La Asociación Judicial Bonaerense exigió a la Suprema Corte la adopción de medidas estrictas para hacer garantizar el aislamiento en las dependencias del AMBA y la postergación de la apertura de cabeceras departamentales.

En la presentación realizada al Presidente de la Suprema Corte, Daniel Soria, la AJB requirió la urgente adopción de medidas de emergencia para atender la particular situación epidemiológica que atraviesan los partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también que se posponga la puesta en funcionamiento pleno de las cabeceras departamentales de Trenque Lauquen y Pergamino por no garantizarse las condiciones de prevención necesarias para evitar con eficacia los contagios por coronavirus.
 

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En cuanto al primer reclamo, la AJB sostiene que resulta necesaria la adopción de medidas de excepción para adecuar el funcionamiento del Poder Judicial a las disposiciones anunciadas en materia sanitaria por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado viernes, en cuanto ordenaron una nueva y estricta etapa de aislamiento social obligatorio para el AMBA entre el 1 y el 17 de julio próximos.

Al respecto, Pablo Abramovich, secretario General de la AJB expresó que “frente al incremento de casos positivos de COVID en las dependencias judiciales del conurbano y ante las nuevas medidas de aislamiento dispuestas por las autoridades nacionales, sería irracional que la Corte no disponga un régimen de funcionamiento de emergencia para el Poder Judicial en el AMBA, restringiendo al mínimo el trabajo presencial”.

“Este nuevo régimen debe establecer con claridad la cantidad de personas -por dependencia y de acuerdo al fuero- que excepcionalmente deban realizar tareas presenciales en los organismos de turno para la atención de cuestiones urgentes, y donde se consagre el principio de respuesta por medios tecnológicos en todos los casos en que esto sea posible”, manifestó Abramovich.
 

Como resulta de público conocimiento, durante las últimas semanas se ha producido un crecimiento exponencial de la cantidad de contagios por COVID 19 en nuestro país, sumado a un fenómeno de concentración -superior al 95% de los casos- en la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires, compuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuarenta partidos del conurbano bonaerense.

Por su parte, en las últimas dos semanas se ha registrado un número creciente de casos positivos de COVID en personas que prestan tareas en el Poder Judicial, en los departamentos judiciales de Zárate Campana, San Martín, Lomas de Zamora, Quilmes, Morón y San Isidro.

Ante un escenario que abre la posibilidad de un colapso del sistema sanitario en caso de no reducirse la cantidad de contagios, el gobierno nacional realizó el pasado viernes el anuncio oficial de una nueva medida de aislamiento obligatorio de carácter estricto para el período indicado, explicitando un número taxativo de actividades exceptuadas, dentro de las cuales se encuentra “el personal de los servicios de justicia de turno”.

Sin embargo, la Suprema Corte no receptó la gravedad de la situación descripta y sólo se limitó a prorrogar las medidas vigentes a través de la Resolución 31/20, las que quedó demostrado resultan absolutamente insuficientes para controlar la cantidad de trabajadores y trabajadoras realizando tareas de manera presencial.

[PROTOCOLO]

En el mismo sentido, la AJB insistió en la necesidad de disponer la aplicación del Protocolo General de Actuación para la Prevención y Seguimiento del COVID 19 aprobado por Res. SPL 5/20 a todas las dependencias del ámbito de Administración de Justicia.

Por su parte, la AJB exigió la postergación de la puesta en funcionamiento de las cabeceras departamentales de Trenque Lauquen y Pergamino, como así también las anunciadas para las próximas semanas –Dolores, San Nicolás, Azul y Junín-, atento que al día de la fecha no se ha dado solución a las deficiencias en los protocolos y en la implementación de medidas de prevención planteadas por el sindicato.

En particular, la AJB denuncia que:

•  No se ha garantizado el control de temperatura ni organizado el control de acceso a los establecimientos del personal judicial y público en general.
•  No se ha resuelto la instalación de barreras de protección adecuadas para los puestos de atención al público.
•  Continúa sin garantizarse la provisión adecuada de Equipos de Protección Personal y la limpieza diaria en todas las dependencias.
•  No se ha realizado dispositivo alguno para adecuar la cantidad de personal a los espacios físicos existentes a los fines de garantizar el distanciamiento social.
•  No se encuentran garantizados los métodos de ventilación de cada uno de los espacios físicos.
•  No se han elaborado protocolos específicos y eficaces para el desarrollo de funciones especiales tales como el diligenciamiento de cédulas y mandamientos, las tareas de mantenimiento, la realización de pericias en sede y en territorio o de autopsias y otras prácticas criminalísticas.

En esa línea, la AJB solicitó a la Suprema Corte la convocatoria a una mesa de diálogo para abordar las medidas que permitan garantizar un nivel adecuado de protección en materia de seguridad e higiene para las dependencias que se pretenda poner en funcionamiento de modo pleno.