Más de 200 familias de los actuales municipios de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, enfrentan un conflicto judicial que lleva 50 años: disponer de las viviendas que compraron de buena fe, donde se les reclama el pago de una deuda ilegítima.

Es por este motivo que vecinos afectados y representantes de las familias perjudicadas mantuvieron un encuentro con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Marisol Merquel; el diputado provincial Carlos Urquiaga; los concejales de Morón, Hernán Sabbatella y Juan Carlos Martínez; y Gabriel Barquero, precandidato a concejal del mismo distrito por el Frente de Todos.
 

TE PUEDE INTERESAR Vecinos de Morón apuntan al intendente Tagliaferro por el posible desalojo de 140 familias

En este sentido, Barquero afirmó que algunos vecinos “Compraron sin saber de los embargos y contaron con resoluciones favorables, sin embargo, actualmente aún quedan alrededor de 200 propietarios que continúan con embargos sobre sus viviendas como producto de este conflicto judicial”. Y comentó: “Desde mediados de la década del ’90, los actuales propietarios son intimados por abogados que compraron el juicio y reclaman el pago de la obra, en una situación injusta para los vecinos”.

Por su parte, Hernán Sabbatella afirmó: “En el HCD de Morón estamos presentando un proyecto de Preocupación y le pedimos al Intendente que asuma la responsabilidad para representar a los vecinos“.

Por último, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados bonaerense, Marisol Merquel, sostuvo: “Es importante que trabajemos desde todos las instituciones del Estado para construir una agenda conjunta donde logremos solucionar el reclamo de familias que, hace años, se ven seriamente perjudicadas”.

[DE QUÉ SE TRATA]

 Entre los años 1968 y 1970, se ejecutó de común acuerdo entre la municipalidad de Morón y la empresa Enrique Ford S.A. una obra de pavimentación en diferentes barrios. La empresa resultó adjudicataria de la obra mediante una contratación directa formalizada por decretos emitidos por el municipio, sin control del Concejo Deliberante, entonces inexistente, y sin procedimiento licitatorio alguno.

Luego de varias transformaciones societarias, la empresa interpuso acciones judiciales a los actuales propietarios, que habiendo adquirido los inmuebles afectados mediante escritura pública que no reconocía la existencia de deudas pendientes, se vieron luego afectados por el pago de sumas que, con las actualizaciones por tiempo e intereses, alcanzan montos exorbitantes que en muchos casos superan incluso el valor del inmueble. [El Teclado]