Este viernes se reunió el Consejo Federal de Educación, que estableció por unanimidad la consolidación de un criterio federal -que contemple las heterogeneidades del territorio nacional- en relación a la evaluación de los procesos de aprendizaje y enseñanza en el contexto de la pandemia: no habrá calificaciones numéricas. La evaluación de los alumnos y alumnas en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso que está teniendo lugar. El propósito de este tipo de evaluación es orientar mejor los procesos de enseñanza  aprendizaje, teniendo en cuenta que se desarrollan en condiciones muy heterogéneas y desiguales.

El titular de la cartera educativa, sostuvo: “Nuestro principal objetivo como Ministerio es garantizar el derecho a la educación. En este contexto, se profundizan las desigualdades ya que la realidad de cada hogar es muy distinta en cada rincón del país. Por este motivo, todos los actores que conformamos el sistema educativo, estamos de acuerdo que es momento de evaluar pero no de calificar”.

Asimismo, en la reunión se presentaron los lineamientos confeccionados por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación que pondrá en marcha, a partir del 26 de mayo, la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica cuyos resultados serán dados a conocer en julio. La misma incluye una encuesta a directivos, docentes y hogares y tiene como fin relevar el estado de situación y analizar los procesos de continuidad pedagógica como aspectos clave para evaluar en qué grado se está garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

Trotta explicó: “Tenemos la responsabilidad como Estado de brindar insumos y evidencias para la toma de decisiones con información fehaciente. Por lo que establecimos consensos en torno a la necesidad de avanzar en una encuesta nacional que llevará el nombre de Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica que nos permitirá medir los procesos que estamos llevando adelante”.

Esta evaluación nacional recabará y analizará las propuestas y experiencias desarrolladas por diversos países frente a la pandemia; las características y alcances de las políticas implementadas desde los niveles nacional y provincial de la educación; las condiciones de enseñanza y de organización del trabajo docente; y las condiciones institucionales de organización y sostenimiento de la continuidad pedagógica.

La muestra de 5 mil escuelas será representativa de las 52 mil escuelas de la educación obligatoria del país -tanto estatales y privadas como rurales y urbanas- y la encuesta será respondida de forma anónima por 5 mil directivos y 25 mil docentes a través de preguntas cerradas y abiertas, y entrevistas en profundidad. Los hogares serán consultados a través de encuestas telefónicas. Esta línea será desarrollada en colaboración con Unicef para las posibilidades de interacción y de desarrollo de actividades educativas en los hogares.

Asimismo, se realizará un relevamiento y un análisis de la matrícula escolar previa y posterior a la suspensión de clases presenciales para diseñar estrategias que colaboren con la reducción del abandono escolar.

Por último, se convino comenzar a confeccionar los protocolos para el regreso a las aulas cuando el Comité de expertos en salud lo disponga, teniendo en cuenta la readecuación de la infraestructura escolar y considerando la experiencia que están empezando a transitar los países europeos.

“Sostenemos la importancia de garantizar el derecho a la educación como responsabilidad concurrente entre el Estado Nacional y los Estados jurisdiccionales”, expresó Trotta y agregó: “La planificación del retorno a clases presenciales, la reorganización de las actividades educativas y el establecimiento de protocolos de seguridad sanitaria son temas centrales que ocupan a nuestro Ministerio”.

Participaron de la reunión los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país, la secretaria de Educación, Adriana Puiggrós; el secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Pablo Gentili; el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk; la secretaria de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Diker; el jefe de Gabinete, Matías Novoa; la asesora, Graciela Frigerio; la directora Ejecutiva del INFoD, Mercedes Leal; el Director Ejecutivo del INET, Diego Golombek y la secretaria General del Consejo Federal de Educación, Marisa Diaz.

Además, estuvieron presentes por parte de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados: Blanca Osuna, Cristina López Valverde, Hugo Yasky y Victoria Morales Gorleri. También participaron Rodolfo Tecchi en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Rodolfo de Vincenzi del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), y los representantes de los sindicatos docentes: Roberto Baradel (SUTEBA), Sonia Alesso (CTERA), Jorge Kalinger (SADOP), Sergio Romero (UDA), Rubén Blanco (AMET) y Fabián Felman (CEA). [El Teclado]