El Tribunal de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires que esta semana debía tratar la apertura del juicio político contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, no alcanzó el quórum para sesionar.

Los legisladores de la coalición oficialista Cambiemos y del Frente Renovador no fueron a la audiencia, y no se definió aún una nueva fecha de convocatoria para volver a tratar el pedido de jury sostenido por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto a otros organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales. 
 

El fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello está procesado por delitos de lesa humanidad; sin embargo sigue sorteando el inicio del juicio político en su contra.

Desde la CPM aseguran que "se trata de una nueva maniobra dilatoria que le permite al fiscal continuar en su cargo. Esta medida también muestra la protección política que permite la impunidad de Fernández Garello. En estos tres años, desde que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la justicia documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que prueban de manera contundente la participación del actual fiscal en crímenes de lesa humanidad, no hubo intención política de avanzar con el jury".

El Tribunal de enjuiciamiento ya había decidido en 2017 archivar el primer pedido de juicio político; en ese entonces, Fabián Fernández Garello era investigado en la justicia pero no estaba procesado. Su situación procesal cambió en abril pasado cuando el Juzgado Federal 2 de San Martín decidió su procesamiento en la causa que investiga la detención ilegal de tres militantes del Partido Comunista, ocurrida el 23 de julio de 1981.
 

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Por su parte, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, también intervino a favor del fiscal de Mar del Plata para garantizarle impunidad: el año pasado decidió archivar el trámite disciplinario contra el funcionario que había sido impulsado por la CPM. Para esta audiencia, en base a una apreciación errónea de la ley 13.661 de enjuiciamiento de magistrados en la Provincia, el procurador presentó un dictamen para deslindar a Fernández Garello de las acusaciones que motivan el juicio político.

"La ausencia de los legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador, que no dieron quórum para realizar la sesión de esta tarde, debe inscribirse en una estrategia de dilación que pretende postergar innecesariamente la resolución de un conflicto de gravedad institucional. La permanencia de Fabián Fernández Garello en un poder del Estado es incompatible con la democracia", aseguraron desde el organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel.

Este jueves, en la radio abierta convocada por la Comisión por Ana María Martínez ( militante del Partido Socialista de los Trabajadores, asesinada por los militares el 4 de febrero de 1982) su cuñada Carmen Mudrovich, señaló que “es importante que estemos movilizados porque este señor Garello fue protegido por más de 20 años por todos los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires y una vergüenza mayor que el fiscal Conte Grand archivó la causa del Jury. Tuvimos que luchar para que desarchive esa causa”. 

Por otro lado, el dirigente del Nuevo MAS La Plata, Eric “Tano” Simonetti, planteó que “más de 40 años después seguimos en la lucha, sin naturalizar que la justicia tenga personajes nefastos como estos, que garantizan la continuidad de la represión y la impunidad patronal. Por eso esta lucha por acabar con la impunidad, por reivindicar la militancia socialista y revolucionaria de Ana María y tantos otros compañeros tiene que seguir adelante y hoy tiene que ser un paso para encarcelar a este genocida”. 

El juicio político fue pedido, además de la CPM, por los siguientes organismos: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Comisión de familiares amigos y ex compañeros de Ana María Martínez, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Mar del Plata, Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Federación Judicial Argentina (FJA), Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo—Línea Fundadora. También acompañan el pedido miembros del Club Atlético Deportivo Paraguayo y los hermanos Boris y Dimitrov Casanova Chávez, una de las familias de exiliados chilenos que fueron perseguidas por la DIPPBA y que integraban en aquel momento el club Unión Chile Argentina. [El Teclado]