La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó una denuncia por genocidio y delitos de lesa humanidad contra la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y otros miembros de su gobierno interino.

El organismo invocó en su presentación el principio de la jurisdicción universal, que establece que si los crímenes de lesa humanidad no son investigados en el país en el que fueron perpetrados, pueden serlo en cualquier otro.

"Venimos a promover formal denuncia por los delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos por las autoridades de facto que asumieron el control político en el estado Plurinacional de Bolivia a partir del 10 de noviembre del corriente año", dice la denuncia difundida por la APDH.

La demanda involucra a Áñez, a todos los políticos que designó como ministros, al ex candidato presidencial Carlos Mesa, al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a las autoridades militares y policiales al momento del golpe de Estado que depuso al ex mandatario Evo Morales, ahora refugiado en Buenos Aires.

A lo largo de 26 páginas, el organismo relata los hechos producidos en Bolivia desde las elecciones del 20 de octubre, en las que Evo fue declarado reelecto en medio de denuncias de la oposición sobre un supuesto fraude, la organización de protestas y disturbios y las presiones que forzaron al presidente a renunciar y salir de Bolivia luego de denunciar un golpe de Estado.

Incluye las operaciones de represión ejecutadas por las autoridades de facto, ampliamente difundidas en los medios de comunicación en los días siguientes al golpe.

"Se han denunciado diversas cifras de muertos y heridos con motivo de las acciones violentas emprendidas por los golpistas, ordenadas desde la más alta autoridad de facto, las altas jerarquías militares y policiales, desde los mandos medios y hasta los ejecutores directos", consigna la denuncia.

Para la APDH, la imputación de genocidio corresponde en tanto "los atentados a la vida y la integridad física fueron y son dirigidos con la intención de destruir a un grupo étnico, racial y religioso, constituido por las comunidades indígenas quechua y aimara -mayoritarias en Bolivia-, y por trabajadores y trabajadoras campesinos".

En su presentación ante el juez, la APDH pidió la detención y extradición de los acusados y que se formalice en este sentido un pertinente pedido a la Interpol.

Patrocinaron la demanda los abogados Pablo Llonto, Ciro Annicchiarico, Roberto Martínez, Eduardo Tavani, Emanuel Lovelli y Guillermo Torremare.

Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia en una sesión sin quórum del Parlamento boliviano, un día después de la renuncia de Morales y con la alegada misión de convocar a elecciones generales en el país en el más corto plazo posible.