La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció casos de hacinamiento, sobrepoblación y torturas en los calabozos de la comisaría 1ª de Florencio Varela, al tiempo que aseguró que esa dependencia policial tiene casi una decena de resoluciones judiciales incumplidas de inhabilitación para alojar personas.

La denuncia realizada sostiene que, luego de una inspección donde se constató "las graves condiciones de detención",  el organismo provincial  "reclamó el traslado de todos los detenidos y la efectiva clausura de la comisaría" y "también envío un informe preliminar para notificar la situación al Comité nacional de prevención de la tortura".

El jueves pasado, las personas detenidas en esa comisaría realizaron una protesta para pedir mejores condiciones de alojamiento y el traslado a otras dependencias, y denunciaron amenazas y maltrato policial.

La CPM sostuvo en un comunicado que en el registro de la Corte bonaerense “hay ocho resoluciones judiciales en las que se decide el traslado de las personas privadas de la libertad de esa seccional. En la última, de junio del año pasado, el Tribunal Criminal 2 de Quilmes había ordenado, en el marco de un habeas corpus, la clausura de la comisaría. Antes de las clausuras, la policía había establecido un cupo para 18 personas, aunque en el lugar no había camastros y la gente dormía en el piso”.

“El jueves 12 los detenidos iniciaron un pequeño fuego con un pedazo de colchón que rápidamente fue extinguido por bomberos locales. Luego de ese conflicto, el comisario de la seccional solicitó el ingreso del grupo antimotines, que golpeó y trasladó a los siete detenidos que iniciaron la protesta. Las restantes 35 personas alojadas en la dependencia también fueron víctimas de amenazas y golpes”, detallaron en el organismo presidido por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

“Quienes continuaban alojadas allí lo hacían en condiciones inhumanas de hacinamiento extremo, sin duchas y con sólo una letrina en cada sector. No accedían a la luz natural ni patio; tampoco accedían a comunicaciones telefónicas. Algunos detenidos denunciaron que llevaban más de tres meses reclamando a los guardias una comunicación con su defensor oficial”, se denunció.  

“El Estado provincial debe revertir la política criminal e implementar políticas urgentes para evitar nuevas masacres, como las ocurridas en la comisaría 1ª de Pergamino, donde murieron 7 personas, y en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría donde murieron 10 personas. Todos los días hay nuevas advertencias que los funcionarios provinciales desoyen poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas bajo su custodia”, advirtió la CPM haciendo foco en el Ejecutivo bonaerense  [El Teclado]