El próximo lunes 13 de agosto a las 10 de la mañana comenzará el Juicio Oral por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo durante la última dictadura militar, en el que se juzgarán a 20 imputados por el secuestro y torturas de 81 personas, de las cuales 28 permanecen desaparecidas. Luego las audiencias se desarrollarán todos los miércoles a partir de las 9hs.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por los jueces Nelson Jarazo, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales federales platenses en 8 y 50.

La acusación efectuada por los fiscales federales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira alcanza a jerarcas militares del Cuerpo I del Ejército; al entonces ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y, por primera vez, a su secretario de Gobierno, Juan María Torino; a seis militares del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército; a cuatro jefes y subjefes de la Brigada; a cuatro guardias de la dependencia, un médico de la policía y al ex director de Investigaciones policial, Miguel Etchecolatz.

Las querellas que acusan en representación de las víctimas son: el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh) a través de los abogados Alberto Palacio y Liliana Molinari; la La Liga por los Derechos Humanos y la Unión por los Derechos Humanos La Plata, representadas por la dra. Guadalupe Godoy; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en conjunto con CTA, la Universidad de La Plata y la familia Lavalle Lemos, con las abogadas Josefina Rodrigo, Marta Vedio y Marcelo Ponce Nuñez; por la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el dr. Emanuel Lovelli; el colectivo Justicia Ya!, con las abogadas Pía Garralda y Luz Santos Morón; la doctora Delfina Patiño, también miembro de HIJOS (M.V y J) La Matanza; y por último la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, con la representación de Pedro Griffo y Agostina Ferraro, respectivamente.
 

#PrisiónDomiciliaria #Etchecolatz l En medio de las protestas por la domiciliaria del genocida Etchecolatz, confirman el beneficio a Jaime Smart

LA NOTA: https://t.co/iST2rBzmMC pic.twitter.com/VrMG5RSMPB

— El Teclado (@ElTecladoOK) 27 de febrero de 2018

La Brigada de Investigaciones de San Justo estaba ubicada en la calle Salta N° 2450, de la misma localidad de la provincia de Buenos Aires, contigua a la Comisaría N° 1 de La Matanza (actualmente, se halla la Delegación Departamental de Investigaciones de ese distrito). El lugar fue utilizado como centro clandestino de detención y torturas para confinar a perseguidos políticos. Dentro del edificio se utilizaron los calabozos de la planta baja y tres habitaciones de la planta alta del edificio.

Era el primer lugar al que trasladaban a la mayoría de las víctimas que pasaron por ese sitio, que, por lo tanto, era el lugar en el que eran registradas. Pero además, en ese mismo sitio eran sometidas a torturas físicas y a interrogatorios. Finalmente, el destino de las víctimas que pasaron por allí no fue siempre el mismo. Algunos de los detenidos fueron liberados desde ese mismo lugar, otros fueron traslados a otros centros clandestinos de detención, algunos pasaron a disposición del PEN en Unidades Penitenciarias como Devoto, Unidad 9 de La Plata o Rawson y otros aún permanecen desaparecidos.

La Fiscalía reseñó en su requerimiento de juicio que una característica del CCD es que los guardias/torturadores tenían apodos, algunos de animales como Víbora, Tiburón, Araña, King Kong, Foca, Lagarto. "Víbora" y "Tiburón" fueron individualizados durante la investigación. El primero es Rubén Alfredo Boan, según la identificación de los sobrevivientes, y el segundo fue José Antonio Raffo, ex jefe de la Brigada, ya fallecido, quienes -de acuerdo a los testimonios- actuaban en conjunto en secuestros y torturas. También fue identificado por su apodo otro guardia que se hacía conocer como "Rubio" o "Buggy": se trata del acusado Ricardo Juan García.

Norberto Liwski, uno de los sobrevivientes de la Brigada, integrante del Codesedh y parte de los querellantes, contó en una entrevista a Página 12 del 3 abril 2012 detalles del CCD. “La causa por la Brigada de San Justo es importante porque encierra en un mismo expediente varios ejes de la represión. El primero es Mercedes Benz, porque los delegados secuestrados pasaron por San Justo y fueron torturados en ese lugar. Además, el 1º de julio de 1978, Rubén Lavallén, que era uno de los jefes de la Brigada, pasa a retiro y el 2 de julio es designado jefe de Seguridad de esa empresa”, dijo Liwski.

[María Amalia Marrón, ex detenida, durante la inspección ocular realizada en octubre de 2012 - Foto: Guillermo González]

Estuvieron detenidos allí obreros e integrantes de sindicatos de fábricas de la zona. Alejandro García era el tesorero del gremio SMATA. Estuvo detenido ilegalmente, con otro compañero del sindicato, entre el 23 de marzo de 1976 y el 13 de abril del mismo año. Juan José Martín fue secuestrado mientras se encontraba trabajando en la Empresa Mercedes Benz, donde era delegado gremial el día 29 de abril de 1976. José Reinaldo Rizzo trabajaba en la fábrica metalúrgica CEGELEC en la que era delegado sindical de la UOM. Lo secuestraron de su casa el 17 de noviembre de 1976 y pasó cerca de 45 días secuestrado entre la Brigada de San Justo y luego fue trasladado a la Brigada de Avellaneda.

Además, Liwski agregó que otra de las características del centro es que fue una de las bases de coordinación de la Operación Cóndor, el plan de coordinación de acciones entre las cúpulas de las dictaduras del Cono Sur, que consistió en el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como «subversivas del orden instaurado, o contrarias a su política o ideológía.

Mónica Sofía Grinspon (que estaba embarazada) y Claudio Ernesto Logares fueron secuestrados el 18 de mayo de 1978 junto a su hija Paula, que por entonces tenía veintitrés meses, en Montevideo. Fueron trasladados a la Brigada de San Justo y Paula fue apropiada por el Subcomisario Rubén Lavallén, con la colaboración del médico Jorge Vidal. Su abuela Elsa Pavón la ubicó en poder de los apropiadores en 1982, pero recién logró que Paula recuperara su identidad en 1987. Con ella se utilizaron por primera vez las pruebas de ADN que finalmente se convirtieron en una herramienta indiscutible.

Otro eje de la Brigada menos conocido, dice Liwski, es que fue el lugar que muestra el ataque a los movimientos populares y la organización comunitaria de salud: “La Matanza había adquirido desde 1973 una fuerza muy importante como sede de experiencias de organizaciones de mucho peso, y una de ellas era la que estábamos desarrollando en un centro de salud en el Complejo de Viviendas de Crovara y Camino de Cintura. Hubo una cosa muy clara del ataque represivo a las organizaciones que trabajábamos ahí y veníamos desarrollando programas de salud de atención primaria y con mujeres que desarrollaban un trabajo muy importante. La persecución se desató porque preocupaba qué generaban estos movimientos populares”. Entre fines de marzo y los primeros días de abril de 1978 secuestraron a 17 personas vinculadas a la Junta Vecinal del Complejo Habitacional n° 17, del barrio de La Tablada, la organización social a la que hacía referencia Liwski.

Además, durante el mes de septiembre de 1977 se producen los secuestros de una decena de estudiantes secundarios de Morón, Ituzaingó y Tres de Febrero que militaban en la UES de la zona Oeste. Todos continúan desaparecidos.

[LOS ACUSADOS]

Los jerarcas militares que van a juicio son el segundo comandante de la Brigada de Infantería Mecanizada X y subjefe de la subzona militar 11 Héctor Gamen; el segundo jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela y jefe del área 114 Rodolfo Enrique Godoy. Luego están los integrantes del Destacamento 101 de Inteligencia, son los entonces capitanes Emilio Alberto Herrero Anzorena, Miguel Ángel Amigo, Ricardo Armando Fernández y Jorge Héctor Di Pasquale; el ex teniente primero Roberto Balmaceda; y el ex jefe de la Sección Reunión Interior de esa dependencia de espionaje castrense, Carlos María Romero Pavón.

En cuanto a los funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires están Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director Gral de inteligencia de la Policía, el ex jefe de de la Brigada, Alejandro Alberto Menichini; los ex segundos jefes -en distintos períodos- Leopoldo Luis Baume, Juan Carlos Ojeda y Roberto Armando Félix, y a los guardias Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, Héctor Horacio Carrera y Ricardo Juan García, y el médico policial Jorge Héctor Vidal.

Por último, dos civiles integrantes del gobierno bonaerense de facto, Jaime Lamont Smart y Juan María Torino, que llegan a juicio considerados como partícipe primario y secundario, respectivamente.

[IMPUNIDAD BIOLÓGICA]

En la elevación a juicio efectuada en 2015, la acusación fiscal incluía al ex Jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela, Hugo Ildebrando Pascarelli, pero falleció esperando el juicio el 24de junio de 2017. Otro genocida que estaba incluido como acusado y que falleció el 30 de diciembre de 2016 es el militar Aníbal Campos, se desempeñó como Subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo mismo ocurrió con Anselmo Pedro Palavezzati, quien ocupó el cargo de Jefe de la Primera Sección Reunión Interior del Destacamento de Inteligencia 101. Falleció impune en esta causa el 14 de marzo de 2017.

Cabe aclarar que a algunos de los acusados se les dictaminó “incapacidad sobreviniente”, lo que implica que no están en condiciones de afrontar el proceso de juicio oral. Son los casos del represor Héctor Gamen, que fue apartado al encontrarse supuestamente senil. El otro caso es el del genocida Héctor Horacio Carrera, ya que es aparentemente un paciente psiquiátrico. Y por último, lo mismo se resolvió respecto de Miguel Ángel Amigo. De continuar esta situación, serán juzgados solo 17 de los represores procesados. [El Teclado]