El gran motivo de despido fue el artículo 93 séptimo del  decreto Ley 9578/80, firmado durante la última dictadura cívico militar. Casi la totalidad de los 1.200 agentes despedidos tenían abierto un sumario por "abandono de servicio", cuando en realidad solamente se habían retrasado en presentar certificados.

Fue el caso de Dalila, una agente con doce años de servicio. En diálogo con El Teclado, contó que estaba embarazada cuando pidió licencia y en el Servicio Penitenciario le encuadraron mal el motivo. "Estuve ocho meses trabajando gratis, porque no  me pagaron. Estaba cumpliendo funciones cuando me dieron la baja, no es que estaba en mi casa", alegó. 

"Ni si quiera podemos pedir un plan social. Doce años le di al Estado, ¿quién me devuelve eso?", se lamentó. Dalila junto a dos compañeras más fueron el foco de atención en los últimos días para los transeúntes que pasaban por Gobernación: permanecieron encadenadas durante horas, esperando que la gobernadora María Eugenia Vidal -o al menos alguno de sus funcionarios- las atendiera. 

El acampe no llegó a durar una semana: empezaron el jueves 22 de junio y levantaron campamento este miércoles, sin haber recibido si quiera una promesa de reunión. "Este gobierno está fabricando pobres y a la vez puede estar fabricando delincuentes. Acá hay gente desesperada", advirtió Matías Molina, otro de los agentes despedidos.

Ante el llamado del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI Nº 11, efectivos de la policía bonaerense se acercaron a pedirle a los manifestantes que se retiraran a la plaza para liberar la puerta de Gobernación. Finalmente cumplieron el pedido y la situación, aunque tensa, no llegó a desencadenar en represión: a media cuadra, un cuerpo de Infantería esperaba para realizar un inminente desalojo. [ET]