Aunque la CIDH evitó reclamar por la libertad de Milagro Sala, como esperaba la dirigente, sí pidió un cambio en la condición de su detención. La líder de la Tupac Amaru  lleva 560 días presa en las afueras de San Salvador de Jujuy. Fue detenida el 6 de enero de 2016, mientras acampaba frente a la Gobernación, y condenada a tres años de prisión en suspenso por escrachar al entonces senador radical -y ahora gobernador de Jujuy- Gerardo Morales.

En su momento, un grupo de trabajo de la CIDH visitó a Sala y tildó de "arbitraria" su detención, al tiempo que otro grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU advirtió que debía ser liberada "inmediatamente". Incluso la procuradora Alejandra Gils Carbó, ahora en plena guerra con el macrismo, apuntó que la detención era "ilegal" y debía dejarse sin efecto. 

Ahora es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe expedirse sobre la detención de la dirigente, aunque con el antecedente del fallo Fontevecchia -donde la CSJN decidió que los fallos y recomendaciones del máximo organismo de Derechos Humanos del continente no serán vinculantes- la recomendación de la CIDH podría no acatarse.