La CNU fue una organización de las llamadas parapoliciales o paramilitares, es decir, una organización ilegal y violenta, amparada desde el Estado de aquel entonces. La misma operaba en conjunto con policías y militares para cometer sus crímenes. Su blanco fueron militantes populares de distintas vertientes políticas. Los integrantes de la CNU estaban identificados con el ultranacionalismo y con el peronismo de extrema derecha. Iniciaron sus acciones bajo el paraguas de su acción ideológica, pero tardaron poco en mostrar su verdadera cara: la de una banda criminal al servicio de las fuerzas armadas y policiales para cometer delitos de Lesa Humanidad, abrigados en las sombras del Estado terrorista.

El juicio que se está realizando en el Tribunal Federal 1 de La Plata da cuenta de los inicios del terrorismo de Estado en la Argentina y en nuestra ciudad. Si bien la CNU operó en otras localidades, fue en La Plata y en Mar del Plata donde cometió la mayoría de sus crímenes.

En este caso, como en cada uno de los juicios a los implicados en el genocidio cometido en nuestro país, no se juzgan la totalidad de los crímenes, sino una parte de ellos: aquellos en los que se entendió, en la investigación hecha en primera instancia, que había pruebas suficientes para que la causa sea elevada a juicio oral. Esto significa que por la cantidad y complejidad de crímenes atroces cometidos por todos los procesados por los delitos de este tipo, el juzgamiento se da de manera fraccionada. Por esta razón, es muy probable que muchos de los delitos cometidos queden impunes, entre otros factores por la llamada impunidad biológica. Muchas veces lo acusados fallecen o quedan en situación de inimputabilidad antes de quedar firmes las condenas.

Esta aclaración es necesaria para entender por qué en este juicio en particular solo se está juzgando a dos personas -Carlos “el Indio” Castillo y José “Pipi” Pomares- por los delitos cometidos contra siete militantes: el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini; el secuestro de Daniel Hugo Pastorino y Adelaida Úrsula Barón, cometidos entre el 3 y 4 de abril de 1976; el asesinato de Carlos Antonio Domínguez y el secuestro de Roberto Fiandor, perpetrados el 12 de febrero de 1976; y el asesinato de Leonardo Miceli, el 19 de abril de 1976.

Dicha cantidad de hechos es apenas una parte de los crímenes cometidos por la CNU bajo el amparo del Estado, ya sea por el gobierno provincial ejercido por Victorio Calabró hasta el 24 de marzo de 1976, como por la dictadura cívico militar que asoló al país desde ese fatídico día. Esta es una prueba más que los delitos de Lesa Humanidad no empezaron en la Argentina con el golpe de Estado, sino que se habían iniciado meses antes, siendo ejemplo de ello el accionar de la llamada Triple A o el Operativo Independencia, perpetrado por el ejército en la provincia de Tucumán.

El juicio a los integrantes de la CNU se realiza en un contexto político muy particular en materia de Derechos Humanos. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que tres jueces se desempeñan por decisión del gobierno de Macri (dos por propuesta directa del presidente y una por propiciar su permanencia luego de la edad jubilatoria), es una muestra de ello. Además, los discursos oficiales en este sentido son claros. Todas las señales emitidas desde el gobierno nacional van en contra de una política de Estado por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Desconocer el número de desaparecidos, hablar de “guerra sucia” y ver el renacer de la teoría de los “dos demonios” es una expresión de este clima fomentado desde los canales institucionales.

Sin embargo, la reacción popular ante el fallo del “2 por 1” marca un antes y un después. Nunca en nuestra historia hubo semejante acción popular ante una medida de la Corte Suprema. Las manifestaciones inéditas ante este tipo de situaciones -de las que el fútbol es un ejemplo inédito y que nos sorprende por su amplitud y repercusión- deberán ser motivo de análisis histórico. Evidentemente este proceso de juzgamiento del genocidio en la Argentina, inédito en la historia de la humanidad por sus particularidades, amplitud y garantías, es un patrimonio político, cultural e histórico de l@s argentin@s, del cual tenemos que estar orgullos@s. No dar un paso atrás es parte de nuestras batallas cotidianas, como otras tantas que se están dando en la Argentina para evitar que el neoliberalismo destruya las conquistas obtenidas por nuestro pueblo.

El juicio a los integrantes de la CNU, en el que exigimos justicia por todos los compañeros y compañeras, es parte de una lucha que lleva cuatro décadas y en la que no pensamos retroceder, por más Memoria, Verdad y Justicia.

* Aníbal Hnatiuk es abogado querellante en causas por delitos de Lesa Humanidad y docente en la materia Teoría del Estado de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP. La nota fue publicada originalmente en la web de la facultad de Trabajo Social. [ET]