27 Abr 2024 - Edición Nº2559
La Plata, Bs As
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El escándalo por los abusos y torturas en el Instituto Antonio Próvolo de La Plata cobra nuevo impulso tras un allanamiento efectuado en el edificio ubicado en 25 y 47 a solicitud de la fiscal Cecilia Corfield y con la aprobación del Juez de Garantías Jorge Moya Panisello.
El fundamento para el procedimiento fue que entre los años 1982 y cuanto menos hasta el 2002, en el interior del Instituto Próvolo de La Plata, niños con diversas discapacidades auditivas de entre 3 y 17 años que se alojaban en forma permanente o temporaria sufrieron distintos vejámenes, torturas y abusos sexuales gravemente ultrajantes de parte de los sacerdotes y demás adultos encargados de su cuidado y educación.
Según los testimonios de las víctimas, “el sacerdote Nicola Bruno Corradi Soliman junto con otros integrantes de la Institución, en innumerables ocasiones golpeaban brutalmente a los niños, les inflingían castigos inhumanos y degradantes, tales como colocarse de rodillas sobre maíz o sal durante tres o cuatro horas, bañarse con agua fría y con la puerta abierta mientras los encargados de la guarda los observaban y “seleccionaban” para luego llevarlos a una de las habitaciones u oficinas y abusarlos sexualmente, aprovechando para ello no solo su condición de niño, sino además la circunstancia de no poder comunicarse libremente con su familia o terceros de confianza”.
El procedimiento que se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre estuvo a cargo de Policía Científica, personal de la DDI local y peritos especializados, entre ellos, un arquitecto. Todo estuvo supervisado personalmente por la fiscal Corfield. Además se hicieron presentes representantes de la Curia de La Plata. Se incautó gran cantidad de documentación, entre legajos de los alumnos de la época investigada, fotos, material audiovisual, fichas médicas y elementos que presumiblemente podrían haber sido utilizados en prácticas de tortura. La presencia del perito arquitecto fue para corroborar un plano que una de las víctimas confeccionó a mano alzada de sus épocas como alumno y, a pesar de las reformas edilicias efectuadas con el paso de los años, se pudo ubicar los espacios detallados allí.
Si bien aún no hay procesamientos ni pedidos de indagatoria, están sindicados como responsables y sujetos a investigación no sólo Nicola Corradi, quien estaba a cargo de la institución, sino también otras personas “que cumplían funciones tanto educativas como de autoridad, entre ellos Eliseo José Pirmati, José Britez y Juan Carlos Britez, la directora Susana, la maestra Zampoli, Alicia Gatu o Gaura, las monjas Mónica y Leticia”.
El tramo platense de la investigación comenzó en 2016, luego de que se conocieran las denuncias judiciales que radicaron las víctimas sobre los abusos cometidos en la sede del Instituto dedicado a la educación de niños sordos e hipoacúsicos de Lujan de Cuyo, en Mendoza. El entonces fiscal Fernando Cartasegna, quien estaba a cargo de la fiscalía especializada en pedofilia y trata de personas, inició una investigación de oficio en La Plata por la posible comisión de delitos en la filial local de la Institución que forma parte de la Compañía de María para la educación de sordomudos. Mientras estuvo a cargo de la investigación, el ex fiscal le tomó testimonio a siete víctimas y estableció contacto con Mendoza para trabajar en conjunto.
Tras la renuncia de Cartasegna, luego de quedar envuelto en un escándalo de falsas denuncias por ataques contra su persona y el descontrol encontrado en su fiscalía, las causas que tramitaban en la UFI 4 de La Plata fueron distribuidas entre las demás unidades. La del Próvolo recayó hace solo un mes en la UFI 15 y Corfield reflotó la investigación.
El Papa Francisco nombró al obispo auxiliar de La Plata, monseñor Alberto Bochatey, “comisario apostólico” para todas las comunidades de la congregación religiosa que regentea los Institutos Próvolo, donde se investigan casos de abusos sexuales contra niños hipoacúsicos. Hasta ahora, la intervención de Bochatey se ha limitado a relativizar los hechos, cuestionar algunos procedimientos como los allanamientos en la sede de Mendoza y pedir que se reabra la institución cuyana.
En una entrevista que el arzobispo Bochatey dio al Canal 7 de Mendoza, expresó que las denuncias que el cura Nicola Corradi tenía en Italia “no existieron, nunca las tuvo, hemos presentado los expedientes, los antecedentes penales italianos y de la provincia de Verona, donde se acredita que nunca tuvo ninguna causa penal ni acusaciones ni nada de eso, es un poco un mito urbano que tenía antecedentes en Italia".
El abogado y asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, Carlos Lombardi, ha expresado que hay información documentada que lo desmiente.
En relación a los hechos de La Plata, fuentes judiciales revelaron que “existen comunicaciones vía fax en las cuáles se le notificaba a la Santa Sede sobre los hechos ocurridos en el Próvolo de La Plata”. El Vaticano lo supo siempre.
El primer denunciante es Daniel Sgardelis que hoy tiene 43 años. Nació y vive en Tartagal, Salta, pero su infancia y adolescencia las pasó estudiando y viviendo en la sede que el Instituto Próvolo tiene en La Plata, entre 1981 y 1995. Daniel primero realizó un video que publicó en su canal de YouTube en el que denunciaba los hechos e instaba a otros ex alumnos de la Institución a unirse y llevar adelante la denuncia. Luego la misma se formalizó en sede judicial y ya brindo testimonio en la causa por videoconferencia.
[EL PRÓVOLO]
La Compañía de María para la Educación de Sordomudos fue fundada el 23 de septiembre de 1839 en Verona, Italia, por el cura Antonio Próvolo, para la educación de la juventud necesitada y más específicamente de los chicos sordos. En el año 1924 un grupo de hermanas y sacerdotes de la Compañía de María llegan de la Casa Madre de Italia a la Argentina y se instalan en un local en La Plata. A partir del 31 de enero de 2005, el instituto tenía 3 casas y 27 miembros, 13 de los cuales eran sacerdotes.
En 2008 quince personas sordas declararon haber sufrido acoso y abuso severo en el período comprendido entre los años cincuenta y ochenta en el instituto Próvolo de Verona. El semanario L'Espresso de Italia llevó a cabo una investigación periodística que muestra que más de 60 sordos habrían sufrido abuso de todo tipo y gravedad considerable, que se habría producido no sólo en la institución, sino también en lugares sagrados y de culto. Las víctimas recurrieron al instituto y a la Curia para solicitar que se retiren de las oficinas de algunos sacerdotes y laicos, a quienes consideran culpables y que todavía están en actividad. Los casos podrían ascender en Italia a 235 desde los años 60.
En 2009 el Vaticano creó una comisión investigadora que ha multado a cuatro sacerdotes con la pena más leve, la rectoría dell'ammonizione. Según denuncian los abogados de las víctimas italianas solo se “protegió a los sacerdotes y no se los investigó”. Además, solicitan que el Vaticano entregue los nombres de las víctimas volcados en sus archivos. Si bien muchos de los ataques sexuales denunciados en la justicia han prescrito, los letrados piden que sean imprescriptibles y que se los considere delitos de lesa humanidad.
La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Italia entregó en 2017 en la justicia de Verona tres denuncias y decenas de documentos que dejan en claro que la jerarquía católica conocía de los curas abusadores del Próvolo de esa ciudad, entre los que se encuentra el sacerdote Nicola Corradi. Francesco Zanardi, presidente de la Red explicó que piden que se investigue “la responsabilidad por omisión de las jerarquías eclesiásticas que, sin dudas, conocían desde el 2009 la peligrosidad de Corradi”.
Por su parte, la Justicia mendocina investiga al menos 27 denuncias contra los sacerdotes Nicolás Corradi, de 82 años y Horacio Corbacho, de 55, además de la monja japonesa Kumiko Kosaka y tres empleados del instituto José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez. En la causa se siguieron sumando denuncias de víctimas. Por orden judicial, el predio de Mendoza permanece cerrado con custodia policial.
Desde la fiscalía 15 solicitan que quienes puedan resultar víctimas de los delitos denunciados en el Instituto Próvolo o tengan información que puedan aportar a la investigación se acerquen a la sede de la dependencia ubicada en 54 entre 6 y 7 de lunes a viernes 8 a 14 horas. [El Teclado]
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