Aunque la CIDH evitó reclamar por la libertad de Milagro Sala, como esperaba la dirigente, sí pidió un cambio en la condición de su detención. La líder de la Tupac Amaru  lleva 560 días presa en las afueras de San Salvador de Jujuy. Fue detenida el 6 de enero de 2016, mientras acampaba frente a la Gobernación, y condenada a tres años de prisión en suspenso por escrachar al entonces senador radical -y ahora gobernador de Jujuy- Gerardo Morales.

En su momento, un grupo de trabajo de la CIDH visitó a Sala y tildó de "arbitraria" su detención, al tiempo que otro grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU advirtió que debía ser liberada "inmediatamente". Incluso la procuradora Alejandra Gils Carbó, ahora en plena guerra con el macrismo, apuntó que la detención era "ilegal" y debía dejarse sin efecto. 

Ahora es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe expedirse sobre la detención de la dirigente, aunque con el antecedente del fallo Fontevecchia -donde la CSJN decidió que los fallos y recomendaciones del máximo organismo de Derechos Humanos del continente no serán vinculantes- la recomendación de la CIDH podría no acatarse.  

LA CAUTELAR   La medida cautelar ante la CIDH fue peticionada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Andhes. Vale aclarar que la Comisión no es la Corte, por lo que no puede emitir fallos o veredictos sino recomendar. El organismo es autónomo pero trabaja bajo la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en su escrito pidió garantizar "la vida y la integridad personal de la señora Milagro Sala en el contexto de la detención preventiva que actualmente se encuentra".   También, pidió al Estado nacional que "concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes, y que las autoridades competentes adopten, a la luz de los estándares descritos, medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".   Ahora el Estado argentino tiene 15 días para informar sobre la adopción de estas medidas cautelares requeridas, actualizando los datos de forma periódica. La secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Claudio Avruj, ya emitió un comunicado.   "Respecto a las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Argentino, en relación con las condiciones de detención de la señora Milagro Sala –tendientes a garantizar su integridad personal-, el Gobierno Nacional comunicará dicha solicitud a las autoridades judiciales y administrativas de la Provincia de Jujuy para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales.
El Gobierno Nacional reafirma su apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos, reiterando su compromiso con la defensa de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia". [El Teclado]