El Gobierno remitió este jueves al Congreso el proyecto de ley que busca declarar "capitales alternas" a 24 ciudades de todo el país por los próximos cuatro años. A través de esta iniciativa, el Ejecutivo pretende poner en marcha un esquema de reuniones entre funcionarios locales y nacionales en distintas provincias, cuyo objetivo es fomentar el "federalismo", potenciar el "desarrollo equitativo" y atender las "problemáticas" particulares de cada distrito.

En su artículo 2º, la normativa propone la creación del Programa Gabinete Federal, destinado a "realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción".

Los distritos propuestos son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis.

También figuran en el proyecto Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).

El proyecto está inspirado en otro impulsado en 1999 por el entonces gobernador cordobés José Manuel de la Sota, por el que se declaró a Río Cuarto como "capital alterna", la primera en detentar ese título, aunque a nivel provincial.

En 2019, durante su candidatura presidencial, Alberto Fernández había propuesto "crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí y escuchar in situ los problemas".

"Una cosa es ver estadísticas y otra ver y escuchar a la gente, porque se puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto", había dicho el presidente en septiembre.

De esta forma, el plan establece un cronograma de 24 reuniones en 24 meses y siempre con la presencia del jefe de Estado y del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, el articulador de la iniciativa frente a los gobiernos provinciales y municipales.

Otros cinco ministros que formarán parte de esa comitiva irán rotando "de acuerdo a la agenda y las problemáticas" de cada distrito, por las que estarán también el gobernador y el intendente local junto a sus equipos de gobierno.

En tanto, el artículo cinco del proyecto agrega que "los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren de necesaria implementación".

En un mensaje dirigido al Parlamento que acompaña al anteproyecto, el Presidente aseguró que, de acuerdo con el principio fundamental del federalismo, "todas las provincias deben hallarse en igualdad de condiciones". Sin embargo, afirmó que una "una de las características de nuestro país es, justamente la existencia de importantes desigualdades entre sus regiones, asimetrías territoriales deben ser objeto de políticas públicas que busquen su superación".

Por ese motivo, consideró necesario lograr un "desarrollo armónico que proporcione acceso a condiciones de vida equitativas, que favorezcan un genuino proyecto en común para todos los habitantes de nuestro país". [El Teclado]