Este viernes se cumplió un año de la masacre de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría. Un incendio en la celda 1 dejó diez muertos y dos sobrevivientes. Hasta el momento, no hay ningún imputado. Sin embargo, todas las pruebas que constan en la investigación judicial apuntan hacia un mismo lugar: la responsabilidad funcional, política y penal de las máximas autoridades de la cartera de Seguridad bonaerense.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a nueve de las diez familias de las víctimas fatales, viene insistiendo desde el principio en investigar esas responsabilidades y pide que se llame a declaración indagatoria al actual ministro de seguridad, Cristian Ritondo, y a Fabián Perroni, jefe de la policía bonaerense al momento de la masacre. 
 

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Los dos funcionarios —uno como máxima autoridad ministerial y otro policial— tenían el deber de garante de la vida e integridad de las personas detenidas, y la capacidad de control y planificación para resguardar, con medidas efectivas, la integridad y seguridad de los detenidos. Al mismo tiempo, conocían sobradamente las graves condiciones de detención en la comisaría 3ª, sabían del riesgo inminente para la vida de las personas allí alojadas y no hicieron nada.

Por esta situación, la CPM solicita que se impute a Ritondo y Perroni por los delitos de abandono de personas seguido de muerte y violación de los deberes de funcionario público. El titular de la Unidad Fiscal 4 de Lomas de Zamora descentralizada de Monte Grande, Fernando Semisa, deberá resolver este pedido.

[LOS HECHOS]

En la madrugada del 15 de noviembre se produjo un incendio en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría que terminó con diez muertos: dos en el lugar y ocho en hospitales durante los días siguientes. La mayoría eran jóvenes, detenidos por primera vez y por delitos con pena de expectativa baja. Algunos llevaban hasta varios meses detenidos, aun cuando las comisarías no están habilitadas para alojar personas por más de 48 horas.
 

Desde el año 2011 la comisaría 3ª de Esteban Echeverría estaba inhabilitada para alojar personas detenidas. Sin embargo, aquella madrugada había 27 personas donde -según la misma policía- antes de la clausura sólo había cupo para 10. Los detenidos debían turnarse para dormir en frazadas que tiraban en el piso. 

El hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta de elementos de seguridad provocaron la peor masacre en comisarías del país. La comisaría no contaba con colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes estaban vencidos y había colchones de gomaespuma, prohibidos por ser altamente inflamables y tóxicos. 

Cuando, esa madrugada, prendieron fuego unas mantas en señal de reclamo ante una arbitrariedad policial, todas las condiciones estructurales desataron un incendio mortal. Las condiciones eran tan siniestras que, a pesar de haber un cuartel de bomberos al lado de la comisaría, ni siquiera el auxilio inmediato podía evitar el desenlace final.

[LA PROVINCIA]

Todo esto era conocido sobradamente por las autoridades mencionadas. Al momento de la masacre, la comisaría tenía siete clausuras: una por resolución del propio Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y seis por orden judicial (cinco de ellas durante la actual gestión de Ritondo). Sin embargo, el propio Ministerio desobedeció cada clausura. La desobediencia del ministro es de larga data. Desde su asunción tomó conocimiento del estado de las comisarias y las graves violaciones de derechos humanos que allí se ejecutaban mediante diferentes actuaciones judiciales y, especialmente, en un expediente en trámite ante la Suprema Corte provincial. 

Cristian Ritondo estuvo anoticiado personalmente en la audiencia celebrada ante el máximo tribunal provincial. Incluso, en su propio descargo ante la Corte bonaerense, reconoció los déficits de las comisarías como lugares de detención, la falta de medidas de prevención y la necesidad de dar respuestas urgentes.

Después de la masacre de Pergamino ocurrida en marzo de 2017, donde murieron siete personas, la Corte llamó a Ritondo y al ministro de Justicia Gustavo Ferrari y los intimó a presentar un plan de reforma. Una vez más, pese a las reiteradas notificaciones e intimaciones judiciales, el Ministerio a su cargo no dio respuestas que permitieran revertir esta situación. 
 

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Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre comisarías, por la misma razón, también fueron desobedecidas. En este trámite, la desidia o la decisión política criminal de privilegiar la prisionización por sobre la integridad de las personas detenidas quedó explicitada de manera clara: el relator de personas privadas de la libertad de la CIDH estuvo en La Plata en 2018 y llamó a Ritondo a una mesa de diálogo a la que Ritondo ni Perroni concurrieron.

También Nils Melzer, relator sobre torturas de Naciones Unidas, elevó un duro informe al gobierno provincial advirtiendo sobre las graves violaciones de derechos humanos que ocurrían en las comisarías provinciales. 

En el expediente judicial, que lleva el fiscal Semisa, declararon como testigos más de 20 funcionarios, desde el jefe distrital hasta el superintendente de planeamientos y operaciones. Todos coincidieron en describir las acciones de su área como de “mera gestión”, sin posibilidades de realizar cambios estructurales en las condiciones en que se encuentran las comisarías y los detenidos alojadas en ella. También señalaron que la función de coordinación para el alojamiento en distintas dependencias policiales “cayó en desuso hace bastante tiempo ya que no hay plazas disponibles”.

El reconocimiento de la gravedad de la situación por parte de los mismos funcionarios y la ineficacia para mejorarla responden a una decisión política que el ministro de Seguridad Cristian Ritondo graficó mejor que nadie al ser consultado sobre la sobrepoblación en comisarías: “Prefiero a los delincuentes amontonados y no liberados”.

Todo esto no hace más que reforzar la imputación de la CPM sobre las responsabilidades políticas y funcionales de quienes tenían la capacidad de actuar, el deber de garante, y no hicieron nada para impedir una masacre que era previsible, porque además había advertencias de sobra.

A un año de la masacre, hay diez familias que todavía esperan justicia. [El Teclado]