Un vaciamiento. Así define la senadora de Nuevo Encuentro las políticas “de género” del gobierno bonaerense. Es que la Provincia parecería haber cambiado su estrategia luego de ejecutar, a mediados del 2016, apenas el 2 por ciento del presupuesto asignado al programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, dependiente del ministerio de Salud.

Sorpresivamente, los números de fin de año parecían haber saldado esa irregularidad: casi el total de la partida había sido ejecutada. Pero con una mirada más fina puede verse la trampa. En realidad, lo que hizo el gobierno fue reasignar partidas a otras áreas, al punto que este programa –que por ley tenía destinado un presupuesto de más de 2 millones de pesos- terminó el año habiendo gastado 800 mil pesos. Solo un 34 por ciento de lo pautado. Del resto de la plata todavía nada se sabe.

Lo mismo sucedió con el programa contra la Trata de Personas, dependiente del ministerio de Justicia. El 85 por ciento del presupuesto pautado fue derivado a otras áreas, y de los más de 10 millones pautados sólo se gastaron 1.7 (apenas un 164 por ciento). Los fondos del Consejo Provincial de Mujeres, por su parte, ni si quiera existen o se detallan oficialmente. Sí los de la Dirección Ejecutiva Secretaria de Derechos Humanos, dependiente de la secretaría General de Gobernación: la partida asignada era de 34 millones y al cierre sólo se gastaron 4. [ET]