En la continuidad de las audiencias del juicio por la triple fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci del penal N° 30 de General Alvear, ocurrido en la madrugada del 27 de diciembre de 2015, siguieron dando testimonio agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario que cumplían tareas en la cárcel.

A pesar de algunas contradicciones, queda claro en los dichos que la fuga no habría sido posible si no hubo ayuda o connivencia desde adentro de la Institución y detallaron una serie de irregularidades que ya habían sido descriptas por otros testigos.

Fue muy contundente el testimonio de Juan Pablo Beolchi, quien en algunos tramos de su declaración lloró de impotencia al haber sido exonerado del Servicio Penitenciario por haber sido sindicado por sus superiores como el responsable de la fuga. Sin embargo, se explayó en más de una situación extraña a partir de la entrevista televisiva que Martín Lanatta dio para el programa Periodismo para Todos. Incluso algo que lo afectó personalmente en sus propias funciones.

Beolchi era el Subdirector de Asistencia y Tratamiento del penal. En octubre, cuando se reincorpora de una licencia, lo anotician que había pasado a ser Subdirector de Guardia de Seguridad Exterior, función para la que no estaba preparado, en la que no tenía experiencia y que no le expresaron motivos ni una resolución escrita. El enroque se hizo con el prefecto Ariel Elicheheribetti, que estaba en seguridad exterior y quedó a cargo de la seguridad interna.

A pesar de su inexperiencia, contó que inmediatamente tomo una serie de medias de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que en la sección de Sanidad se encontraban los tres presos que a la postre se fugaron. Dijo que la puerta de entrada principal al túnel del sector de vigilancia y tratamiento era una puerta insegura, se abría con una llave T que cualquiera podía tener acceso. (Es la reja que abrió el adjutor Toleres). “Yo tomé el recaudo de dar la orden de colocar allí un candado en esa puerta en particular, a partir de las 20.30 horas. Y ordené otra recorrida nocturna de un grupo especial, entre la 1 y las 5 am ya que estamos en una cárcel de máxima seguridad”, dijo Beolchi.

En línea con lo declarado por otros testigos, volvió a ratificar que el lugar elegido para ubicar a los reos no era el mejor. “El área de sanidad era un pésimo lugar, el peor de los lugares. Era el más inseguro por la distancia que tenía de la salida. Las medidas cautelares ordenadas por los jueces siempre se cumplían en el sector de separación del área de convivencia”, describió, y agregó que la decisión de alojarlos allí se hizo incumpliendo las directivas de la Jueza de ejecución de Mercedes, Marcela Otermín.

[Victor Schillaci, Cristian y Martín Lanatta junto a su abogado Pedro Martino Foto: El Teclado]

Según la resolución de la magistrada dictada el 5 de agosto de 2015 y que fue dirigida a la jefa del SPB Florencia Piermarini, se dispuso que "deberá alojar tanto al penado Lanatta Martín y a su hermano Cristian en el pabellón 10 del sector 1 de la unidad carcelaria N° 30 de General Alvear extremando las medidas de seguridad del caso, con guardia armada permanente las 24 horas del día y monitoreo continúo con cámara de seguridad a la par de asegurarle al detenido los derechos que consagra la ley 12.256".

Además Beolchi agregó que “Ellos, (Marcelo) Rotger, director General de Seguridad del SPB y (Mario) Bolo, Jefe de zona de penales, hablaban en forma directa con dra Piermarini. La orden para que pasen a sanidad provino de la Jefa del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini” y agregó que su colega Elicheheribetti le contó sobre una comunicación telefónica “que estaba en altavoz el teléfono y que escuchó que la Jefa del Servicio le dijo a Rotger “chamuyate a estos presos como te chamuyás a las chicas”, para que los ubicaran en el sector sanidad.

“Rotger y Bolo definen el lugar de alojamiento en sanidad. Incluso había cuatro internos con tuberculosis. Los trasladaron a la Unidad N° 2 de Sierra Chica para ubicar allí transitoriamente a los Lanatta y Schillaci. Se suponía que era por 4 o 5 días y se quedaron un período muy prolongado”, abundó Beolchi y agregó que “la contestación que se le dio a la jueza fue que no había lugar (en el sector 1-10) porque tenia la capacidad completa. Lo mas lógico era ubicarlos en sector de separación del área de convivencia, ahí si había lugar”.

El testigo describió que por orden de la jueza se colocó una cámara que filmaba en forma constante el pasillo central de sanidad, además un monitor en la oficina del Alcaide mayor y el adjutor a cargo de la custodia. Esa cámara grabó hasta el 15 de octubre, momento en que “se hizo presente el dr. César Albarracín en un horario atípico. Llegó a la noche, cenaron con el director y después ordenó el retiro del DVR (sistema de grabación)”. Asimismo, contó que fue el director Manuel Guevara quien retiró los Alcaides de la custodia de los internos de sanidad y que ésto no lo dejó por escrito. “La unidad estaba desprovista de personal de jerarquía con antigüedad, es decir que quedaron oficiales sin experiencia, con adjutores”.

En línea con lo testimonios en audiencias anteriores, Beolchi también referenció sobre las visitas de jerárquicos del SPB a los tres imputados. “Rotger, (Claudio) Cardo -director general de Coordinación del SPB-, iban día por medio a ver a los presos, bajaba toda la jefatura, Albarracín, a ver a los presos, nunca había pasado algo así. Iban a verlos, hablaban, pasaban el rato con ellos. Esto no pasaba con ningún otro interno. Era una cárcel de máxima seguridad, había 1600 detenidos, nunca vi que fueran a ver a ningún preso. Pero con ellos tenían un trato preferencial, les dieron ese alojamiento especial durante más de 5 meses”, y describió que las visitas que recibían estaban personalmente autorizadas o denegadas por la Jefa del Servicio. “Ante una solicitud, debíamos informarle al director. Eso se informaba a la privada de la Jefa del Servicio, y ella autorizaba o no, lo mandaba por fax”.

Ante la pregunta del juez Juan José Ruiz de si creía posible que los internos se fugaran del penal, Beolchi sentenció: “Como mínimo hubo negligencia total. De alguna manera alguien los ayudó, con la ropa, los precintos, esas eran cosas que no había en la unidad”.

Otro de los testigos fue Juan Patricio Echeverría, que se desempeñaba como Jefe de vigilancia y tratamiento, con 17 años de antigüedad. Declaró que en agosto de 2015 cambió todo después de la nota para la televisión. “Las medidas de seguridad respecto de ellos tenían que cambiar. Se consultaba absolutamente todo, ya no pasaba por una decisión nuestra”, refirió.

El testigo ratificó que la cámara con disco de grabación que se instaló cuando llegaron los internos en agosto y que luego fue personal del ministerio a retirarla en octubre. En relación a los medios tecnológicos de seguridad del penal dijo que era prácticamente nulo. “Había solo 2 o 3 cámaras cuando yo llegué. Una vez fue un interno quien reparó unas que se habían roto. A veces no había comida para los internos, menos iba a haber cámaras.

Respecto al lugar que se eligió para alojar a los detenidos, Echeverría dijo que “Sanidad era un lugar que, si no se no lo permite el personal, era inaccesible. Si se volvió inseguro fue por malas decisiones que tomaron quienes estaban a cargo”, en referencia a los adjutores Labat y Tóleres, que no tenían ni un año de experiencia en el SPB. “Sin la mala decisión del oficial del penal y del oficial de guardia de seguridad interior la fuga no hubiese sucedido. Hay dos agentes que fallan en algo primordial: uno desde la asistencia y otro desde la seguridad y en eso fallaron. El oficial a cargo de la custodia, el adjutor Labat, al ingresar solo a hacer el recuento, y el oficial a cargo de la guardia de seguridad exterior, el comandante adjutor Toleres, abrirles desde afuera la reja del túnel. Sin el yerro de esos dos agentes la fuga no se podía concretar”.

En las preguntas del abogado defensor de los imputados, Pedro Martino, se puede advertir un claro intento de deslindar la responsabilidad de los adjutores que supuestamente fueron víctimas en el escape y apuntar a que la responsabilidad en la facilitación de la fuga vino de la superioridad.

Sin embargo el testigo trató de exculpar a todo el SPB de lo sucedido. “La unidad sanitaria 30 depende de la dirección general de salud penitenciaria que depende directamente del Ministerio de Justicia y no del Servicio Penitenciario. Si hay un agente que ingresa elementos (como uniformes o precintos) no es responsabilidad mía. A requerimiento del personal se puede ir a hacer tareas de seguridad. Yo no creo que haya  habido alguien del servicio penitenciario capaz de facilitar la fuga”

[ Testimonio de Jorge Ariel Elicheheribetti en el juicio. Foto: El Teclado]

Con un discurso similar, testimonió el prefecto Jorge Ariel Elicheheribetti, quien era Sub director de asistencia y tratamiento (a quien cambiaron los roles con Beolchi en octubre de 2015). Ratificó que todos los cambios comenzaron en agosto luego de la entrevista televisiva y que la decisión de ubicarlos en sanidad fue de Piermarini. También, que fue Albarracín quien retiró el sistema de grabación de la cámara y terminó asegurando que “Siempre se pueden escapar. Pero hubiera esperado que se escapen por el muro (como ocurrió en 2011) pero no por la puerta. Se fueron por la puerta. Es una situación difícil de asimilar. Los errores fueron fallas humanas”, en clara alusión a los agentes que estaban de guardia esa noche en los distintos lugares por donde se fugaron los reos.

A todos los testigos la fiscal Silvina Langone les repitió las mismas preguntas sobre si sabían que los imputados corrieran riesgo de vida o si habían advertido la intención de fugarse, a los que todos respondieron negativamente.

Las audiencias se retoman mañana a las 10 hs en la sala A de la planta baja del Palacio de Tribunales de 8 entre 56 y 57. [El Teclado]