El Suteba comunica su postura en relación al censo provincial de matrícula educativa 2017, por lo que los equipos de conducción de las escuelas están siendo notificados para llevar adelante su ejecución en todo el territorio bonaerense.
En primer lugar, se presenta como una definición de la DGCyE, en la cual no se da ninguna argumentación del sentido del trabajo al que se nos convoca, ni se explicitan los objetivos del relevamiento. De ese modo se transforma en un instrumento más de burocratización de la tarea docente, que no fortalece la construcción de educación de calidad.
Incluso se pretende que su cumplimiento sea acatado disciplinadamente, bajo apercibimiento, tal como reza el anexo de la resolución correspondiente "nn cumplimiento de sus funciones, los censistas designados deberán contar con la plena colaboración de los titulares de cada establecimiento, quienes deberán impartir las instrucciones que sean menester bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones correspondientes".
Plantea unos plazos perentorios y de corto tiempo para la confección de las planillas. En las mismas se solicita una vez más información sobre los/as estudiantes, la que en su mayoría ya está relevada por la DGCyE en la cédula escolar. La misma que confeccionan y actualizan los secretarios de cada establecimiento en cada ciclo lectivo. Además tampoco se aclara si la información relevada será pública o no, ya que se requiere nominalización de los estudiantes de toda la institución.
Esta solicitud significa una sobrecarga laboral para los docentes con estudiantes a cargo, que por la razón antedicha no tiene sentido alguno, dado que la DGCyE ya cuenta con la información.
En el caso del único ítem, en el que se solicita por primera vez en toda la Provincia, el modo en que los/as estudiantes se trasladan entre la escuela y sus hogares, podría perfectamente relevarse, agregando un ítem a la cédula escolar y actualizarlo en un plazo adecuado que no signifique ningún estrés institucional agregado a la ya compleja vida de nuestras escuelas.
Estamos de acuerdo con el relevamiento y actualización periódica de la información necesaria para avanzar en una planificación de políticas públicas y Financiamiento. Los que deben destinarse prioritariamente para que niños/as y jóvenes, que asisten a las escuelas de todo el territorio bonaerense, tengan garantizado el derecho a la educación en condiciones dignas. Asimismo se destinen al cumplimiento integral de todos los derechos de docentes y estudiantes.
No acordamos con que ahora se destinen fondos especiales ($4.009.000) que FALTAN en las escuelas para que funcionen en condiciones dignas. Ni estamos de acuerdo que su destino sea para realizar un relevamiento que reduplica esfuerzos que ya se hicieron y que implica una sobrecarga laboral para los docentes y equipos directivos.
Un censo que sin tener un objetivo clarificado se impone autoritariamente, atenta contra la democratización de la Educación. [ET]