En la presentación realizada el pasado lunes ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte, la Asociación Judicial Bonaerense(AJB) exige que “se investigue la conducta de los magistrados María Mercedes Saldaña, Alejandro Hernán Gatti y Viviana Etel Mengozzi, Presidente y vocales del Tribunal del Trabajo N° 2 de Campana”, quienes transgredieron “la abundante normativa dictada por la Suprema Corte de Justicia a partir del día 16 de marzo último con el dictado de la Resolución SCBA N° 386/20 y las subsiguientes que la fueron ampliando y complementando”.
La denuncia se enmarca en la campaña que viene realizando la AJB desde el inicio de la pandemia para garantizar el cuidado de la salud de las y los trabajadores judiciales, sus familias y la población en general, por la que se exige a la Suprema Corte y la Procuración General el control sobre las convocatorias a realizar trabajo presencial que ignoran las limitaciones plasmadas en las normativa vigente (Res. SCBA 386/20 y sus complementarias).
La Resolución 386/20 de la Suprema Corte es clara en cuanto establece que “los organismos que no cumplen turno serían cubiertos por el magistrado a cargo o un funcionario letrado en forma rotativa. En estos organismos no serían requeridos los servicios de otros agentes”.
En cuanto a la presentación, la AJB remarcó que las y los magistrados del Tribunal de Trabajo 2 de Campana, haciendo caso omiso de las normativas vigentes, convocaron “sin encontrarse de turno” a un número excesivo de empleados y funcionarios para que realicen tareas que no revestían ninguna urgencia, al solo fin de poner al día el Tribunal. Asimismo, el gremio agregó que “al finalizar dicha tarea, el personal siguió siendo convocado, llegando a haber diez personas trabajando simultáneamente en la dependencia”.
En ese sentido, la Resolución 386/20 de la Suprema Corte es clara en cuanto establece que “los organismos que no cumplen turno serían cubiertos por el magistrado a cargo o un funcionario letrado en forma rotativa. En estos organismos no serían requeridos los servicios de otros agentes”.
Así también, en la presentación se subraya que los hechos denunciados “son violatorios del marco normativo dispuesto por el más alto tribunal de la provincia, dictado en el marco de la pandemia, bajo la premisa principal de proteger a la población en general y a sus trabajadores y trabajadoras”.
“Desde el inicio de la pandemia, la AJB asumió la responsabilidad de priorizar el cuidado de la salud de quienes trabajamos en el Poder Judicial, controlando el cumplimiento de las resoluciones emanadas tanto del Poder Ejecutivo como de la Suprema Corte. En este caso en particular, antes de formalizar la denuncia hemos realizado gestiones previas para que las y los integrantes del Tribunal modificaran decisiones que ponían en peligro la salud de las y los trabajadores y sus familias, y al no tener un resultado positivo, el sindicato tomó la decisión de formalizar la denuncia”, expresó Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.
Además, en la denuncia se remarca que la vulneración de estas normas “tiene un efecto concreto que es la exposición de las y los trabajadores a un riesgo de su salud y su vida que no solamente es innecesario, sino que además es antijurídico, revistiendo esa antijuridicidad un carácter gravísimo”, y solicita que “en caso de acreditarse la conducta denunciada, se aplique la sanción que corresponda, haciendo mérito de la gravedad de la transgresión cometida”.
Por último, la AJB se encuentra analizando formalizar la denuncia de otras situaciones generadas en dependencias donde se registran incumplimientos similares, además de seguir reclamando la conformación de un ámbito formal con la Suprema Corte y la Procuración General en el cual se aborden seriamente estas problemáticas. [El Teclado]