El domingo, después de la jornada de trabajo en el cordón frutihortícola de La Plata, Reynaldo se fue a cenar a la casa de su hermano; a la noche, cuando volvía hacia su domicilio, tres agentes de la Bonaerense a bordo de una camioneta del Comando de Patrulla lo persiguieron hasta la puerta de su vivienda. En ese momento, los policías se bajan del móvil y comienzan a golpearlo; primero dentro de la camioneta, luego lo arrastran hacia el suelo donde continúan dándole golpes de puños, patadas en la cabeza y también lo agreden con la tonfa. A medida que lo golpeaban, los policías emitían todo tipo de insultos y comentarios racistas y humillantes. En ningún momento Reynaldo opuso resistencia. 

Las agresiones terminaron cuando llegó un patrullero de la Comisaría 7ª que lo trasladó detenido hasta una dependencia de Berisso. Los agentes policiales nunca explicaron los motivos de la detención y el secuestro de la camioneta. Recién el lunes a las 6 de la tarde, y después de declarar en la fiscalía, fue liberado. 

Luego de reunirse con la víctima, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció penalmente el hecho y realizó una presentación a Asuntos Internos del Ministerio de Justicia de la provincia y otra al INADI por el fuerte carácter xenófobo y racista de la agresión policial. En la denuncia penal, el organismo señala que se trató de una detención arbitraria que deja en “evidencia el despliegue irrazonable, desproporcionado y ostensiblemente ilegal de una violencia teñida de manifestaciones racistas por parte de funcionarios policiales”. 

En las presentaciones también se advierten las inconsistencias en los motivos que provocaron esta intervención policial. En primer lugar, se dijo que Reynaldo había chocado el móvil policial; sin embargo, la camioneta de la víctima no presentaba ningún golpe que acredite el accidente. También se dijo que se trataba de una averiguación de identidad en el marco de una denuncia por hechos delictivos de la zona, pero la camioneta que se buscaba no coincidía en marca ni color con la de Reynaldo. 

Las irregularidades y arbitrariedades en este caso están a la vista pero lo más preocupantes es que son expresión, a su vez, de una gravedad aún mayor: la persecución sistemáticas que sufren las comunidades migrantes en Argentina por su condición de migrantes. Todo esto se ha profundizado con la puesta en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 a principios de este año, que reformó la ley de migraciones, vulnerando garantías y derechos constitucionales y asumiendo una perspectiva xenófoba que asocia los índices de criminalidad con la nacionalidad de las personas.

Desde el primer momento, la CPM denunció la inconstitucionalidad del DNU y realizó, junto a la Red de Inmigrantes Latinoamericanos y la Coordinadora Migrante, una serie de actividades y charlas para difundir el carácter reaccionario e ilegítimo de la reforma. Esa denuncia también fue presentada ante la ONU que realizó un fuerte cuestionamiento al Estado argentino por la regresividad del decreto que criminaliza a los migrantes. [ET]