Este viernes 17 de abril, el proyecto de extensión “Educación  Popular en Cárceles” de la Universidad Nacional de La Plata realizó una entrega de donaciones de lavandina y jabón líquido a las Unidades N° 1 de Lisandro Olmos, N° 8 y 33 de Los Hornos y N° 18 de Gorina para colaborar con la prevención del contagio de COVID-19.

En total, se entregaron 900 litros de lavandina y 350 de jabón líquido, repartidas en proporción a la población de cada Unidad Penitenciaria. A su vez, los insumos fueron acompañados por afiches con información acerca del uso correcto de la lavandina, a fin de ser distribuidos en los pabellones. 

“En este difícil contexto reafirmamos rol de la Universidad pública en la cooperación con los problemas de la sociedad, en este caso proveyendo insumos de limpieza y controlando que los mismos lleguen a las personas privadas de la libertad, por su seguridad y también de quienes trabajan en las cárceles”, explicó Micaela Barrena, socióloga y coordinadora del Proyecto de Extensión “Educación Popular en Cárceles”.
 

Si bien durante las primeras semanas de la cuarentena el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgó un permiso de circulación para familiares de detenidos, en muchas Unidades Penitenciarias fueron las mismas personas detenidas las que decidieron suspender las visitas para prevenir el contagio de COVID-19. Las primeras fueron las mujeres detenidas en la Unidad N°50 de Batán y luego terminó por extenderse en todas las cárceles.

El contagio de COVID-19 en las cárceles viene siendo una preocupación en las últimas semanas. El 14 de abril se confirmó que cuatro trabajadores del penal de Devoto dieron positivo en el test de coronavirus, mientras que al día siguiente se confirmó que una trabajadora de la Unidad N° 22 de Lisandro Olmos también se encontraba internada en el Hospital Italiano tras confirmarse su contagio. 

“Las cárceles de la región se encuentran en un estado alarmante de sobrepoblación, lo que implica que muchas personas privadas de la libertad vivan en condiciones de hacinamiento y también que sea dificultoso ventilar y mantener limpios los espacios”, explicó Barrena.

Si bien durante las primeras semanas de aislamiento social obligatorio el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgó un permiso de circulación para familiares de detenidos, en muchas Unidades Penitenciarias fueron las mismas personas detenidas las que decidieron suspender las visitas para prevenir el contagio de COVID-19. Las primeras fueron las mujeres detenidas en la Unidad N°50 de Batán y luego terminó por extenderse en todas las cárceles.
 

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Además, para prevenir el contagio, el Tribunal de Casación bonaerense otorgó la prisión domiciliaria para 2300 detenidos/as mayores de 65 años; personas con problemas de salud muy precisos y mujeres embarazadas y/o que conviven con sus hijos/as que no hubieran cometido delitos violentos. Además, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires establece que los jueces y juezas resuelvan medidas alternativas y prisión domiciliaria para los grupos de personas detenidas mencionados anteriormente, que quedarán a criterio de cada juez/a.

“Los fondos para las donaciones provienen de distintas personas que aportaron durante dos semanas a esta causa. Queremos remarcar que, pese a la incertidumbre que nos genera a todos esta situación de pandemia, encontramos muchísimas respuestas solidarias y esas son las bases para la sociedad que necesitamos”, concluyó Barrena. [El Teclado]