El año pasado el juez Alejandro Daniel Esmoris habilitó el 2x1 al represor Guillermo Duret, condenado por el crimen del militante Carlos Labolita. Cuando el juez le dictó el beneficio, hizo ante la cámara del fotógrafo Marcelo Nuñez la seña que los encarna de pies a cabeza: Fuck You. 

Luego, votó a favor de recalcularle la pena a Rufino Batalla, un genocida que actuó en el centro clandestino de detención platense conocido como La Cacha.

Además, intervino en la megacausa contra los genocidas que actuaron en la Base Naval, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y la delegación Prefectura de Mar del Plata. El juicio se desarrolló en diferentes etapas y en el fallo dictado en febrero de 2016 donde se condenaba a nueve militares a prisión perpetua y otros tres a 8, 10 y 12 años, finalmente la mayoría salió beneficiado con el arresto domiciliario.

Ayer, el juez federal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, hizo lugar al pedido de la defensa de los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy y resolvió en favor de la aplicación del cómputo conocido como “2x1” para el período en que estuvieron detenidos en prisión preventiva, a partir del precedente “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La Unidad Fiscal Federal en materia de Derechos Humanos de la jurisdicción, a cargo de Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, se había opuesto a la solicitud.

La resolución se produjo ante el pedido de Fernández y Dupuy, quienes fueron condenados en 2010 -mediante sentencias que se encuentran firmes- a 25 años de prisión y a prisión perpetua, respectivamente, por su participación en torturas y homicidios cometidos en la Unidad Penal N°9 de La Plata. En el fuero federal los tribunales orales se encuentran a cargo de la ejecución de la pena, y para las sentencias que se encuentran firmes las resoluciones se producen de manera unipersonal.

Según plantea Fiscales.gob.ar, el TOCF N°1 había rechazado alrededor de quince planteos similares desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2x1 a Muiña este año, desatando una catarata de protestas y manifestaciones que culminaron con una Plaza de Mayo colmada, y una ley del Congreso que, evidentemente, es al menos cuestionable por su practicidad.

En cada uno de esos quince planteos, con los votos de Pablo Vega y Germán Castelli; en tanto que Esmoris se había expedido en línea con lo que resolvió ahora, incluso antes del fallo del Máximo Tribunal: en febrero y abril de este año tuvo la misma postura en los procesos que alcanzaron a los represores Víctor Ríos -ex jefe de Seguridad de la cárcel en cuestión- y del guardiacárcel Catalino Morel, en febrero y abril de este año. Las dos decisiones fueron recurridas por la Unidad Fiscal platense ante la Cámara Federal de Casación Penal. [ET]