Entre tanto tole tole de campaña el Congreso y los candidatos deberían dejar de rasgarse las vestiduras con las palabras "transparencia" y "honestidad". Es que en la tarde del viernes, la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría finalmente avaló el requerimiento del fiscal Jorge Di Lello, quien solicitó que no se aprobaran las rendiciones de las principales fuerzas políticas durante la campaña 2015. Es la primera vez que pasa, pero tienen 10 días para apelar el fallo y muchas probabilidades de salir victoriosos.

En la rendición fallaron todos: Sergio Massa con su Alianza UNA, Margarita Stolbizer con GEN-Progresistas y hasta Nicolás del Caño con Frente de Izquierda y los Trabajadores (estos últimos dos con irregularidades menores). También, por supuesto, Mauricio Macri encabezando Cambiemos, Daniel Scioli con el FpV y Adolfo Rodríguez Saa, con su frente Compromiso Federal. El actual oficialismo y el FpV son los más complicados. 

¿La razón? Decenas de inconsistencias en el financiamiento de la última campaña, que advino con la victoria de la alianza Pro-UCR. Di Lello basó su requerimiento en las múltiples auditorías realizadas por la Cámara Nacional Electoral, que detectaron entre otras cosas aportes indirectos de empresas (prohibido por ley), cenas de recaudación sin declarar y otros gastos que nunca fueron rendidos, como la fiscalización de las elecciones o el despligue de afiches en la calle.

Junto con esa medida, y porque así lo dicta el Código Electoral, Servini de Cubría resolvió suspender toda asignación de fondos públicos que le corresponden a dichos partidos para estas elecciones, inclusive las PASO. Sin embargo, la restricción no se hará efectiva hasta tanto se pronuncie la Cámara Nacional Electoral, el máximo tribunal electoral del país. 

Se espera que todos los partidos apelen y quedará en manos de Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla Via, presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente, definir la posibilidad de juego en los comicios de agosto. Las múltiples tensiones entre la titular del Juzgado Federal N° 1 y la Cámara Electoral podrían dilatar el proceso hasta las presidenciales del 2019, por la inminencia de las primarias. [ET]