25 Abr 2024 - Edición Nº2557
La Plata, Bs As
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Este viernes tuvieron lugar los alegatos en el juicio que se les sigue a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, por la fuga del penal de máxima seguridad de General Alvear el 27 de diciembre de 2015. Ante el juez Juan José Ruiz, del TOC 1 de La Plata, la fiscal Silvina Langone pidió la pena de 14 años de prisión por encontrarlos coautores de los delitos de robo, robo agravado por el uso de armas, privación ilegal de la libertad agravada reiterada y evasión, todos concursando realmente entre si.
La representante del ministerio público dio por probados los hechos y explicitó que no quedó acreditado por ningún elemento objetivo de cargo el estado de necesidad de escapar para preservar sus vidas. Sostuvo que es hipótesis no tiene sustento y que solo fue introducida en el debate para buscar una posición más ventajosa de los reos. Además, porque los mismos imputados reconocieron en el debate haber planificado la fuga, haber confeccionado un arma de juguete, vestirse como agentes del SPB, reducir a los agentes en su salida y llevarse a un rehén y evadirse del penal.
También se refirió a la cámara oculta que los detenidos le hicieron al abogado Antonio Solivaret y que introdujeron como prueba de la supuesta propuesta de Aníbal Fernández de ofrecerles una mejora en su causa del Triple homicidio de Gral Rodíguez a cambio de una retractación pública de los dichos vertidos por Martín Lanatta en la entrevista dada al programa Periodismo para Todos. Langone la definió como inverosímil y sostuvo que carece de fecha cierta de realización y que no queda claro que fuera en representación de alguien ni que ofreciera tal o cual cosa si se daban determinadas condiciones.
Finalmente resaltó que no encontró eximentes ni atenuantes. Pero si agravantes: la pluralidad de víctimas en el escape y de intervinientes, la nocturnidad, la extensión del daño causado – en relación a los funcionarios que fueron despedidos de sus cargos-, que se trató de un plan organizado, la fecha elegida y los antecedentes condenatorios a prisión perpetua por homicidio que tienen los tres imputados. En función de todo ello solicitó veredicto condenatorio con una sentencia a la pena de 14 años de prisión.
En relación a Elvira Susana Martínez, ex suegra de Cristian Lanatta, que llegó acusada de encubrimiento agravado y facilitación de la fuga, la fiscal no encontró elementos suficientes para sostener la acusación y desistió de los cargos. La mujer fue absuelta en ese mismo acto por el juez Ruiz.
Sin embargo, solicitó la extracción de testimonios y grabaciones para que se realice una investigación por la posible comisión de delitos de acción pública en relación a los funcionarios del Servicio Penitenciario Rodolfo Cardozo, Claudio Cardo, Marcelo Rotcher y también respecto del defensor general de Casación, Mario Coriolano.
En tanto el defensor de los imputados, Pedro Martino, solicitó la absolución de sus asistidos, basándose justamente en el estado de necesidad justificado en el que según él se encontraban los reos. “Estaban en peligro de vida”, dijo el letrado.
Encuadró su alegato en el contexto político de la época. Reconoció que sus defendidos provocaron una fuga que mantuvo en vilo al país durante 15 días pero que no se trata de cualquier detenido sino de quien denunció a Aníbal Fernández. “¿Cuantas veces una persona privada de su libertad acusó directamente a un jefe de gabinete y que esas acusaciones fueron expuestas en un medio nacional?”, preguntó Martino y situó los hechos en el proceso electoral del 2015 y la denuncia contra un funcionario que según él, tenía (y tiene) un poder ilimitado.
En este contexto es que sostuvo que sus defendidos se encontraban en la necesidad de evadirse porque su vida corría peligro, que fueron coaccionados institucionalmente para hacerlo y refirió que “vemos el paladar del servicio de inteligencia en la planificación de la fuga. Mis asistidos no podrían haberla realizado. Prepararon el escenario para una masacre”. Justificó sus dichos en que los alojaron en un lugar distinto del ordenado por la jueza de ejecución Marcela Otermín y que era el más inseguro del penal, sacaron el DVR que podía registrar si sufrían una agresión, y que no permitieron a los abogados entrar a verlos. “Es lógico que ellos pensaran que se venía una masacre. La violencia institucional que ejercieron sobre ellos no tiene parangón en Latinoamérica”, sentenció el letrado.
Y se atrevió a más. Aseguró que todo lo que sucedió “nos da la idea que la vida de una persona que tiene que tener la guarda nada más y nada menos que del Estado, está teniendo un Estado corrupto, violento…. Me animaría a decir que cuando el Estado mata de esa forma es de Lesa Humanidad. ¿Que pasaría si los hubiesen matado? ¿Sería de Lesa Humanidad?. Mis clientes no están muertos porque agarraron la primera oferta que se les hizo que era fugarse”, expresó Martino.
“Acá no se evaluó la posibilidad de connivencia del Estado con determinados personajes político para provocar equis resultado”, dijo el defensor y por todo ello es que sostuvo que los tres imputados no provocaron la fuga y no deben responder por ello, reafirmó que deben ser beneficiados por la duda y por el estado de necesidad justificante es que solicitó la absolución.
Por último, los imputados hicieron uso de la posibilidad de dirigirse al juez en sus últimas palabras. Todos hicieron mención a que ellos contaron las cosas como fueron y que reafirmaron que nunca tuvieron la intención de evadirse y que lo terminaron haciendo porque se estaban amenazados. “Fue fugarse o no contar más el cuento”, dijo Cristian. Luego Martín cerró diciendo: “No se ha valorado que el Estado nos puso en riesgo. Queremos que la cadena de mando sea investigada porque nosotros fuimos víctimas”.
El juez Ruiz fijo la audiencia para la lectura del veredicto y posible dictado de sentencia para el lunes 1 de octubre de 2018 a las 10 horas. [El Teclado]
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