente, este beneficio había sido otorgado para los ex soldados conscriptos y civiles que participaron en la guerra de Malvinas “en efectivas acciones de combate”: Sin embargo, a partir de la modificación que incluyó al personal de cuadros de las FF.AA, el número de beneficiarios alcanzó una cifra “astronómica” que llega a las 7000 pensiones otorgadas por el Instituto de Previsión Social Provincial (I.P.S).

En este contexto, desde CECIM Y CEVECIM aseguraron que “no hay justificación alguna” que compruebe que en el año 1982 hubiese esa cantidad de militares viviendo en territorio bonaerense. “Para acceder al beneficio tendrían que demostrar su domicilio con anterioridad al 2 de Abril de 1982 en la Provincia”, adelantaron.

“La información de las 7000 pensiones honoríficas para militares no cierra por ningún lado. Ese número es injustificable y desde los organismos adelantamos que puede haber maniobras que ponen en riesgo al erario público y el financiamiento del sistema previsional provincial”, denunciaron.

La ley 14486 reconoce  a los ex soldados conscriptos como ciudadanos ilustres de la Provincia de Buenos Aires, otorgándoles con una pensión distinguida. El número de beneficios otorgados supera poco más de 3500 pensiones, cifra que, dicen, está acorde con la población histórica de "colimbas" que vivían en la provincia en aquellos años.
 

“La información de las 7000 pensiones honoríficas para militares no cierra por ningún lado. Ese número es injustificable. Pensamos que puede haber maniobras que ponen en riesgo al erario público y el financiamiento del sistema previsional provincial”, denunciaron los ex combatientes.

“Es inexplicable que en la Provincia más de 7000 militares justifiquen su domicilio anterior al 2 de Abril de 1982: sospechamos que estamos ante la existencia de mecanismos apócrifos utilizados para acceder al beneficio y es por ello que exigimos la revisión total de estas pensiones”, advirtieron desde las instituciones.

Del mismo modo, manifestaron que “los militares que participaron en la guerra de Malvinas formaron parte del aparato represivo que asoló nuestro país durante la última dictadura militar, muchos de ellos fueron condenados o están procesados por violaciones a los DD.HH”

“La condición para tener el beneficio es que no se encuentren procesados o hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o sancionados por actos de incumplimiento de sus deberes durante la guerra de Malvinas, circunstancia que de ocurrir con posterioridad a la sanción de la presente, hará caducar el beneficio”, expresaron los ex combatientes.
 

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“Hemos detectado que el I.P.S no realiza ningún procedimiento de control sobre el otorgamiento y continuidad del beneficio otorgado y -en la actualidad- hay beneficios vigentes de militares condenados y procesados”, denunciaron.

Según detallaron, uno de los casos detectados es el del Capitán de Corbeta Daniel Eduardo Robelo, condenado por delitos de lesa humanidad, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio de 123 personas, en el marco del juicio “Base Naval 3 y 4″ de Mar del Plata.

Al mismo tiempo mencionaron al Mayor FF.AA Higinio Rafael Robles, condenado a prisión perpetua como coautor material del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, e inhabilitación absoluta y perpetua por el asesinato del abogado y político radical de Villa Mercedes Provincia de San Luis, Dante Bodo. actualmente detenido en el Servicio Penitenciario Provincial de San Luis. [El Teclado]