Domingo Alberto Corillano llegó a juicio detenido. En 2009, después de una seguidilla de violaciones, la policía allanó su taller y encontró un arma de fuego, una navaja y muchas medias de nylon, que el acusado usaba para impedir que sus víctimas lo reconocieran.

El entonces apodado "sátiro de los can can" tenía un modus operandi: actuaba siempre en la Zona Norte de La Plata, Gonnet y City Bell, agarraba a las mujeres por el cuello y les tapaba los ojos con una bufanda. Después las inmovilizaba -a veces usando un arma de fuego o un cuchillo-, las humillaba y las violaba. 

Las víctimas declararon sin público. Las vejaciones eran humillantes, Corillano les preguntaba por sus parejas, hijos y familia mientras las forzaba y una vez que cumplía su cometido, las hacía irse del lugar sin mirar atrás.

Cintia (G.Z.), una de las víctimas, fue abusada el 26 de octubre de 2008 y en el debate oral calificó el hecho como su "peor pesadilla". En esa oportunidad, un vecino de la zona logró divisar el auto Ford Falcon de Corillano cuando éste regresó a la zanja donde había violado a Cintia para recoger su navaja y una bufanda. El hombre, aficionado de la quiniela, recordó la patente. Con ese dato la policía allanó luego el taller del violador.

Para el fiscal Martín Chiorazzi, "no hay excusa alguna" ni eximientes para el acusado. Por eso pidió 50 años de recluisión y mencionó como agravantes el "grave daño psicológico y moral" de las víctimas, el nivel de violencia ejercida, los tratos "sádicos, hummillantes e inhumanos" a los que Corillano sometía a sus víctimas y sus antecedentes penales. 

Chiorazzi recordó al TOC -integrado por los jueces Germán Alegre, Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Bruni- que si se sumaran todos los años correspondientes por cada delito cometido, llegarían a una pena de más de 94 años de prisión. 

Por su parte, la defensora oficial Cecilia Cicar no cuestionó las pruebas de autoría ni la materialidad ilícita en ninguno de los casos, salvo en uno -que fue tentativa- ya que para ella no quedó debidamente acreditado.

Aunque reconoció que su defendido es culpable, aseguró que "el Estado se mostró absolutamente inoperante" durante los años en que Corillano estuvo detenido, y que "solamente lo guardó, lo encerró, pero no hace nada para revertir la situación". 

Por último, cuestionó los años de pena pedidos por el fiscal ya que en los casos de genocidio el máximo es de 25. Además, recordó que por la edad del imputado nunca llegaría a cumplir la condena, y objetó que la figura de reclusión está "virtualmente inhabilitada". El veredicto -que se perfila como sentencia- será dictado el próximo viernes 30 en horas del mediodía. [ET]