Después de 40 años de espera, este miércoles debía conocerse la sentencia contra los represores que actuaron en la Brigada de San Justo. Sin embargo, pero en horas de la tarde del día anterior, los jueces la suspendieron sin dar explicaciones. Los familiares tuvieron que aguardar a la otra mañana para conocer los motivos.

Vía zoom, el juez Esmoris explicó que como el represor Ricardo Fernández está siendo juzgado actualmente -evaluación médica mediante- por los delitos de lesa humanidad cometidos en el juicio unificado por las Brigadas de Quilmes y Bandfield, ahora también está apto para ser incluido en la sentencia por la Brigada de San Justo. El genocida había sido apartado de la causa por su estado de salud.

En diálogo con El Teclado, la abogada querellante de Justicia Ya! explicó que "nos enteramos de la suspensión del dictado del veredicto pocas horas antes de que se llevara adelante, con lo cual entendemos que es una decisión completamente imprudente e incorrecta por parte del tribunal que interviene en la causa, por lo que implica para las víctimas y familiares que hace más de 40 años que vienen reclamando juicio y castigo de los responsables de los crímenes atroces que se cometieron en la Brigada de San Justo".
 

"Y que luego de más de 2 años de audiencias y debates, llegamos a la instancia donde a pocas horas de conocer la sentencia, el tribunal toma la decisión de suspender el dictado del veredicto, sin conocer las razones. Esto genera una revictimización en aquellos que sufrieron el genocidio en la última dictadura cívico militar en nuestro país", agregó.

Este miércoles, las familias de las víctimas habían organizado actividades para acompañarse de algún modo, que debieron suspenderse de un momento a otro y sin saber por qué. "Lo sucedido significa una falta de respeto para las víctimas", afirmó Santos Morón.

Mientras tanto, las querellas están a la espera de que Fernández efectivamente sea reincorporado en el proceso. El teniente coronel también está imputado en otras causas (1 y 60, Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y Comisaría Octava); y quedó acreditado de acuerdo a las pericias que se le realizaron, que está en condiciones de ser juzgado por los delitos de lesa humanidad que se le imputan.
 

"Lo sucedido significa una falta de respeto para las víctimas", afirmó Santos Morón.

Además, pidieron que se dé una fecha cierta, y desde el tribunal informaron que se va a realizar el 2 de diciembre a las 10 de manera virtual. 

[SOBRE EL JUICIO]

El juicio comenzó el 13 de agosto de 2018. Se juzgaron a 20 imputados por el secuestro y torturas de 81 personas, de las cuales 28 permanecen desaparecidas. 

El debate estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por los jueces Nelson Jarazo, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales federales platenses en 8 y 50. Luego, por la pandemia, continuó de manera virutal.

La acusación efectuada por los fiscales federales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira alcanza a jerarcas militares del Cuerpo I del Ejército; al entonces ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y, por primera vez, a su secretario de Gobierno, Juan María Torino; a seis militares del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército; a cuatro jefes y subjefes de la Brigada; a cuatro guardias de la dependencia, un médico de la policía y al ex director de Investigaciones policial, Miguel Etchecolatz.

Ayer, lejos de conocerse la sentencia, hubo que escuchar las palabras de Etchecolatz, quien desde Campo de Mayo dijo: “Llevo más de 24 años en prisión y cuando tuve el beneficio de la prisión domiciliaria los agentes de la persecución hicieron lo imposible para que vuelva a la cárcel y lo obtuvieron con anuencia de la justicia y complicidad del gobierno. Es un plan sistemático de venganza con beneficios materiales para algunos. Es sistemático porque se da en todo el país. Lo llevan adelante el poder político, judicial y mediático. No oculto orgullo de haber combatido en defensa de la constitución y de nuestra patria. Hemos ganado una batalla pero no definitivamente la guerra". 

Esmoris aclaró que la intención del juzgado no había sido revictimizar a las víctimas, y ratificó que se realizará un cuarto intermedio hasta el 2 de diciembre. [El Teclado]