Los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex Pozo de Banfield y el ex Pozo de Quilmes tendrán que seguir esperando por su juicio oral y público. Es que el magistrado Eduardo Farah, que componía el tribunal junto a Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez, pidió excusarse del proceso para asistir a su madre enferma.

En diálogo con El Teclado, la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Guadalupe Godoy, habló sobre cuál fue el impacto que provocó la baja de Farah; situación que no solo retrasa el inicio del juicio sino que se suma a las complicaciones que trae aparejadas la pandemia. “Las partes habíamos pedido una nueva audiencia preliminar para proponer formas de iniciar el juicio adaptándonos a estos tiempos; la idea era adelantar la incorporación de videos de testimonios de víctimas que no viven acá, o que ya fallecieron”, detalló, sobre cómo pensaban desarrollar el juzgamiento intentando adaptarse a los tiempos que corren.

Sin embargo, la baja de Farah modificó los planes: “En el medio de todo eso, se presenta una excusación. Y ahora tenemos que esperar que la cámara designe un nuevo juez subrogante. Pero no va a ser tan sencillo encontrar a alguien”.

Farah solicitó apartarse para “contener” y “ayudar” a su madre, internada con en una residencia para adultos mayores. Sus pares del Tribunal Oral Federal (TOF)  le aceptaron el paso al costado por lo que, ahora, el inicio del proceso depende de la designación de un nuevo magistrado. Según la resolución, los jueces Venditti y Eggers aceptaron la excusación que Farah solicitó a través de una breve carta en la que explicó que el estado de salud de su madre, de 86 años, padeciente de “un cuadro de afectación motriz y psiquiátrica importante” le “exige estar disponible diariamente para contenerla y ayudarla en el proceso que atraviesa”.

Sobre cómo fue recibida la noticia en el grupo de sobrevivientes, familiares y organismos de Derechos Humanos, Godoy aseguró que la sensación fue ambivalente: “Hay una mezcla de sentimientos grande, porque los juicios tienen todo un desarrollo político y social que, de por sí, con el tema de la virtualidad que estamos viviendo ya se ve perjudicado”, explicó.  

Y contó que, la idea es que, en plena pandemia, los juzgamientos tengan su continuidad pero “no a cualquier precio”, es decir, que no pierdan su sentido repertorio para los sobrevivientes y sus allegados. “Ahora el tema es que hay que esperar para integrar el tribunal nuevamente. Estábamos en la instancia de llegar a la audiencia preliminar para proponer formas, pero esto demora todo”, explicó.

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield desde 1974 hasta al menos octubre de 1978. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

El Pozo de Quilmes funcionó en la sede de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, en las calles Alison Bell y Garibaldi y por allí pasaron al menos 183 víctimas.

Se calcula que por ambos pasaron más de 400 hombres, mujeres y jóvenes. Funcionaron como maternidades clandestinas y fueron centros de tortura de las víctimas de la Noche de los Lápices y del Plan Cóndor.  [El Teclado]