El diputado provincial Guillermo Escudero presentó un proyecto de ley para frenar el aumento de tarifas. En ese marco solicita que se suspenda todo incremento en el precio de las tarifas de electricidad, agua potable y cloacas desde el 27 de octubre del 2019 hasta tanto no asuman las nuevas autoridades en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

“Las empresas prestadoras de servicio fueron las más beneficiadas con las políticas nacionales y provinciales implementadas por Cambiemos, se permitieron aumentos de tarifas exorbitantes, que no se vieron reflejadas  en la mejora del servicio para vecinos y vecinas. Inclusive durante todo el verano 2019 se sufrieron cortes inadmisibles teniendo en cuenta la tarifa que hoy pagamos los usuarios”, señaló el diputado.
 

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La Constitución Provincial en su Art. 38 reza: “Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz".

"Cuando el servicio es monopólico como en el caso de la electricidad en la Región Capital y no puede ejercerse el derecho de libre elección, es el Estado quien debe redoblar esfuerzos en el control de la prestación de los servicios, como ocurre en todas las democracias modernas”,  aseguró Escudero. 

El proyecto de ley presentado en la cámara de diputados, basa su fundamento en la reforma constitucional de 1994 donde se legitima a los usuarios y consumidores.

Cabe aclarar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus fallos prioriza el principio de razonabilidad a favor de los usuarios. “Resulta evidente que el decreto firmado por la gobernadora tras el resultado electoral es un beneficio exorbitante más a favor de las empresas prestadoras sin ningún justificativo razonable que fundamente semejante incremento contra los bonaerenses”.  expresó Guillermo Escudero. 

Debido al inesperado aumento de tarifas, sumado a las condonaciones, ayudas y recomposiciones otorgadas a las empresas prestatarias durante estos cuatros años es que este proyecto de ley busca revisar las políticas públicas en favor de los ciudadanos y ciudadanas: “No hay en este decreto, ni en los hechos,  justificación de inversión en obras. No hay mejoras en los salarios relativos de los y las bonaerenses que deben asumir los aumentos previos y este último, firmado en condiciones de dudosa legitimidad política”, concluyó Escudero. [El Teclado]