sábado 16 de enero de 2021 - Edición Nº1362
El Teclado » Derechos Humanos » 23 dic 2020

LESA HUMANIDAD

Juicio Brigadas: Verbitsky habló sobre el rol de los empresarios en la dictadura

Los testigos fueron convocados por la querella de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Unión por los Derechos Humanos de La Plata y querellantes particulares, representados por la abogada Guadalupe Godoy. 


En la novena audiencia del debate oral con modalidad virtual del Juicio Brigadas Banfield, Quilmes y Lanús, declararon como testigos de contexto Horacio Verbitsky, por sus investigaciones sobre responsabilidad empresarial y el caso SAIAR y Bruno Nápoli, para dar cuenta de los casos de empresarios y financistas secuestrados, de acuerdo al informe sobre la Comisión Nacional de Valores.

Los testigos fueron convocados por la querella de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Unión por los Derechos Humanos de La Plata y querellantes particulares, representados por la abogada Guadalupe Godoy. 

En el caso de Horacio Verbitsky  la convocatoria, según le explicó la abogada, tuvo su origen en la investigación sobre SAIAR que realizó el periodista, plasmada en la nota “Vale todo” de mayo de 1991 en Página/12.  En esta causa, se tratan casos de trabajadores de SAIAR que fueron secuestrados y  llevados al Pozo de Banfield y a la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda.. Dos de ellos, Luis Adolfo Jaramillo y Héctor Alberto Pérez permanecieron desaparecidos hasta la identificación de sus restos gracias a la labor del  Equipo Argentino de Antropología Forense. Los que sobrevivieron son Nicolas Barrionuevo, Héctor Tomás Campdepadrós, su esposa Adriana Sotelo, Gerardo Manuel Carrizo, Raúl Horacio Codesal, Francisco Virgilio “Barba” Gutiérrez, Francisco Domingo Orellana y   Jorge Varela. 

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Verbitsky comenzó aportando un marco general sobre el eje Responsabilidad Empresarial,  con referencias  al libro Cuentas Pendientes  que co-editó junto a Juan Pablo Bohoslavsky. Se trata de una publicación del año 2013 en la que se recopilan trabajos que, desde distintas disciplinas y a través del análisis de veinticinco casos, abordan los múltiples aspectos de la responsabilidad empresarial. Allí no solo se reconstruyen las causas económicas estructurales de la última dictadura, sino que también se focaliza en el rol y en la eventual responsabilidad (ya sea política, penal o civil) de aquellas personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y/o servicios a la dictadura u obtuvieron de ella beneficios mientras le brindaban apoyo político, consolidando el régimen y facilitando la ejecución del plan criminal. En este sentido, el periodista se refirió a las  las prácticas represivas más comunes
 

“La práctica más frecuente fue – en nueve de cada diez casos – el despido, la renuncia forzada y el secuestro de obreros activistas. Le siguieron, en orden decreciente, la entrega a las fuerzas represivas de listas de delegados e información privada de los trabajadores, la presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro de las fábricas, la designación de oficiales de las Fuerzas Armadas o de Seguridad en cargos directivos en las empresas, la infiltración de agentes de inteligencia entre los trabajadores, los operativos militares dentro de los predios fabriles, la presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y/o torturas a sus trabajadores, la instalación de las fuerzas represivas dentro de las fábricas, el empleo de vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro, el control del ingreso a la planta por fuerzas militares, la intervención militar en conflictos a solicitud de los directivos de las empresas, la detención de trabajadores en el camino entre la empresa y su domicilio y, en uno de cada cuatro casos, el funcionamiento de campos clandestinos de concentración en establecimientos de la empresa”. 


Luego se abocó al caso SAIAR, retomando el artículo Vale todo, publicado el 5 de mayo de 1991 en el diario Página/12, en el que  llevó a cabo una investigación sobre la represión desatada por el grupo Garovaglio-Zorraquín sobre los trabajadores de su fábrica Saiar -Rheem. “Hay un hilo narrativo, conductor, que es la vida paralela de Luis Adolfo Jaramillo que era un obrero chileno de la empresa y la familia Zorraquín, que igual que Jaramillo llegó de Chile pero dos siglos antes”, contó ayer en la audiencia. 

Según afirmó Verbitsky, no solo fue uno de los grupos económicos que más creció en la dictadura, junto a Techint, Acindar, Pérez Companc y Macri, sino que  Garovaglio-Zorraquín utilizó todos los instrumentos que después del golpe de 1976 reconvirtieron la economía y la sociedad argentinas, aniquilando la producción para el mercado interno, el empleo y el salario. 

En dicha nota periodística, Verbitsky relató que Jaramillo ingresó a SAIAR en 1960. Se diferenciaba por su educación, por sus relaciones, porque doblaba la edad a los demás trabajadores, pero sobre todo porque no hacía horas extras, ni militaba; quería todo el tiempo disponible para su música, su familia, sus inventos, sus estudios. Recuperamos las palabras que Verbitsky escribió en el ‘91: “Todos lo conocían como El Sapo, de la sección calefones. Le habían pedido que se postulara como delegado, y, aunque no aceptó, no daban un paso sin consultarlo, porque les infundía confianza, autoestima, solidaridad. Cuando un obrero perdió una mano por un accidente con una prensa, Jaramillo empezó a reclamar y paró la fábrica, hasta que la gente del sindicato no se comprometiera a conseguirle la mano ortopédica y exigieran que se modificaran las situaciones de riesgo”.

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En la audiencia, Verbitsky recreó los distintos tramos de la investigación. Contó un episodio que los trabajadores que entrevistó para la nota le relataron: En una fiesta de aniversario de la empresa -se trata de la fiesta del año 1972- los trabajadores amenazaron con irse y dejar el festejo vacío si no podían pasar la marcha peronista: terminó en una escena surrealista con los trabajadores arriba de las mesas, cantando la marcha. Buscaban hacer sentir a la empresa que los cambios políticos eran muy fuertes, que las relaciones de poder ya no eran las mismas: “los trabajadores pisaban fuerte y hablaban fuerte, y la empresa tenía que acceder a su reclamo”. En este sentido, entiende algunos secuestros como consecuencia de estos años previos de tensión y conflictividad, signados por la lucha política y el crecimiento de los movimientos sindicales combativos. Esta movilización logró conquistas para los trabajadores que implicaba una redistribución de los beneficios y las empresas no pudieron frenar, pero supuso una promesa de venganza cuando la situación política lo permitiera.

Verbitsky señaló la importancia de las distintas entrevistas que fueron hechas para construir esta investigación. Un caso llamativo es el de uno de los gerentes de la empresa, al que definió como “el hombre de dos mundos”. Explicó que era una figura comprometida con la empresa pero con una comprensión y simpatía del mundo laboral, así como con un cierto compromiso con los DDHH. Este personaje le contó que un grupo de representantes de las empresas del conurbano fueron citados en una sede del comando del Ejército en el año 1975, donde los militares pidieron y los empresarios suministraron los datos necesarios para la represión; acordaron que cada empresa iba a entregar a cada zona de seguridad los datos de los delegados gremiales que “perturbaban la producción”.

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Por otro lado, el periodista describió en detalle la figura de Martinez Riviere, Jefe de personal y compañero y amigo del imputado Minicucci, el encargado de dirigir la represión en la planta. Contó que en  el marco de un operativo donde los militares que estaban asentados en la planta secuestraron a varios trabajadores, Martínez Riviere fue falsamente detenido para recabar información que luego sería usada contra los trabajadores. Verbitsky describió las actitudes de este personaje como irritantes, provocativas y despóticas: un buen ejemplo es el caso de despedir a un trabajador porque dijo que no quería cortarse la barba. Martinez Riviere, según pudo reconstruir el testigo, se enojó con Jaramillo porque este se quejaba del ritmo de producción e incluso demostró que las piezas estaban quedando mal ensambladas. El despido en estas circunstancias ya era una medida arbitraria, pero lo más grave es que se usaba para encubrir la desaparición. Peor aún, aprovechaban para deshacerse de un “empleado problemático” y “cobraban el botín”, porque los secuestraban luego de que cobraran la indemnización; en el caso de Jaramillo, por ejemplo, incluso lo siguieron hasta el banco. Por estas razones Verbitsky afirma que era un sistema que solo funcionaba con la complicidad expresa de la empresa.

Contó que varios de esos trabajadores estuvieron en la Brigada de Investigaciones de Lanús. Allí destacó  a Nilda Eloy -en su nota, relata que Nilda impidió que murieran de sed, al salir de su celda y darles agua con su zapato- su rol como impulsora de estos juicios y su testimonio. 

[BRUNO NAPOLI]

Luego de un cuarto intermedio, escuchamos el testimonio de Bruno Nápoli, ofrecido como testigo de contexto por sus investigaciones en Historia Reciente y delitos financieros durante la dictadura militar. Es co-autor de “La dictadura del capital financiero- El golpe militar corporativo y la trama bursátil”, donde se recoge el informe preliminar que realizó junto a Walter Bosisio y Celeste Perosino,  Informe Economía, Política y Sistema Financiero. La última dictadura cívico militar en la Comisión Nacional de Valores

 

En la Nómina de empresarios y financistas secuestrados y/o desapoderados durante la última dictadura que obra en el informe, aparecen mencionadas personas que son caso de este juicio: Martín Antonio Aberg Cobo, Martín Antonio; Ricardo Bertoldi; Gustavo Caraballo, Alberto Choren, Oscar Corradini, Ernesto De Estrada, Rodolfo Deza, Juan Elizondo, Silvia Fanjul, Lidia Gesualdi, Isidoro y Juan Graiver, Flora Gurebich de Taub, Alejandro y Carlos Iaccarino, Rafael Ianover, Magdalena Juan de Troncelliti, Eduardo e Israel Kimlat, Lidia Papaleo, Benjamín y Luis Taub, Valentín Surpin. 

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Desde la querella de la LADH se le realizaron preguntas  sobre los hallazgos documentales en la CNV  y en particular le solicitaron puntualizar sobre los elementos que permiten relacionar el accionar represivo con intereses de sectores económicos en particular, cómo se articularon esos intereses con el sistema represivo y qué efectos en el mediano y largo plazo pueden atribuirse a la colaboración entre capital financiero y dictadura en términos sociales, económicos y/o políticos. 

Nápoli  consideró que el Informe de la Comisión Nacional de Valores – un organismo del Estado de carácter nacional que regula la Bolsa de Comercio y los mercados de valores adheridos a la misma-  fue  el primero sobre sistema financiero -o capital especulativo- y dictadura en la Argentina.  El objetivo del Informe, en el marco de la Oficina de Derechos Humanos de la CNV, fue sistematizar un acervo documental muy poco conocido para contribuir en diversas investigaciones.

Durante su declaración, Nápoli hizo un recorrido sobre algunos archivos que caracterizó como hallazgos documentales, porque fueron claves para comprobar que un organismo estatal como la Comisión Nacional de Valores, aportaba información precisa a las fuerzas de seguridad como la Policía Bancaria o el Ejército Argentino, para secuestrar y desapoderar empresarios, banqueros y financistas. Para entender la dinámica del sistema financiero y entender la lógica de la acción de la CNV tuvieron que analizar la Ley de Actividades Subversivas, donde se establecía lo que se denominó subversión económica. Este fue el basamento jurídico de Juan Alfredo Etchebarne -presidente de la Comisión durante siete años- para establecer las causas penales.

Nápoli contó que los archivos que encontraron fueron múltiples, entre ellos numerosas actas de directorio, resoluciones y causas judiciales. Estos fueron cruzados además con notas periodísticas y entrevistas a empresarios secuestrados. A través de todo este material, se pudo ver la reestructuración de la CNV luego del Golpe de Estado del 76 y por lo tanto, la presencia de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones de esta institución. En palabras del investigador, la CNV “debía velar por la seguridad de los inversores, la transparencia de la oferta pública y controlar las bolsas y mercados pero, en cambio, se dedicó a la persecución de empresarios, banqueros y financistas”. 

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Según lo que explicó Nápoli, es importante ver quiénes son los personajes que ocupan puestos centrales en la estructura económica del sistema financiero a nivel nacional; desentrañar la dinámica de ocupación del Estado, para poner de manifiesto que son todos del mismo grupo económico e ideológico y entender cómo se formaron grupos de tareas que participaron de la represión. Por ejemplo, el caso Martinez de Hoz, amigo de Etchebarne, presidente del Consejo Empresario Argentino y de la empresa siderúrgica ACINDAR, que asumió como Ministro de Economía. A partir de designaciones como esta se estableció la estructura de lo que se llamó la “lucha contra la subversión económica”:

 

Con las FFAA en el centro; la CNV y el BCRA como los organismos financieros que aportan información; el Poder Judicial coordinando algunas causas cuando los detenidos eran declarados como tales; y la Policía Bancaria, con un rol que aún no se ha investigado por completo, pero como los responsables de las detenciones de quienes eran allanados por pedido de la CNV.

En este sentido, lo que le parece más grave a Nápoli no son los negocios financieros, sino la responsabilidad de los agentes de estas instituciones en la represión. Y es que la ocupación de los principales organismos financieros- Ministerio de economía, BCRA, BNA y CNV- es central para un plan sistemático de represión y de financiamiento de esa represión. Por esa razón, los funcionarios que dirigieron estas instituciones debían ser funcionales a esos objetivos.

El caso que Nápoli desarrolló para pensar la relación de la CNV con agentes represivos fue el de Industrias Siderúrgicas Grassi. La supuesta verificación contable de esta empresa, coincidió temporalmente con intercambios de información entre la Comisión y el Ejército, que posibilitaron el secuestro de casi treinta personas ligadas al grupo Grassi en septiembre de 1978. Esto lo relacionó con la intervención de la CNV en Campo de Mayo en noviembre del 78: se designaron peritos de la Comisión para trabajar asesorando a los interrogadores de esas personas secuestradas en septiembre. El trabajo fue tan preciso que se designó una Comisión Especial que trabajó alrededor del país en nombre de la CNV hasta 1983.

Este es el esquema que se pudo reconstruir con los funcionarios de la CNV en el centro, miembros del Primer cuerpo del Ejército en negro y los grupos económicos que aparecen en registros y actas de la CNV en colores. Estos grupos perseguidos e investigados por la Comisión en función de la Ley 20840, fueron posteriormente secuestrados e interrogados por las fuerzas armadas y de seguridad.

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Según explicó Nápoli, una de las consecuencias principales de que estos grupos económicos y las FFAA asalten el estado y trabajen conjuntamente para perseguir y destruir a otros sectores de la economía y enriquecerse, es el aumento exponencial de la deuda externa, que a finales del 83 rondaba los 45.000 millones de dólares. 

Destacó como otras de las consecuencias, el enriquecimiento y crecimiento exponencial de todos los grupos económicos que mencionó , “gracias a este trabajo sistemático que hicieron, el sistema financiero tomar deuda en dólares y luego no devolverla, benefician a estos grupos económicos con los seguros de cambio” 

Hay causas que no figuran en los registros de la CNV porque sus actividades no cotizaban en bolsa. Este es el caso de la familia Taub, sobre el cual ante preguntas de la querella, Nápoli se remitió al Informe y destacó que Celeste Perosino, una de las co autoras,  entrevistó a Luis Taub. En el Informe encontramos que “el 7 septiembre de 1977, Luis Guillermo Taub y su padre, Benjamín Froim Taub son secuestrados por personal de la policía de la provincia de Buenos Aires bajo la dirección operacional del Ejército, según consta en la Causa 13 (Camps). A la semana del secuestro de Luis y Benjamín Taub, el BCRA les cancela la licencia para actuar como Casa de Cambio. Fueron mantenidos en cautiverio en la Brigada de Investigaciones de Quilmes («Pozo de Quilmes»), la Brigada de Investigaciones de Banfield («Pozo de Banfield») y el Comando de Operaciones Tácticas 1 (COT I-Martínez). Benjamín estuvo detenido hasta el 23.09.1977 mientras que Luis Guillermo Taub pasó a disposición del PEN y fue trasladado a Devoto recuperando su libertad el día 14 de noviembre de 1983. Flora Gurevich de Taub es secuestrada el 16 de septiembre de 1977 y alojada en el CCD «Pozo de Banfield». Posteriormente es pasada a disposición del PEN y trasladada a la Cárcel de Devoto (U.2) desde el 14 de febrero de 1978. El motivo del secuestro es el supuesto manejo de dinero del movimiento uruguayo «Tupamaros», a raíz de que habían alojado en el hotel de su propiedad al senador exiliado Zelmar Michelini.  Junto a la familia Taub son secuestrados empleados o socios de la firma como Valentín Surpin, Israel Kimblac, Eduardo Saúl Kimblac, Rodolfo Antonio Dehesa, María Magdalena Juan da Troncheleti, Omar Eduardo Yiru, Alberto José Choren y parte de la seguridad de las financieras, Juan Ricardo Elizondo, Oscar Alberto Corradini y a Horacio Antonio Carquio (Fte. Entrevista a Luis Taub)”.

La abogada querellante Espinoza preguntó por el caso de la familia Iaccarino, que tampoco cotizaba en bolsa -porque sus empresas eran capital productivo y no financiero-  pero fueron entrevistados en múltiples oportunidades por los autores del informe para entender el contexto de la represión económica. Para más información, Nápoli se remitió nuevamente al Informe y al libro que puso a disposición. Lo que sí resaltó sobre este caso es que la intervención sobre los bienes de la familia fue posible gracias a su secuestro. 

Tal como señaló el juez Rodriguez Eggers hacia el final de la audiencia, el accionar de la CNV durante esa etapa impresiona por lo burdo y mafioso : recabó información, denunció  y luego los  acusados fueron  perseguidos y secuestrados por las Fuerzas Armadas.

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Los testimonios de Basualdo, Verbitsky y Nápoli permitieron introducir en el debate oral las causas económicas estructurales de la dictadura,  la represión centrada en las y los trabajadores y las consecuencias de las políticas económicas implementadas durante el período, habilitando también investigaciones pendientes en la justicia federal platense.

La audiencia continuará el martes 29 de diciembre a las 10:45 hs. [Fuente: https://juiciobanfieldquilmeslanus.wordpress.com/]

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