"Dichos procedimientos son realizados sin que exista ninguna sospecha de la comisión de un delito, sino que se limitan a validar procedimientos ilegales basados únicamente en el supuesto olfato y la selectividad policial, obligando a los y las pasajeras a descender, forzándoles a ponerse con las manos contra los vehículos, palpándoles y revisando sus pertenencias, sin ningún tipo de orden o control judicial, lo que hace revivir páginas oscuras de nuestra historia reciente", destacaron los abogados en un comunicado.

Los integrantes de ambos colectivos, al igual que lo hizo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM),  hablan de un "resurgimiento de las razzias policiales" y apuntan directamente contra el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo. 

La acción de hábeas corpus para estos casos se encuentra expresamente prevista en los artículos 43 de la Constitución Nacional, inc. 20 inciso 1º de la Constitución Provincial, como también expresamente habilitada en los artículos 405 a 140 del Código Procesal Penal de la Provincia.

El CIAJ y AJUS pidieron al juez subrogante de Garantías Nº 2 Jorge Moya Panisello que "ordene a las autoridades policiales, municipales y del ministerio de Seguridad el cese de las conductas amenazantes y lesivas de la libertad ambulatoria que, en forma actual, inminente y potencial, padecen todas las personas usuarias del servicio público de transportes de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada". 

También requirieron la anotación de lo actuado en los Registros de Hábeas en el ámbito de Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. [ET]