La Jueza de Paz de San Vicente, Julieta Ormaechea, fue suspendida por maltratar a víctimas de violencia de género y cometer serias irregularidades en la tramitación de causas.

La magistrada fue licenciada por noventa días a raíz del expediente iniciado por la denuncia del Procurador General de la provincia de Buenos Aires –Julio Conté Grand-, en el que constan los maltratos e insultos a los que sometía a las víctimas de violencia de género que concurrían al Juzgado y las serias irregularidades en el ejercicio de su función, que incluyeron –entre otras cosas- la quema de expedientes relativos a la materia.
 

Frases como “¿usted es tarada?”, “vuelva con él y déjese de molestar”, constituyen un claro ejemplo de los insultos y el maltrato al que eran sometidas las mujeres, que no sólo no encontraban en el sistema judicial la protección necesaria, sino que eran revictimizadas por la jueza.

Por otra parte, la exigencia de patrocinio letrado en etapas procesales de un proceso por violencia de género en las que éste no es necesario, el sometimiento a la víctimas a instancias de la mediación con los violentos y otras cuestiones que figuran en el sumario que se instruye en la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte, ponen de manifiesto la inobservancia de las normas de carácter nacional e internacional de protección integral hacia las mujeres en las que incurrió la magistrada.

[OTROS CASOS]

Sin embargo, este caso es sólo una muestra de lo que ocurre cotidianamente en un sistema judicial moldeado por el patriarcado, que maltrata y revictimiza a las víctimas de violencia de género.

Cabe recordar que en el año 2017, una empleada del Juzgado de Familia de Olavarría, junto a la Asociación Judicial Bonaerense, denunció al Juez Claudio García por acoso sexual y violencia laboral y solicitó el apartamiento preventivo del magistrado mientras se sustanciaba el proceso. A pesar de la contundencia de los hechos denunciados, ni la Suprema Corte ni el Jurado de Enjuiciamiento –presidido en ese entonces por Hilda Kogan- resolvieron el apartamiento con la celeridad que el caso requería. El avance del jury hoy encuentra a García a un paso de la destitución.
 

#Judiciales l Ordenaron restituir a la trabajadora que denunció por acoso sexual y violencia laboral al juez de Familia de #Olavarría, Claudio García | El magistrado permanece apartado tras un procedimiento iniciado por la @AJBOficial
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— El Teclado (@ElTecladoOK) 18 de junio de 2018

Otro ejemplo que pone claramente de manifiesto la conducta corporativa del Poder Judicial lo constituye el caso de Rodrigo Cataldo. El titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata y actual Presidente del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, fue denunciado por el sindicato por ejercer violencia laboral y de género, y por cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, la Suprema Corte desestimó la denuncia y demora desde noviembre de 2017 en resolver el recurso formulado por la AJB denunciando irregularidades en el proceso y reclamando la efectiva participación de la víctima en el mismo. Asimismo, el Consejo de la Magistratura, la gobernadora María Eugenia Vidal y el Senado bonaerense rubricaron la designación del magistrado violento como Juez de Cámara de Mar del Plata, ignorando las denuncias que pesaban sobre Cataldo.
 

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Esta serie de decisiones institucionales ponen en evidencia el entramado de complicidades entre el Ejecutivo Provincial, legisladorxs, magistradxs y la propia Suprema Corte que priorizan acuerdos políticos por sobre las necesidades de las víctimas.

La Asociación Judicial Bonaerense exige un Poder Judicial con perspectiva de género, la democratización del sistema de selección de magistradxs, la implementación de la Ley Micaela para la capacitación obligatoria en materia de género en los tres poderes del Estado, la inclusión de la perspectiva de género en los procesos y sentencias judiciales a fin de darle una respuesta rápida e integral a las víctimas, y la expulsión de lxs magistradxs violentxs.

Asimismo, exige el reconocimiento por parte de la Suprema Corte de las demandas que en materia de género ha presentado la Asociación Judicial Bonaerense, entre ellas la implementación de la licencia laboral por violencia de género, sistemáticamente negada a las trabajadoras judiciales pese a que es ley en la provincia de Buenos Aires. [El Teclado]