Mediante un comunicado, desde el Frente de Todos se refirieron al proyecto de asistencia extraordinaria a establecimientos de Gestión Privada.

A continuación el comunicado completo. 

Durante la sesión ordinaria que tuvo lugar en el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, el bloque de Juntos por el Cambio —contra lo que indican tanto el Reglamento de la Cámara como la Constitución provincial— pretendió aprobar por mayoría simple un proyecto de ley que implicaba erogaciones presupuestarias.

Se trata del proyecto de Asistencia Extraordinaria a Establecimientos Educativos de Gestión Privada. En primer lugar, celebramos que el espacio político conducido por la exgobernadora María Eugenia Vidal —que se jactaba de que los pobres no iban a la universidad, que menospreciaba el trabajo de los y las docentes convocando a voluntarios para reemplazarlos ante los reclamos de mejoras salariales, y cuya gestión en el plano educativo se caracterizó por cerrar escuelas— ahora descubra el valor de la educación para la Provincia.

Hubiese sido mucho mejor para los y las bonaerenses que se dieran cuenta de la importancia que tiene la educación cuándo fueron gobierno. De haber sido así, hubiésemos evitado, entre otras cosas, que entre 2015 y 2019 la caída del gasto público en educación y cultura fuera del 22,4%.

En cuanto al proyecto en cuestión, hay muchas observaciones que hacer. Ante todo, el mismo escinde la situación financiera real de cada escuela de la posibilidad de acceder o no el aporte extraordinario planteado. En efecto, al no requerir para acceder al beneficio ni la certificación de la situación patrimonial para demostrar la caída de ingresos ni exigir la presentación de un informe por parte de la inspección distrital de la Dirección General de Cultura y Educación, se desconoce la real situación de los establecimientos, la cual es totalmente heterogénea en términos de morosidad.

Asimismo, no toma en cuenta que, actualmente, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia otorga subvenciones a los cargos docentes que se desempeñan en 4.000 de las 5.933 escuelas de gestión privada que funcionan en todo el territorio bonaerense. En los primeros siete meses del año, esto implicó una inversión de casi $27.500 millones en subvenciones a un total de 83.000 trabajadores y trabajadoras. Además, en el mes de julio se les otorgó un adelanto extraordinario de aportes de $340 millones.

Por su parte, a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), en junio el Gobierno nacional se encontraba cubriendo a más de 2.500 escuelas y 45.400 trabajadores y trabajadoras. En relación a las escuelas que no reciben subvenciones ni lograron ingresar al ATP, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha lanzado y habilitado la inscripción al Programa de Preservación del Trabajo, que financiará hasta el 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada trabajador.

Además, hay que tener en cuenta que, en el primer semestre del año, la Dirección General de Cultura y Educación incrementó su participación en el presupuesto provincial, pasando de 24,9% en 2019 a 26,6% en 2020.

Esto fue producto tanto de una recomposición del salario docente como también de la implementación acciones concretas que llevó a cabo esta cartera durante el contexto de la pandemia, con el objetivo de: garantizar la continuidad pedagógica; morigerar el impacto económico y social para los trabajadores y las trabajadoras suplentes derivado de la suspensión de los actos públicos; implementar mayores desembolsos en todas las partidas de limpieza, desinfección e higiene personal para garantizar las condiciones apropiadas para la entrega del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y de los cuadernillos; continuar con la ejecución de obras de infraestructura escolar; efectuar el adelanto de aportes en lo que hace a escuelas de gestión privada.

Finalmente, cabe destacar que el Proyecto de Ley de Juntos por el Cambio no contempla cuáles son los recursos que podría movilizar el Estado provincial para hacer frente a las erogaciones que el mismo plantea.

En cuanto a la cuestión reglamentaria, la misma es muy clara. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece en su artículo 104° que “Toda ley especial que autorice gastos, necesitará para su aprobación el voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara”. Además, el artículo 2° del Apéndice del Reglamento del Senado bonaerense indica que toda ley comprensiva de la ampliación o modificación de partidas presupuestarias, iniciada por el Poder Legislativo, “requerirá dos tercios de votos de los legisladores presentes para su sanción”.

En síntesis, la educación es uno de los pilares de nuestro proyecto político. Así lo hemos demostrado tanto a nivel provincial como nacional cada vez que fuimos gobierno y así lo estamos demostrando actualmente, como se desprende de todas las acciones previamente mencionadas.

Por eso, lamentamos que el bloque opositor incurra en chicanas y acusaciones infundadas en lugar de colaborar en la construcción del debate serio, democrático y productivo que el pueblo bonaerense exige en el marco de la difícil situación que estamos atravesando.