"Nos resulta impensable, como grupo, denunciar o repudiar algo que (todavía) no se ha concretado. Pero, lamentablemente, el actual gobierno nos está habituando cada vez más a ilegalidades, arbitrariedades y hechos de injusticia impensables en un estado de derecho con la flagrante complicidad de un poder judicial cooptado y la total concentración dominante de los medios de comunicación que parecen más mandantes que informantes", expresó la organización del cura Francisco "Paco" Olivera. 

"Son cada vez más fuertes los rumores de que el gobierno removería mediante un decreto de necesidad y urgencia a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El atropello a los necesarios y constitucionales espacios de gobernabilidad y el avasallamiento a la seguridad jurídica del pueblo o lo que no le resulte amigable a un gobierno de ricos y para ricos, resulta gravemente antidemocrático, y –creemos– haría pasible de juicio político a quienes lo implementaran o convalidaran", advirtieron. 

Además, destacaron los aportes del programa ATAJO (Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, perteneciente a la Procuración), y remarcaron el "poco apego" que el poder Ejecutivo mantiene con dicha institución. "Respondiendo a las insistentes versiones de las últimas horas e incluso recordando las declaraciones públicas del ministro de Justicia que le pidió (entrometiéndose indebidamente en el poder judicial) “dar un paso al costado” “por no garantizar el combate contra la corrupción”, reiteramos nuestro más enérgico rechazo a toda eventual remoción de la procuradora Gils Carbó que no sea por los mecanismos estrictamente previstos por la Constitución Nacional", señalaron.

Cabe destacar que la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (24.946), en su artículo 13, señala que "los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de edad", pudiendo ser removidos a través de los mecanismos constitucionales (acuerdo legislativo en el Congreso de la Nación con dos tercios de cámara).

Por su parte, la procuradora ya salió a hacer declaraciones y dijo que una remoción por DNU "sería un acto totalmente inválido. Si es necesario haría acciones judiciales. Habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales a que sean destituidos por decreto y a los ministros de la Corte". 

En declaraciones a radio Con Vos, Gils Carbó denunció que varios jueces y fiscales están recibiendo presiones. Dijo que en la Procuración, el hostigamiento comenzó a notarse en 2015 cuando "el entonces candidato y ahora presidente decía que yo tenía que renunciar si asumía, desconociendo el claro texto constitucional que establece que el Ministerio Público es autónomo e independiente y que no tiene que retirarse cada vez que cambie el gobierno".

Por último, admitió ser parte de la agrupación Justicia Legítima y se despegó de cualquier afiliación partidaria: "Es un grupo de magistrados y funcionarios judiciales progresistas en el ámbito de la justicia", consideró y señaló que siente "rechazo y desilución" cuando la tildan como enemiga del gobierno. "Es algo que se pretende instalar. No soy enemiga ni opositora, tengo que cumplir un rol que establece la Constitución que es defender los derechos de las personas y la Constitución", resumió. [ET]